La Intervención afea a la fundación de la Policía local de Valencia el descontrol en las cuentas

La Intervención del Ayuntamiento de Valencia afea a la fundación de la Policía Local descontrol en sus cuentas. Dos informes de este organismo auditor consideran que existen un importante desorden en los gastos de caja fija, en algunos contratos de publicidad y “deficiencias de control interno” en la gestión del organismo. 

La Fundación es una entidad pública sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es “el servicio a la ciudad de Valencia a través de todas aquellas iniciativas que contribuyan a aumentar el conocimiento sobre este cuerpo policial”, según destaca en su sitio web. Su presidenta es la concejal de Protección Ciudadana, la socialista Anaïs Menguzzato, que sucedió a Sandra Gómez. En 2016 recibió una subvención del Ayuntamiento de Valencia 128.000 euros, de los que 39.000 euros fueron a gastos de personal, 30.000 al convenio con la UV y el resto a sufragar las actividades de 2016.

Los informes de los ejercicios 2016 y 2017 recomiendan tomar medidas en cuanto a la rendición de cuentas, donde la Intervención considera que no se justifican debidamente determinados gastos. En concreto, el informe cita una fiesta de la Fundación sobre la que tiene dudas. En la contabilidad figura un ingreso de 3.000 euros de un talón, “sin constancia de quienes son los receptores”. Con cargo al mismo, se pagan 2.929 euros con concepto “catering día de la policía”. Y la intervención valora: “No se consideran justificados debidamente porque no consta firma de la persona receptora”.

“Hemos hecho todo lo posible para subsanar todas las indicaciones”, explican fuentes de la fundación. Durante el año siguiente al informe, añade, se ha dejado “muy claro todo”, respecto a las cuentas de este organismo público. El gerente recuerda que la fundación pidió “voluntariamente” que se les audite “para mejorar la gestión” y que en su equipo están muy agradecidos de que se haga de esta forma.

En algunos contratos, la Intervención municipal señala que “no se ha podido verificar que el procedimiento de contratación se ha ejecutado conforme a la legalidad” al no haber soporte de la contratación. Es el caso del proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para informar de los radares de la ciudad, por la que pagó 12.000 euros en una primera fase y cree que el organismo que “no parece que sean propios del objeto y fines de la fundación”. 

La empresa contratada para desarrollar esta aplicación se ha visto involucrada en un escándalo de corrupción por el presunto pago de comisiones ilegales. 

En el caso del control interno, aprecia “deficiencias” especialmente en el gasto de publicidad: en las facturas auditadas no figura concepto facturado, ni detalle de prestaciones, cuestión que recomienda subsanar con facturas más detalladas o anexos en los que se explique el grueso de las campañas. Este caso analiza dos facturas de campañas de publicidad de 3.900 euros en el que el pagador es el Ayuntamiento de Valencia, no la fundación; 296 euros en golosinas para la cabalgata de reyes justificados con un ticket en el que no figura que el pagador sea la Fundación y dos gastos de 14.500 euros para Expojove sin factura y sin IVA, que se justifican con un documento presupuestario. 

También afea el organismo el uso de la caja fija, donde no se lleva un registro auxiliar, cuestión que recomienda en ambos informes. Asegura la Intervención que, en algunos gastos, “no existe evidencia de que los pagos efectuados por el personal encargado de caja se hayan rendido posteriormente a los órganos competentes de la aprobación del gasto para su adecuada aprobación”. En los gastos menores, no se deja constancia previamente de las necesidades que se pretenden cubrir con estos gastos, requisito “imprescindible” para acreditar que son necesarios para los objetivos de la fundación.

Convenio con la UV para la creación de una cátedra

Entre las observaciones de los informes de ambos ejercicios se hace referencia en varias ocasiones al convenio con la Universitat de València para la creación de una cátedra de Protección Ciudadana (Protecpol). La primera pega que plantea el organismo auditor es que una fundación de ámbito municipal no tiene competencias para organizar una cátedra; en todo caso, podrían colaborar con sus actividades. “La constitución de una cátedra queda fuera del ámbito de las competencias municipales, por lo que no puede ser financiada mediante un convenio por parte de una fundación municipal”, dice el informe, que considera que no hay evidencia de que se haya constituido la comisión mixta que debe controlar este organismo ni que se haya hecho -durante los años auditados- informe sobre sus actividades. 

Para esta cátedra la fundación presupuesta anualmente 30.000 euros, sin que conste memoria económica aprobada por una comisión mixta. Según explica el gerente, a día de hoy la comisión está creada y el es órgano de Gobierno y control de la cátedra, por el que pasan todas las decisiones. 

La cátedra, se explicó en el anuncio del convenio, pretende “crear una plataforma académica que reflexione en torno a la seguridad de la ciudad de Valencia, que desarrolle análisis estadísticos sobre los sucesos y la opinión con respecto a la seguridad tal y como la sienten los ciudadanos”. También se contempló el diseño de un plan director que recopile información estadística y programas de divulgación científica mediante campañas de componente territorial.