Los acusados en el 'caso Alquería' Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart y Xavier Simón han negado tener responsabilidad y capacidad de decisión en la contratación de altos cargos en Divalterra durante sus declaraciones en la cuarta sesión del juicio que se sigue en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia y en la que se han limitado a responder a las preguntas de sus defensas.
La Audiencia juzga a 14 personas por este caso, relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra —que se cerró el pasado mes de junio— para favorecer a personas afines al PSPV-PSOE y Compromís.
Así, el primero en declarar ha sido Ricard Gallego, jefe de gabinete del expresidente de la Diputación con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, también acusado y con quien sigue ostentando ese mismo cargo en la alcaldía de la localidad, y que se enfrenta a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por cooperación necesaria.
No obstante, ha negado su responsabilidad en las contrataciones ya que carece de formación jurídica necesaria —es licenciado en comunicación audiovisual— y ha explicado que sus tareas se centraban en las relaciones con los medios de comunicación, diseñar la comunicación política, llevar el protocolo de los actos públicos y la agenda de Rodríguez.
“Tenía mucho interés en cambiar la imagen de la Diputación después de los muchos problemas que había tenido”, ha señalado en alusión al 'caso Taula'. Así, ha insistido en que Divalterra “tenía sus propios asesores jurídicos y económicos” y que él se centraba en potenciar en los medios la imagen de la Diputación y que “nunca” participó en las decisiones adoptadas ni siquiera estuvo presente en noviembre de 2016 en las reuniones en las que se trató sobre la contratación.
Además, ha explicado que el consejo de dirección se creó a semejanza del que se había instaurado en la misma Diputación para “llevar los temas más consensuados al pleno”, pero que “no era un consejo político”, ha afirmado.
Del mismo modo, ha señalado que Presidencia no tuvo conocimiento de que había informes que cuestionaban la contratación de altos directivos hasta abril de 2018: “Pensábamos que Divalterra contaba con un cuerpo jurídico de prestigio y por tanto no nos pareció que tuviera ningún tipo de credibilidad”, ha detallado.
De hecho, ha apuntado que estaban “fastidiados” porque la labor que la Diputación estaba realizando se está viendo “oscurecida” y ha señalado que tanto el presidente como la vicepresidenta “no hacían nada más que lo que nos recomendaban los técnicos”.
Por su parte, el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, para el Fiscalía pide seis años por falsedad, malversación y prevaricación, ha explicado que reingresó en la Diputación en 2016 y no fue hasta un año después cuando fue nombrado secretario, por lo que afirma que no pudo intervenir en las contrataciones de 2015.
“Ni una tacha de ilegalidad”
Al respecto, ha explicado que su función en Divalterra consistía en que todos los acuerdos del consejo de administración y que tuvieran que adoptarse por los consejeros “no tuvieran ninguna tacha de ilegalidad”, pero ha asegurado no tenían ninguna potestad de gestionar. “Nuestra misión era únicamente asesorar legalmente no dirigir absolutamente nada”, ha insistido en varias ocasiones.
Cuerda, que ha asegurado que no ha estado nunca afiliado a ningún partido político, ha señalado que cuando fue designado secretario del consejo de administración en noviembre de 2017 “tampoco tenía voz ni voto porque sus funciones eran las de asesoramiento legal” y que también carecía de potestad para proponer el orden del día.
Del mismo modo, ha señalado que él no apoyó ningún nombramiento de ningún área y ha aclarado que solo firmó un informe en febrero de 2018, que le fue requerido, en el que se detallaba los requisitos que establece la jurisprudencia para ser alto directivo y, además, los motivos por los cuales podía hacerse una contratación directa, aunque también concluía que estas contrataciones también podían someterse a procesos de selección sometidos a los principios de empleo público. Cuerda ha señalado que desconocía los informes desfavorables cuando redactó el suyo.
Asimismo, ha considerado “una barbaridad” mantener, como apunta la Udef y Fiscalía, que el consejo de dirección usurpaba las funciones del consejo de administración: “En esas reuniones se hablaba de todo, pero era imposible que se acordara nada porque eran asesores políticos, no podían decir nada, el único que podía fijar el orden del día del consejo de administración era el presidente del consejo de administración y presidente de Divalterra”.
Por su parte, el asesor Manuel Reguart —para el que se pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación— ha manifestado también que carecía de la formación jurídica y de hecho ha asegurado que desconocía que esa terminología “correspondiera a una contratación pública”, sino que le “parecía un sinónimo de directivo”.
Sin intervenir en la selección
Reguart ha recalcado que no conocía a ninguna de las personas contratadas en 2015, que no participó en la selección de candidatos, ni aportó ningún currículum y ha asegurado que en las conservaciones por whatsapp intervenidas él siempre hablaba de perfiles, de capacitación y de experiencias, no de nombres.
La sesión se ha cerrado con la declaración del gerente Xavier Simón —para el que se piden seis años por falsedad, malversación y prevaricación— que ha señalado que accedió al cargo en noviembre de 2017, por lo que tampoco tuvo ninguna participación en la contratación de alto cargos de 2015 y ha asegurado que “jamás se presionó a nadie”. Ha declarado que las contratos estaban “bien hechos legalmente” y ha querido poner en valor la labor de los directores de área que “se dejaron la piel”.