Oltra pregunta a Rajoy si quiere tener un delegado del Gobierno “salpicado por la corrupción”
La diputada de Compromís Mónica Oltra se ha refirido este martes a la reapertura del caso Taroncher por parte de la Audiencia Provincial de Valencia que insta a investigar los contratos que el actual Delegado del Gobierno, Serafín Castellano, adjudicó cuando era conseller a un empresario amigo suyo.
Según ha señalado Oltra, la Audiencia “dice que podemos estar ante delitos de prevaricación y malversación cometidos presuntamente por el delegado del gobierno, por lo tanto afecta directamente al Gobierno de España y en consecuencia el presidente del gobierno Mariano Rajoy debería tomar cartas en este asunto”.
A juicio de la diputada de Compromís, “la corrupción en el PP es como una mancha de aceite que se extiende por encima de todo el partido y Rajoy actúa como si la cosa no fuera con él. El caso de Castellano no afecta sólo al PP de la Comunitat Valenciana, afecta directamente al delegado del gobierno que Rajoy ha nombrado, quien presuntamente ha realizado un fraccionamiento de contratos para favorecer un amigo”.
Para Oltra “aquí lo que se impone es que el gobierno de España tome medidas porque tienen que contestar si quieren tener un delegado del gobierno que está salpicado por la corrupción y que va a ser investigado por la justicia”.
Petición de dimisión
Además, el diputado autonómico de Esquerra Unida Lluís Torró ha destacado que Castellano, tendría que “dimitir inmediatamente” porque “la Audiencia de Valencia dice que hay que investigar sus adjudicaciones a su amigo íntimo, José Miguel Pérez Taroncher. Ante las evidencias tan grandes como son las relaciones íntimas entre las dos familias y que las empresas de Taroncher se han lucrado haciendo negocios directamente con las consellerias por las que ha ido pasando Serafín Castellano, era evidente que todas las excusas que hasta ahora se habían dado para no salir adelante esa querella eran excusas de mal pagador porque la evidencia es muy clara y la propia justicia tiene que investigar estos hechos”.
Torró considera que “resulta muy significativo que la Audiencia de Valencia critique la opacidad del Consell, que se ha negado a responder a parte de nuestras preguntas y solicitudes de documentación”, al tiempo que se preguntaba “qué hubiera pasado si el Consell hubiera respondido diligentemente a las nuestras solicitudes. Seguramente todo hubiera ido mucho más rápido y de hecho no entendemos porque el propio Castellano no ha aclarado la situación, prolongando unos hechos que manchan la imagen del Consell y de la Delegación del Gobierno”.
