¿44 años de paz constitucional?

“Només el moviment confús,

esgarrifós i sense pau,

ens semblarà evident,

honrat i vertader.

Només la lluita, la tragèdia,

ens conhorta una mica

si imaginem l’objecte“

Emili Rodríguez-Bernabeu. Alacant, 1965

Hay libros que no nacen, libros sin más y libros importantes. Entre estos últimos destaca en el panorama editorial valenciano de 2022: “¿25 AÑOS DE PAZ? El lavado de imagen del franquismo en 1964”. Publicado por el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, dependiente de la Diputación de València. Se lo debemos a Rafael Company, coordinador y director del MUVIM. El volumen de más de 630 páginas, impecablemente editado, acompaña e ilustra, a posteriori, la cuidada exposición que durante varios meses ha estado a disposición del público en el museo que inauguró en 2001, el político de Burriana, Manuel Tarancón Fandos. Dos excelencias en un proyecto: exposición y libro encuadernado con primor para la posteridad. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de Zaragoza, en el artículo que encabeza la lista de 25 colaboradores-especialistas del libro, recuerda que dos años después de 1964, año de la propaganda franquista para dar continuidad al régimen, se votó en referéndum la Ley Orgánica del Estado (1966). El remozamiento legal llevaba el sello del ultramontano Manuel Fraga Iribarne, a modo de sucedáneo constitucional que prolongó su vigencia hasta la muerte del dictador en 1975. En los albores de la Transición a la democracia, Fraga Iribarne, ya desde Alianza Popular, volvió a figurar en la nómina de los siete padres de la Constitución de 1978, vigente. El trasfondo constitucional y sus vaivenes son los que provocan el mar de fondo que agita la política española en el primer cuarto del siglo XXI.

Licencia onírica

Puestos a soñar podríamos imaginar que el entramado de poderes fácticos, que ejercen en España, han marcado un antes y un ahora con respecto a la observancia de los preceptos constitucionales. En primer lugar, a pesar de los intentos de mejorar la transparencia en el trasiego de presiones e influencias en el sistema público, no hay forma de dar a luz una legislación válida y homologable para regular la existencia y el funcionamiento de los lobbies en España. Ante la Unión Europea hay censados y conocidos más de 12.300 lobbies que desarrollan sus gestiones en las instituciones comunitarias de Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. El Europarlamento ha experimentado en su glamurosa exvicepresidenta griega, Eva Kylie, las consecuencias del desmadre lobístitico. Demasiados lobbies, muchos parlamentarios sueltos y un suculento pastel de intereses y poder. En el Reino de España, Estado miembro de la Unión Europea, los grupos de presión– económicos, financieros, políticos, culturales, informativos, ideológicos y confesionales– han incrementado sus temores y cautelas. Este último mes de diciembre se ha multiplicado la preferencia por los desplazamientos a Londres. Curiosamente en quienes nunca han evidenciado su interés por lo british ni por hábitos de vida ingleses. El Reino Unido ya no es Unión Europea, aunque mantiene vínculos y conexiones con más de una decena de paraísos fiscales. Recuerdo que el fin del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de València, en 1995, coincidió con un ataque de ira de su presidente, Arturo Virosque, por un informe difundido en la prensa sobre la cuantificación de los depósitos privados valencianos con destino a paraísos fiscales: Jersey, Islas Vírgenes Británicas, Chipre, Islas Caimán, Bahamas, Bermudas, Isla de Man. Las tramas de corrupción valenciana de envergadura – Gürtel, Azud, Terra Mítica, Erial, Visita de Benedicto XVI. Emarsa, Imelsa, Carlos Fabra– se inclinan por Panamá y Brasil, al estar más alejados en el continente selvático de las mafias y la impunidad.

Grandes fortunas

Si seguimos suponiendo, se ha infundido temor e inquietud ante un gobierno de “comunistas, filoetarras y separatistas” que endeuda y arruina sin freno el país. El 5 de diciembre La Vanguardia lanzó de salida un editorial contundente con el título: ‘El impuesto a las fortunas’, sobre la inconveniencia, a su parecer, de gravar a los ricos, grandes empresas, sectores favorecidos por la crisis, la Banca, compañías energéticas y principales patrimonios. La reflexión editorial no era el fuego que enciende la llama sino la consecuencia ante un estado de opinión con tres objetivos: denunciar la tendencia del gobierno Sánchez a congraciarse con sus socios más radicales, anular el efecto electoral que busca el PSOE para dejar claro que gobierna a favor de los más perjudicados por la guerra de Ucrania y del agravio comparativo entre las autonomías que eliminan el impuesto de patrimonio ( Andalucía, Madrid ) y la repercusión del efecto llamada para trasladar el domicilio fiscal a la capital madrileña. Estos recelos aúnan, por el momento, los intereses de CEOE (Antonio Garamendi) y la patronal catalana Foment del Treball (Josep Sánchez Llibre) para recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.

