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La empresa de residencias de un financiador del PP pelea para evitar una reserva del 5% de habitaciones Covid

El constructor Enrique Ortiz en la Audiencia Nacional.

La empresa Centros Residenciales Savia SLU, participada mayoritariamente por el constructor Enrique Ortiz, ha iniciado una batalla en los tribunales contra la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra de obligar a las residencias de mayores a guardar una reserva del 5% de habitaciones individuales con baño para personas en aislamiento.

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La firma de Ortiz, el financiador confeso del PP que gestiona 22 centros en el territorio valenciano, ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la desestimación por parte del departamento de Mónica Oltra del recurso de reposición que interpuso la mercantil contra la resolución que establece el plan de actuación en las residencias de mayores y que obliga a los centros a reservar un 5% de habitaciones individuales, con baño propio, para los ancianos en cuarentena por Covid (y de un 10% en los centros con baja cobertura de vacunación).

Así, la empresa participada mayoritariamente por el constructor Enrique Ortiz considera que la dramática situación que se vivió en las residencias al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus, a partir de marzo del 2020, "no tiene parangón con la que se vive en estos momentos", según la resolución de Oltra, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que desestima el recurso de reposición.

La empresa pretende usar para los residentes en aislamiento los espacios comunes sin necesidad de reservar habitaciones con baño individual al estimar que, según datos del pasado 14 de septiembre, se ha producido una "importante caída de la incidencia acumulada", además del efecto del avance de la vacunación y del alivio de la presión hospitalaria. Centros Residenciales Savia SLU alega que, con la inoculación de la tercera dosis de la vacuna, "previsiblemente descenderá el número de contagios por la enfermedad".

En definitiva, la empresa de residencias de Enrique Ortiz pretende evitar la obligación de destinar un espacio adaptado a los usuarios asilados (habitaciones individuales que se quedan pues fuera de la oferta privada para nuevos residentes). "En la actualidad no existe ninguna necesidad que justifique el establecimiento de dicha resolución", argumenta.

La firma sostiene en su recurso que la situación actual de la pandemia "no exige la modificación de los criterios aprobados" y considera que se trata de una infracción del ordenamiento jurídico al entender que deja sin efecto las resoluciones de valoración de los planes de contingencia.

Sin embargo, la conselleria de Oltra recuerda que el documento de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre las actuaciones para la prevención y control frente a la Covid-19 en centros de servicio sociales de carácter residencial, del pasado 7 de septiembre, establece que se "sectorizará por cohortes unidades de convivencia estables que faciliten las prestaciones residenciales y la trazabilidad de posibles casos". Así, los residentes que no estén en aislamiento preventivo "podrán utilizar los espacios comunes", como los gimnasios en los que se practica rehabilitación para los ancianos.

Los residentes en un centro, con o sin vacunación completa y que presenten síntomas, deben permanecer en aislamiento "siempre en habitación individual" hasta el resultado de la prueba. "Los centros deberán articular la forma en que tienen capacidad de asegurar el aislamiento individual en un mínimo porcentaje de las plazas autorizadas", reza la resolución firmada por Mónica Oltra.

Savia alude a un documento que ya no está en vigor

La consellera argumenta que los documentos en los que se basa para tomar la decisión "son de carácter técnico", por lo que su incumplimiento por parte de la Administración sería una arbitrariedad; con lo cual no se puede tener en cuenta el argumento de la empresa de Enrique Ortiz sobre el actual contexto epidemiológico favorable. 

La firma sostiene que la medida "no aparece respaldada por la opinión mayoritaria de los especialistas que han estudiado la cuestión" y alude a un documento del departamento de Sanidad actualizado por última vez el pasado 1 de abril. Sin embargo, Oltra recuerda que el documento "no se encuentra ya en vigor". La última actualización, del pasado 9 de septiembre, impone que los residentes en aislamiento con síntomas, vacunados o no, deben permanecer en aislamiento, siempre en habitación individual, hasta el resultado de la prueba.

Centros Residenciales Savia SLU cifra en 1.400 las plazas que se detraerían del sistema. Oltra, por el contrario, asegura que la resolución "no invade la capacidad organizativa ni operativa de los centros", sino que asegura que en caso de contagio, esté prevista la posibilidad de aislar hasta un 5% de personas residentes en habitaciones libres individuales con baño propio, en el caso de los centros residenciales con alta cobertura de vacunación, y de un 10% en las residencias con baja cobertura. "De forma que se desconoce el origen de la cifra de 1.400 plazas que la recurrente estima que se detraen del sistema", agrega. 

Hoy en día, argumenta, ha dejado de tener sentido el aislamiento adaptando espacios comunes (como gimnasios), una "medida que se adoptó cuando el riesgo de contagio era muy alto". Con un riesgo bajo, "las autoridades sanitarias recomiendan el aislamiento preventivo en habitación individual".

"Sería injusto y arbitrario", dice Oltra

La empresa también alegaba que la resolución dejaba sin efecto los planes de contingencia ya validados. Mónica Oltra, por el contrario, asegura que lo que establece es el deber de actualizarlos y estar disponibles para la inspección de la conselleria. "No tiene sentido", agrega, que un plan validado "en el contexto de una norma aprobada en el mes de enero, cuando la incidencia superaba los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, se mantuviera inmodificable con independencia de la situación epidemiológica del territorio, por el hecho de ajustarse a la situación epidemiológica existente en el momento de su aprobación".

La resolución que pretende tumbar la empresa de Enrique Ortiz se aprobó con una incidencia acumulada en el territorio valenciano de menos de 100 casos por 100.000 habitantes. "Es lógico que lo que era válido en enero (centros cerrados, restricciones en visitas, salidas, habilitación de espacios comunes para aislamiento), con una incidencia superior a 1.400 casos por 100.000 habitantes, no lo sea en abril o septiembre, con una incidencia cercana a tener controlada la pandemia", apostilla. "Sería injusto y arbitrario", concluye Oltra, "mantener en vigor una norma restrictiva de derechos sin justificación alguna".

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV será la encargada de resolver el recurso. Mientras, en caso de contagio o de brote, los residentes tendrán el derecho de aislarse en una habitación individual y no en espacios comunes como al inicio de la crisis sanitaria.

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