El Gobierno valenciano pide siete años de cárcel y CGT ocho para un exdirector de Canal 9 por los pagos a la productora de José Luis Moreno

La Abogacía de la Generalitat Valenciana pide siete años de cárcel y más de 17 de inhabilitación, Compromís otras tantos y el sindicato CGT ocho y veinte de inhabilitación para el exdirector general de Radio Televisión Valenciana (Canal 9) José López Jaraba por malversación, prevaricación y falsedad documental por los pagos a la productora Alba Adriática, del productor y ventrílocuo José Luis Moreno.

La CGT, además, está pleiteando con el juez del juzgado de instrucción número 6 de Paterna para que investigue también a Moreno, principal beneficiario de los pagos por los que Jaraba se sentará en el banquillo. Falta por presentarse el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que se ha retrasado por la salida de Vicente Torres. El Ministerio Público no estuvo presente en el último interrogatorio donde Jaraba tuvo que explicar el informe pericial que concluyó que Moreno habría percibido 1,9 millones de euros de más por dos programas.

En su escrito, la Abogacía de la Generalitat que la acusación tiene que ver con la contratación por parte de RTVV de la serie Planta 25 a la productora Alba Adriática por un importe de 2 millones de euros. Cuando la Sindicatura de Comptes descubrió que en el expediente no había documentación que acreditara los gastos de la producción, RTVV solicitó los comprobantes a la productora, no resultando justificados gastos por importe de 1.785.295 euros.

Dos años después, la productora reconoció la deuda y RTVV computó ese importe en sus cuentas pero en realidad nunca ingresó nada. Según el escrito de la acusación de la Abogacía de la Generalitat, Jaraba firmó un nuevo contrato con la misma productora de cesión de derechos del programa De un tiempo a esta parte, por un importe que coincidía exactamente con los 1.785.295 euros que debía.

El escrito de acusación la Abogacía de la Generalitat considera que se han adjudicado contratos sin ajustarse, a sabiendas, a la normativa utilizada por RTVV para la adquisición de este tipo de programas. Asimismo, no existió ningún tipo de informe económico que evaluara el valor de los programas que se entregaron a cambio de la deuda, despreciando cualquier actuación para constatar, en su caso, su verdadero coste. Esta acción por parte de Jaraba, según la Abogacía, supone una vulneración deliberada de la normativa de contratación, presupuestaria y contable del ente público.

El informe pericial que consta en el procedimiento determina que el valor de 40 programas de De un tiempo a esta parte era de 400.000 euros. Por tanto, muy lejos de la deuda que se pretendía compensar. La diferencia es el perjuicio causado a RTVV y que se reclama a Jaraba como la responsabilidad civil.

La Abogacía de la Generalitat subraya el precio absolutamente desproporcionada de los dos programas, uno de ellos, De un tiempo a esta parte, que ya se había vendido a Castilla La Mancha Televisión y que RTVV programó de madrugada, y otro, Planta 25, del que RTVV ya tenía los derechos a través de FORTA. De este modo, RTVV, según el escrito de acusación, compró por duplicado los derechos de emisión de esta serie, por compra directa y por compra a través de la FORTA.

Por todo ello, la Abogacía considera que nos encontramos ante unos hechos que responden a actos y negocios jurídicos realizados por Jaraba deliberados, dolosos, contumaces, ilegítimos y sostenidos en el tiempo, tendentes a descapitalizar y sobreendeudar a RTVV en beneficio de terceras personas.