Las mujeres valencianas cobran un 20% menos que los hombres, pero faltan datos para revertirlo

Las mujeres valencianas cobran de media un 20,1% menos que los hombres, unos 5.000 euros de diferencia en el salario anual. Esto supone que las cerca de 700.000 asalariadas registradas en 2020, último año del que hay datos disponibles, ingresaron en su conjunto casi cuatro millones de euros menos que los hombres. O que cada mujer trabaja cada día una hora y media gratis, sin contar el trabajo en el hogar ni el de cuidados.

Son las conclusiones de dos informes presentados por las secciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT del País Valenciano sobre la brecha salarial autonómica, que sigue siendo un 1,4% superior a la estatal, igual que la ganancia media anual de las mujeres es más baja en la autonomía que en el Estado. Esto se explica, en parte, por el peso del sector servicios en la economía valenciana, de carácter más precario, parcial y temporal, muy dependiente de campañas estacionales, como la agricultura, apuntan.

La brecha salarial, un concepto que hace referencia a la diferencia estadística entre los ingresos del trabajo entre hombres y mujeres, se explica desde diversos aspectos. La temporalidad, la parcialidad o la precariedad son determinantes para que crezca o se reduzca: hay más brecha dónde menos se cobra y esta va creciendo a medida que lo hace la vida laboral. Los puntos de partida son similares -igualmente precarios, subrayan los sindicatos- en la población joven, y es a medida que se avanza en el trabajo cuando se acentúan las diferencias.

Las mujeres valencianas se concentran mayoritariamente en los tramos de retribución más bajos, es decir, son mayoritarias en los empleos en los que menos se cobra. En concreto, el 70% de las personas que cobran al menos el salario mínimo interprofesional en la Comunitat Valenciana son mujeres. Por ello la subida del salario mínimo reduce la brecha, apuntan Cloti Iborra y Pilar Mora, responsables de las secciones sindicales, que lamentan la falta de información actualizada para poder analizar el impacto de las políticas públicas.

Por tipo de contrato, los informes de los sindicatos apuntan que la diferencia estadística es mayor en la contratación indefinida, aunque apenas varía un 2% -del 20,7 al 18,9-. Sin embargo, en la contratación temporal, la brecha autonómica triplica la estatal, donde es del 6%.

Las sindicalistas recuerdan que no significa que haya una discriminación directa en el mismo puesto de trabajo, una retribución diferente para un hombre que para una mujer, que puede comprobarse con las tablas salariales, sino que es la suma de una serie de condicionantes y tiene una base estructural: es la suma de la división sexual del trabajo, los roles y estereotipos de género y la estructura del mercado laboral.

Además de copar los trabajos peor remunerados, las mujeres tienen más trabajos temporales y jornadas más reducidas, gran parte de ellas de forma indeseada, suscriben. El 85% de todo el empleo parcial es desempeñado por mujeres. Sucede bien por no encontrar un trabajo a tiempo completo, bien por tener que recurrir a excedencias, jornadas partidas u otras medidas de conciliación para dedicarse a los cuidados, apuntan las representantes, que inciden en esta doble ocupación femenina no reconocida. Durante la vida laboral, esta situación se incrementa y deriva en una menor disponibilidad para el trabajo, que a su vez reduce los complementos salariales o la posibilidad de hacer horas extra y su retribución.

Los sindicatos insisten en la corresponsabilidad entre familias, empresas y Estado para revertir la situación, que los cuidados, basados en la división sexual del trabajo, no sean “una condena” para las mujeres. Así, reclaman la universalización de las escuelas infantiles, centros de día para personas dependientes y reforzar el sistema público de cuidados.

Las representantes sindicales insisten en la falta de datos desagregados por comunidades autónomas y por sectores, que impiden hacer una radiografía más detallada del problema y el seguimiento de las políticas públicas. La información estadística parte del INE, que actualizó los datos relativos a 2020 el pasado junio, y a nivel autonómico apenas dibuja cuatro sectores: construcción, industria, servicios y agricultura. Estas cifras, situadas en plena pandemia, no permiten analizar el impacto de la reforma laboral y apenas atisban las primeras subidas del salario mínimo, como tampoco las medidas de conciliación aprobadas en los dos últimos años, ni el efecto de la obligatoriedad de los planes de igualdad, en vigor desde 2021 para las empresas con más de 50 trabajadores.

También abogan por incrementar el cuerpo de inspectores, implementar políticas activas de empleo con perspectiva de género, seguir incrementando el SMI, dignificar la situación de las trabajadoras del hogar, incluir cláusulas de discriminación positiva en los convenios colectivos, establecer sanciones en empresas que abusen de la contratación parcial de mujeres o promover la igualdad en las aulas, las carreras y las salidas profesionales.