La ministra de Hacienda: nueva financiación autonómica, sí; prórroga de presupuesto, no; deuda histórica, depende

El actual sistema de financiación autonómica es “especialmente lesivo” para la Comunidad Valenciana, pero su reforma “no depende solo del Gobierno”, ya que necesita una mayoría cualificada para la que el PP y el PSOE “serían suficientes”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha expresado así este miércoles en un desayuno organizado por la Cadena Ser en Valencia, donde ha mostrado su empatía con la reivindicación urgente de un nuevo modelo de financiación que comparten la mayor parte de los sectores políticos y sociales de la Comunidad Valenciana. 

Entrevistada por el periodista Bernardo Guzmán, Montero ha demostrado que conoce el asunto desde las dos perspectivas, ya que fue consejera de la Junta de Andalucía antes que ministra, y ha coincidido con dos de las reclamaciones valencianas más importantes en relación con la reforma del sistema. Por una parte, ha asumido que “el criterio de población tiene que pesar sobre todo”, aunque se deba modular en relación con la dispersión geográfica, la insularidad o el envejecimiento,. Pero no se debe permitir que entre la comunidad mejor y peor financiada haya, como ocurre ahora, una diferencia de 800 euros per cápita.

“No se ha ponderado correctamente la variable de población”, ha constatado Montero sobre el actual sistema, y ha apuntado que la población universitaria o la tasa de desempleo podrían también ser criterios a tener en cuenta en el nuevo modelo de reparto.

Por otra parte, la ministra ha asumido que para “corregir progresivamente” las diferencias existentes no hay que restar fondos a unas comunidades para darlos a otras, dado que “el sistema está muy ajustado”. Y ha asumido que es de la Administración central, “aprovechando una mayor recaudación”, de donde han de proceder los recursos adicionales destinados a proveer, en un “Estado casi federal”, los fondos autonómicos que garanticen los servicios esenciales del Estado del bienestar, con el objetivo de llegar al 7% del PIB destinado a sanidad, el 5% a educación y el 2% a servicios sociales.

Las reflexiones de la ministra han recogido, así, argumentos que han reiterado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentes en el acto. Pero María Jesús Montero ha sido más cauta con otros aspectos de la reivindicación valenciana en materia de financiación, como el reconocimiento de la deuda histórica, término que alude al endeudamiento generado por la infrafinanciación.

Si bien ha reconocido que “en todos los documentos” que se manejan para la reforma del sistema se plantea el asunto de cómo tratar el endeudamiento de las comunidades autónomas y su “sostenibilidad”, ha aludido a la “corresponsabilidad y la autonomía fiscal” como elementos “obligatorios del debate”, sin aludir a la condonación de deuda histórica que se plantea desde la Comunidad Valenciana.

Contra la “recentralización”

Montero ha asegurado que las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) “no son una financiación adicional” sino “préstamos en condiciones ventajosas”, “un auxilio financiero con vocación de desaparecer” a medida que las comunidades autónomas puedan volver a salir a los mercados. La ministra ha criticado implícitamente a los gobiernos del PP por haber usado mecanismos como el FLA para “recentralizar algunas competencias de las comunidades autónomas”.

Partida reivindicativa, “recortes” y “ajustes”

Ya en el terreno de los presupuestos y su ejecución, Montero le ha echado una mano al conseller Soler al expresar su comprensión de que las cuentas de la Generalitat Valenciana incluyan una partida “reivindicativa” de 1.300 millones de euros que acaba convertida en déficit y que corresponde a los que se dejan de ingresar por efecto del actual sistema de financiación. Y también al matizar que una cosa son “recortes”, en el sentido de pérdida de derechos que se produjo como respuesta a la crisis, y otra los “ajustes”, que ha definido como la acción de “corregir tendencias incrementalistas que traían los presupuestos”.

No ha secundado, sin embargo, la idea de Soler de prorrogar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 para 2020 ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. “Siempre aconsejo hacer presupuestos”, ha asegurado Montero, que ha expresado su intención de tener Cuentas del Estado lo más pronto posible. Mientras eso ocurre, los presupuestos autonómicos pueden basarse, según la ministra, en los datos que el Gobierno de España ha remitido a Bruselas, por lo que no se redactarían “a ciegas”, dado que el Ejecutivo español ya ha informado sobre la liquidación de 2018 y “está disponible la fórmula de las entregas a cuenta”.

Más entregas a cuenta y más liquidación

Según los datos del Gobierno, la actualización de las entregas a cuenta, que en un principio aseguró la Abogacía del Estado que no podía hacer un Ejecutivo en funciones, para después hallar la forma de hacerlo, supone 460,4 millones de euros para la Comunidad Valenciana, que en 2019 habrá recibido un total de 9.433,2 millones en anticipos (un 8,5% más que en 2018).

Por otra parte, el cálculo provisional de la liquidación del sistema de financiación en 2018 (el procedimiento funciona con dos años de margen) prevé que en 2020 lleguen a la Generalitat Valenciana 1.849,2 millones, lo que supone 635,6 millones más que la liquidación de 2017 cobrada en 2019.

Las cuentas valencianas tendrían que trabajar con esas previsiones y con la orientación de un escenario económico que el Gobierno sitúa en un crecimiento del 2,1 en 2019, del 1,8 en 2020.