45 millones para justicia gratuita, 2,5 para memoria histórica y 2,6 para oficinas de atención a víctimas: los presupuestos 'botánicos' de Justicia

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha arrancado la tanda de comparecencias en las Corts para explicar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2019. Los últimos de la primera legislatura botánica se vuelcan en la prestación gratuita de los servicios de justicia para personas con recursos escasos, una partida a la que destina 45 millones de euros para pagar a abogados y procuradores del turno de oficio.

El departamento de Bravo pretende “la consolidación de la justicia gratuita como el instrumento que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la justicia en igualdad de condiciones”. Ante las críticas por el escaso volumen de presupuesto de su consellería, la titular de Justicia ha señalado que en tres años se ha incrementado el presupuesto en casi 95 millones de euros.

Las partidas destinadas a memoria democrática, si bien no son demasiado abundantes, permitirán la puesta en marcha del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, previsto en la ley de Memoria Democrática, que tendrá su sede en Alicante. Para este centro, el Consell prevé 1,1 millones de euros.

El instituto investigará los casos de bebés robados durante el franquismo y elaborará un mapa con la localización de las fosas y de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. “Los estatutos están en la última fase de tramitación, por lo que el instituto será una realidad en 2019”, ha explicado la consellera. El organismo ha de coordinar a diversos departamentos con una tarea a 15 años para localizar y exhumar más de 300 fosas comunes e identificar a 10.800 víctimas. Para esto último, Bravo presupuesta 450.000 euros y otros 540.000 para subvenciones a entidades que colaboren en esta tarea. El Banco de ADN, otra de las promesas de esta ley, contará con 350.000 euros para poner nombre a las víctimas a través de sus familiares. En total, el presupuesto para recuperar la memoria democrática será de 2,5 millones de euros, un 48% más que el año anterior.

Para las oficinas de atención a las víctimas del delito, que en el último año atendieron a más de 12.000 personas, se prevé una inversión de 2,6 millones de euros, incluyendo la atención a víctimas de violencia de género. Este último presupuesto aumenta en 9 las unidades comarcales de valoración forense integral que facilitarán a los juzgados “los informes necesarios para tomar la decisión más acertada para proteger a las víctimas de violencia de género”. Estas tendrán un coste de 1,2 millones de euros.

Además, en materia de prevención, se renuevan los convenios con el Consejo General del Poder Judicial y las Universidades para que los miembros del sistema judicial reciban formación específica. El primero incrementa su cuantía en 70.000 euros y el segundo asciende a 150.000 euros.