La Justicia amenaza con una multa a Territorio por no entregar un expediente de la trama de funcionarios de los puertos
La sala de lo Contencioso-administrativo sección 1 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano amenaza a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con imponerle una multa por no haber entregado a una asociación de empresarios un expediente sobre un procedimiento administrativo que afecta a la presunta trama de funcionarios de la Generalitat de los puertos deportivos que investigan los juzgados de Dénia y Benidorm. El departamento que dirige María José Salvador ha incumplido hasta en dos ocasiones la petición de la Justicia y a día de hoy todavía no ha cumplido el mandato judicial y ha entregado a los interesados la documentación reclamada.
La entidad reclamante es la Asociación Costa Blanca Marine, que también es acusación en la investigación de la trama de funcionarios. Costa Blanca Marine recurrió al contencioso-administrativo la negativa de la conselleria de entregarle el expediente de una concesión administrativa en el puerto de Benidorm. Sobre estas y otras actuaciones pesa una investigación penal desde hace meses. El TSJ le dio la razón en junio de 2017 y dio veinte días al departamento de Salvador para entregar la documentación, obligación que no satisfizo.
Ante esta segunda negativa, la asociación volvió a insistir al TSJ que ya, molesto, realizó un requerimiento el 28 de julio de este año. En ese documento ordena la “remisión urgente” del expediente a la asociación en un plazo de diez días “bajo apercibimiento de imponerle una multa”. A fecha de hoy, la Conselleria de Vivienda todavía no ha cumplido, según confirman fuentes de la asociación.
El expediente que solicitan es sobre la adjudicación de una concesión en el puerto deportivo de Benidorm. La empresa que ganó la subasta y que ya tenía los derechos desde hace años llegó a pagar más de 80.000 euros cuando antes abonó 2.000 por la concesión de una casera en estas instalaciones de la Generalitat. Llama la atención la negativa de la Conselleria de Vivienda de entregar este procedimiento administrativo, máxime cuando se trata de un tema vinculado a un escándalo en el que se investiga a los funcionarios responsables del puerto deportivo.
Por su parte y en relación a estos tres funcionarios investigados por la vía penal, la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios también ha realizado pesquisas sobre estos trabajadores públicos en su relación con los puertos de Dénia, Benidorm y Calp. En su informe fechado el pasado 16 de octubre y que ya obra en la causa, los inspectores del Gobierno valenciano (una especie de asuntos internos) concluyen que la actuación de los funcionarios es “poco rigurosa” y está “llena de dudas y lagunas”.
Esta policía de los servidores públicos reclama a la Conselleria de Vivienda -donde están adscritos los puertos deportivos- que actúe contra estas personas por si pudiera haber una falta disciplinaria. Pero la Conselleria de Vivienda ya había realizado indagaciones hace un año y no había encontrado ningún comportamiento que les pudiera suponer la apertura de una procedimiento disciplinario.
El informe de la inspección, que tiene más de 70 páginas y que también fue requisado por la Guardia Civil la pasada semana cuando acudió a la Conselleria de Transparencia dentro de la investigación judicial, detalla de manera pormenorizada los posibles tratos de favor a algunas de las empresas, en concreto a Cerbuques y Excursiones Marítimas Benidorm.
Los inspectores concluyen que los funcionarios habrían beneficiado a estas sociedades por “falta de transparencia” lo que habría impedido la libre competencia con otras mercantiles que también quieren utilizar las instalaciones deportivas. Esto habría permitido obtener importantes beneficios a las sociedades también investigadas.
