Greenpeace ha presentado una nueva edición de su informe Destrucción a toda costa, una exhaustiva investigación que desde el año 2000 analiza el deterioro progresivo de las costas españolas. En esta ocasión, la organización centra su mirada en el litoral valenciano, donde el urbanismo descontrolado y la falta de adaptación al cambio climático están agravando una situación crítica para los ecosistemas costeros.
“El litoral valenciano está al límite y sus ecosistemas, que nos protegen, están siendo sacrificados en nombre de un modelo obsoleto”, ha denunciado Elvira Jiménez, coordinadora de campañas de Greenpeace, quien ha criticado duramente a la Generalitat Valenciana por “mirar hacia otro lado” mientras se reactivan planes urbanísticos que recuerdan a los años de la burbuja inmobiliaria.
El informe subraya los múltiples impactos del cambio climático ya visibles: subida del nivel del mar, calentamiento acelerado de las aguas, pérdida de biodiversidad marina y erosión de las playas. A ello se suma la creciente presión urbanística, con nuevos desarrollos turísticos y residenciales que amenazan los últimos tramos vírgenes del litoral.
Entre los proyectos más polémicos se encuentra la construcción de 2.200 viviendas en Cala Mosca (Orihuela), uno de los últimos espacios vírgenes de la costa alicantina, o el llamado 'Manhattan de Cullera', un macroproyecto de más de 4.800 viviendas en una zona inundable junto al río Júcar. También destacan iniciativas en zonas de alto riesgo como el PAI Sant Gregori en Burriana (Castellón), con 6.000 viviendas proyectadas en una franja costera vulnerable.
Greenpeace denuncia que, tras la DANA de octubre de 2024 —un episodio extremo que evidenció la vulnerabilidad del litoral— lejos de paralizarse estos planes, se impulsaron normativas que facilitan aún más la construcción en zonas de riesgo. Entre ellas, un decreto que simplifica los trámites para edificar en los primeros 200 metros de costa y otros cambios legales en trámite que podrían permitir edificar en terrenos inundables.
El informe incorpora un mapa satelital que muestra las áreas costeras más amenazadas, especialmente en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. En estas zonas, la combinación de factores naturales como marjales y humedales con una urbanización intensiva ha incrementado drásticamente la exposición al riesgo de inundaciones.
En un escenario de cambio climático moderado, se proyecta un aumento de hasta 0,25 metros en el nivel del mar y un calentamiento del agua entre 0,5 y 1 °C para el periodo 2026-2045. Las consecuencias serán especialmente graves en zonas como la Vega Baja del Segura, el Parque Natural de l’Albufera, y el Prat de Cabanes-Torreblanca, donde ya se observan retrocesos de playas de hasta 165 metros, según estudios universitarios.
Ante este panorama, Greenpeace propone un cambio radical en la gestión del litoral. Entre sus principales propuestas destacan: Actuar frente al cambio climático con medidas urgentes de reducción de emisiones y transición energética. Proteger y restaurar los ecosistemas costeros, como marjales, dunas y playas, con soluciones basadas en la naturaleza. Detener la urbanización en zonas de riesgo, utilizando datos científicos y cartografía de riesgos como base para la planificación territorial. Diseñar planes de adaptación locales y participativos, con financiación suficiente y coherencia entre políticas. Frenar la turistificación masiva, regulando las viviendas turísticas, limitando la presión del transporte y favoreciendo un modelo turístico sostenible.
El informe concluye con un llamamiento a las administraciones para abandonar el modelo económico basado en la destrucción del litoral y adoptar una visión de futuro que garantice la seguridad, la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural. La costa valenciana, advierte Greenpeace, no puede esperar más.