La Fiscalía valenciana reclama un plan nacional de formación afectivo-sexual en colegios y para los progenitores

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha reclamado este lunes un plan nacional de formación afectivo-sexual en los colegios adecuada a la edad de los escolares para tratar de prevenir “el preocupante claro incremento” de las agresiones sexuales, sobre todo entre menores, así como “una escuela de padres” para que les enseñen a trasmitir a sus hijos “educación en valores de igualdad, solidaridad y empatía” y herramientas para controlar el acceso a la pornografía en las nuevas tecnologías.

Gisbert, en la presentación en las Corts de la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana con los datos de 2022, ha expuesto que los fiscales especialistas apuntan a la confluencia de diversos factores para el “preocupantísimo” aumento de las agresiones sexuales de menores, pero sobre todo destacan “la carencia de una adecuada formación afectivo sexual, el acceso precoz a material pornográfico -desde los 10 años- que conduce a la trivialización de las conductas violentas y una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas”.

A su juicio es “aterrador” que la formación afectivo-sexual la esté enseñando la pornografía “con el enorme peligro que ello tiene”. Por ello, ha defendido un plan nacional de educación en las escuelas que marque un planteamiento general porque “es el futuro de la sociedad” y en ese sentido defiende que en el plan de regulación en el acceso a la pornografía que está impulsando el Gobierno se establezcan medios para acreditar que se es mayor de edad respetando la protección de datos.

Por otra parte, ha rechazado rebajar la edad penal del menor sino que ha defendido, en su opinión personal, establecer “un procedimiento estrictamente de protección reeducativo” para los menores de 14 años que cometen delitos graves con intervención del equipo técnico de Fiscalía y una sentencia del juez de obligado cumplimiento para todos, incluidos los padres ya que en la actualidad, salvo que se declare la tutela y se desampare el menor, “todo queda en los medios disponibles de los servicios sociales” y en la “voluntariedad” de los progenitores.

Por contra, ha destacado que el equipo técnico de Fiscalía permite realizar una valoración de los factores de riesgo, del entorno familiar, social, y educativo de ese joven para hacer “un traje a medida” de las medidas reeducativas y de protección que necesita el menor, que el juez dictará una sentencia de obligado cumplimiento, que puedan suponer una libertad vigilada con tratamiento psicológico o asistencia.

Gisbert ha incidido en que los agresores menores deben “comprender la gravedad de los hechos y hay que proporcionarles los necesarios para que evolucionen en su propia conducta” porque advierte: “Si no intervenimos antes de los 14 años con medidas educativas, ese niño cumplirá 18 y seguirá en la rueda”. “La educación es la única forma de prevenir y ahí tenemos que tomar medidas muy, muy, muy urgentes y necesarias”, ha apostillado.