Torbellino institucional

No sería difícil imaginar los efectos catastróficos que causa la tormenta institucional que enfrenta al poder judicial con el ejecutivo y el legislativo en diferentes frentes: Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Congreso de los diputados, Senado, Tribunal Supremo. Tampoco se puede ignorar que los principales perjuicios recaen sobre la Constitución de 1978 que rige los destinos del Estado en equilibrio inestable, al menos desde 2006, cuando se aprobó–en el Congreso y en el Parlament de Catalunya– la reforma del Estatut de Catalunya, que después anuló el Tribunal Constitucional por recurso del Partido Popular ante la inhibición del PSOE de Rodríguez Zapatero. Tampoco es cierto que la Constitución es irreformable porque se ha modificado en dos ocasiones: en 1992 para una rectificación de concepto y en 2011 para sustituir el artículo 135 al introducir la imposición de la estabilidad presupuestaria y alejar la amenaza de intervención de las cuentas españolas por la Comisión Europea.

Temores y amenazas

Sobrevuela el firmamento político español la creciente tensión de “los que mandan” y forcejean para contraponer dos visiones distintas y cada vez más contrapuestas ante la amenaza a un statu quo que se esbozó para los principales núcleos de poder con el inicio de la Transición y la primera década constitucional. Se fraguó en los gobiernos del Partido Popular, presididos por José María Aznar, sin que la frágil etapa socialista de José Luís Rodríguez Zapatero lograra despejarlo. Lo remachó y quedó consolidado con el episodio gubernamental de Mariano Rajoy hasta 2015, derribado en su propia contradicción ética y política: una zozobra política bochornosa para los españoles y muy preocupante para los grupos de presión que, ante el derrumbamiento del PP, crearon y financiaron, primero la estructura ficticia y contradictoria de Ciudadanos, comandado por Albert Ribera y después, emprendieron la aventura más atrevida y arriesgada de reconstruir la extrema derecha en España con Vox (Santiago Abascal). Aprovecharon la disconformidad y el despecho en las filas del Partido Popular para conformar una facción ultramontana que permitiera alcanzar mayorías suficientes y así recuperar el poder y arrebatarlo al frente izquierdista que va desde: el PSOE de Pedro Sánchez a Podemos( en declive) y Sumar de Yolanda Díaz, con Más País (Íñigo Errejón) y las disidencias territoriales de: Esquerra Republicana, PNV, Junts x Cat, Pdcat, Compromís y los flecos locales(Teruel Existe, Soria ya) que asedia la estabilidad electoral y de gobierno.

Encrucijada

La conjunción de un texto constitucional, -aprobado por mayoría en su día, pero que hace agua por todas partes– y una ley electoral obsoleta, que servía muy bien a los intereses de UCD y de Alianza Popular, dan como resultado el horizonte político inseguro que tienen ante sí los españoles para el arrebato electoral de 2023. Nada está escrito y casi todo es posible. Los poderes fácticos están alterados y dispuestos a todo. El poder económico y financiero siente que el suelo tiembla bajo sus pies y que los embates de los partidos de programas más sociales minan la urdimbre que creían definitiva para consolidar sus posiciones. El poder confesional de la Iglesia Católica desde la Conferencia Episcopal bastante tiene con atajar su crisis interna de vocaciones, de alejamiento de la sociedad, de mantenimiento de sus propiedades para el culto y de evitar el esclarecimiento de los escándalos que ahora son ya imparables con razones de autoridad moral. El poder cultural, académico, intelectual y universitario queda diluido en la dispersión, es endogámico y ha perdido capacidad de magisterio por las implicaciones políticas y los condicionamientos económicos.

Al fondo los valencianos

Hoy hay muchos, demasiados, indignados y decepcionados. Entre ellos, los valencianos.

La confrontación constitucional, la madre de los conflictos, también nos afecta. Mientras discuten en las alturas sobre la defensa a ultranza de la integridad constitucional, nadie quiere poner el foco en temas domésticos de la financiación autonómica o sobre la posible aprobación del derecho valenciano que defienden los juristas autóctonos. Lo del Corredor Mediterráneo ya se asemeja más a una boutade o a un relato de humor, con o sin alto comisionado. La burguesía valenciana, si existe, no ejerce porque no solo de ampliaciones de puertos y de Premios Jaume I, vive el hombre. ¿Cómo se puede desarrollar un proyecto integral de país sin contemplar las señas de identidad, ni la cultura, ni la edición, ni la potenciación de la red museística, sin fomentar las vocaciones intelectuales y literarias? ¿Quién se ocupa del Consell Valencià de Cultura o del Institut de Cultura Valenciana, o de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, todavía arrumbada en Sant Miquel dels Reis? Acerquen la cultura a la gente, a las personas, a los ciudadanos. Mimen la educación musical y artística de los más pequeños. Hagan que la gente se sienta orgullosa de su historia y tradición no sólo porque construyen y queman cientos de fallas en marzo. Los empresarios valencianos deberían levantarse ante la ineficiente red de entidades económico-empresariales cuya misión consiste en esforzarse y solucionar los principales problemas que aquejan a empresas y organizaciones. ¿Si los empresarios no lo hacen, quien lo tendrá que resolver? Ni Cámaras de Comercio, ni instituciones feriales, ni confederaciones patronales, ni asociaciones sectoriales cumplen con su cometido, más allá de figurar en Madrid como lacayos al servicio de los sátrapas y de hacer ver como si se ocuparan de grandes asuntos que no sirven para nada.