El Gobierno valenciano concede ayudas de emergencia a 3.200 personas en riesgo de desahucio, un 73% mujeres

El 15 de mayo del pasado año el Gobierno valenciano aprobó el decreto 60/2020 de concesión directa de ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la Covid-19.

La orden fue aprobada y promovida por las consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas y de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirigen la vicepresidenta Mónica Oltra y el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau respectivamente.

El decreto tiene por objeto establecer un régimen de ayudas por concesión directa de carácter excepcional y singularizado, a los ayuntamientos, con la finalidad de que faciliten una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables afectadas directa o indirectamente por la Covid-19, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Según han informado desde Vivienda, el pasado año se habilitaron 5 millones de euros que se repartieron entre 169 municipios y en el presente año, se han habilitado 7,6 millones entre 247 localidades y ya prácticamente se han agotado las ayudas. En el caso de València ciudad, por ejemplo, con una asignación de 783.000 euros, ya se han repartido la totalidad de las ayudas.

Las mismas fuentes han explicado que en total se han beneficiado de estas aportaciones 3.205 personas. De ellas, un 73% han sido mujeres y un 3,8% de ellas han sido víctimas de violencia de género.

Además, un 7% del total de los beneficiarios han sido familias monoparentales, un 4% personas afectadas por desahucios, un 1,7% personas sin hogar, un 3,9% unidades familiares con algún miembro con algún tipo de discapacidad superior al 33%, un 5,9% personas sin ingresos y un 5,4% personas con algún menor a su cargo, entre otras casuísticas.

Sobre la gran prevalencia de las mujeres como beneficiarias, la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, ha comentado que se debe a que “uno de los colectivos a los que van dirigidas estas ayudas es a mujeres víctimas de violencia machista que han padecido esta situación junto a sus hijos”.

Además, ha explicado que otro de los casos más recurrentes es el de “personas con menos capacidad de ingresos que se ven en situaciones de desahucios por impago de alquiler y eso afecta muchas veces a mujeres por la precarización del trabajo, por la situación de desempleo y de desigualdades salariales, máxime si se tiene en cuenta las familias monomarentales, aquellas mujeres que por una separación pierden su casa porque en la mayoría de las ocasiones el alquiler estaba a nombre del exmarido, una circunstancia que se ha dado en muchas ocasiones”.

También existe dentro de los colectivos de especial vulnerabilidad mayoría de mujeres “tanto las que viven solas como las que tienen hijos a su cargo, o mujeres con dependencia o mujeres solas mayores de edad que no han podido cotizar lo que correspondería y por tanto tienen unas pensiones muy bajas”.

Por otra parte, según el informe de julio de la mesa antidesahucios desde el 25 de febrero se han paralizado 49 desahucios por no disponer de alternativa habitacional inmediata y se ha atendido a 486 unidades familiares con algún tipo de problema relacionado con su vivienda.