El Gobierno articuló y pagó en un año la indemnización por Castor que la Justicia ha tardado tres en anular
Los casos de corrupción que se ha expandido como una mancha por toda la geografía española han demostrado que los tiempos políticos y de la justicia son diferentes. Es evidente que jueces y fiscales andan totalmente desbordados y faltos de recursos y que los procesos jurídicos se alargan más de los deseado. Ha pasado, una vez más, en la indemnización que el Estado pagó a la empresa que construyó el almacén de gas submarino Castor.
El Gobierno se apresuró en articular una fórmula legal y en buscar dinero para resarcir a la empresa concesionaria Escal UGS (con mayoría accionaria de la ACS de Florentino Pérez), mientras que el Tribunal Constitucional (TC) ha tardado más de tres años en desmontarla.
Así, tras cerrar el almacén de gas frente a la costa de Vinaròs (Castellón) en septiembre de 2013 tras provocar más de medio millar de terremotos, al Ejecutivo de Mariano Rajoy le costó 12 meses elaborar y aprobar un Real Decreto-Ley en el que reconocía una deuda con la sociedad de ACS de 1.350 millones y se inventaba un forma de pago que ahora ha anulado el TC.
Menos le costó realizar el pago de los 1.350 millones de euros a la empresa tras encontrar financiación en tres bancos españoles –Santander, Caixabank y Bankia– y pese a la complicada situación financiera de España en 2014. Solo un mes después de aprobarse el Real Decreto-Ley para indemnizar a la empresa de Florentino Pérez el Gobierno de Mariano Rajoy satisfacía la indemnización que ahora tumba el Tribunal Constitucional.
No hubo ningún interés por esperarse a que los tribunales fallaran sobre los recursos que ya habían anunciado el PSOE, el Parlament de Catalunya y el Gobierno catalán. El TC aceptó en febrero de 2015 los tres recursos de inconstitucionalidad contra la norma con la que se cerró de forma temporal el almacén subterráneo de gas Castor y se indemnizó a sus promotores.
El fallo anulando el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre de 2014 se hizo público el pasado viernes 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional, tras unas elecciones catalanas y a las puertas de las fiestas de Navidad.
Pero el varapalo del TC no será el único que pueda afectar al proyecto de almacén de gas Castor y a su precipitada indemnización. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) investiga irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor a Escal UGS. El magistrado ya ha imputado a 20 personas.
La denuncia inicial la presentó la Fiscalía en enero de 2015 por lo que la instrucción cumplirá en unos días tres años, también muy lejos de los plazos para aprobar el Real Decreto-Ley y la posterior indemnización. El proceso suma ya más de 13.000 folios y ya han declarado media docena de testigos y varios peritos. Están siendo investigados el exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental y el director general de Escal UGS en el momento de la adjudicación y de los seísmos que obligaron a parar la proyecto gasístico.
