Anticorrupción investigará las adjudicaciones de extinción de incendios en la etapa de Castellano
Continúa la 'pesadilla cinegética' del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, a cuenta del supuesto regalo de un rifle de caza -valorado en 1.800 euros- a cuenta de un contratista del Consell, una denuncia que Castellano calificó de “malintencionada” y que le sirvió a la oposición para calificar este episodio de 'La escopeta nacional'.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción investigará si Castellano pudo favorecer a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías.
Inicialmente, Fiscalía de Madrid abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contratos- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras abrir diligencias, el ministerio público de Madrid ha decidido remitir las actuaciones esta misma semana a Fiscalía Anticorrupción de Valencia por ser el organismo competente para investigar los hechos denunciados, según ha podido saber Europa Press.
En concreto, la investigación se centra en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de “modificaciones contractuales” que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones -se apunta en la denuncia- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.
De acorde a la ley
No es la primera vez que estos contratos salen a la luz, puesto que el año pasado, en agosto de 2013, ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió “rotundamente” que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. “Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades”, dijo en ese momento.
Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, “fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra”. Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.
“Ningún trato de favor”
Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace un año en un comunicado que no ha tenido nunca “ningún trato de favor” de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.
También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado “conforme a la ley y a los procedimientos de contratación”.
