50.000 personas sin derecho a denunciar en las comisarías

La constatación de que están aumentando los delitos de odio, tanto los registrados como los no denunciados, y que las causas mayoritarias son el racismo y la xenofobia sólo está sirviendo para que las y los políticos de turno se limiten a manifestar su preocupación ante esta situación sin adoptar medidas que amparen a las víctimas y permitan conocer la verdadera dimensión de esta lacra que amenaza la convivencia. Unas 50.000 personas en la Comunitat Valenciana no pueden pisar las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sin correr el riesgo de acabar siendo expulsadas o multadas. Son nuestras vecinas y vecinos a quienes el sistema les niega el permiso de residencia, las y los más expuestos a sufrir este tipo de agresiones porque la mayoría de los casos quedan impunes: las víctimas no se atreven a denunciar ya que en lugar de recibir protección se les impone sanciones por “estancia irregular”.

El pasado 28 de julio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convocó a los medios para informar de que este año se han incrementado un 9,2% las denuncias de este tipo de delitos ante la Policía y la Guardia Civil con respecto al primer semestre de 2019, cuando aún no estaban vigentes las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. También indicó que en 2020 el mayor número de denuncias se presentó por incidentes de racismo y xenofobia, y reconoció que el principal motivo de que sólo una de cada 10 víctimas denuncie es porque se piensa “que la policía no le tomaría en serio, no lo entendería o porque sentía desconfianza hacia los agentes”, según una encuesta del propio Ministerio del Interior. El mismo ministro presentó hace un año una campaña para animar a la ciudadanía a no ser mera espectadora y denunciar cuando sean víctimas o presencien un delito de odio.

Ese mismo día, el Defensor del Pueblo difundió una nota de prensa en la que volvía a reclamar que las personas extranjeras en situación irregular puedan acudir a una comisaría a realizar un trámite o a denunciar un delito sin temor a ser expulsados. La institución que vela por la defensa de los derechos fundamentales recordaba que esta exigencia viene planteándola desde 2004 y se veía en la obligación de insistir ante los últimos casos detectados que se extienden por España: las recientes propuestas de expulsión por estancia irregular a familias de Melilla que han solicitado escolarizar a sus hijos e hijas, las sanciones a las madres migrantes que acudieron a finales del pasado año a obtener el DNI de sus bebés a la comisaría de Paterna o el procedimiento de expulsión incoado en 2019 a una mujer hondureña que fue a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella. Las quejas contra las comisarías de Paterna y Xirivella las presentó València Acull en nombre de las víctimas.

A pesar de los datos oficiales sobre infradenuncias, de las reiteradas recomendaciones del Defensor y de que se está vulnerando la legislación española (ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito) y europea (directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia ECRI del Consejo de Europa núm. 16, marzo de 2016, Proteger a los migrantes en situación irregular contra la discriminación), el ministerio de Marlaska, en nombre del Gobierno español, ha manifestado que seguirá sancionando a las personas extranjeras en situación administrativa irregular que acudan a dependencias policiales a realizar denuncias o cualquier tipo de trámites.

Por eso, dando por supuesto que la representante del Gobierno en la Comunitat conoce cuál es la directriz política sancionadora en la materia, resulta cuanto menos sorprendente que la delegada Gloria Calero haya hecho un llamamiento en los medios de comunicación a las víctimas a “no tener miedo” a denunciar los delitos de odio porque la Policía está “muy concienciada para castigar estos hechos (…) está preparada para acogerlas y no permitir que quede impune esta gente que se atreve a semejante barbaridad”. Además, Calero afirma que mantiene reuniones periódicas con asociaciones para “ver cómo lo controlamos”.

Tanto el ministro como la delegada están haciendo un ejercicio de oportunismo político que cuestiona su voluntad real de luchar contra los delitos de odio y la credibilidad de las cifras oficiales que manejan. Si se impide que el colectivo de víctimas más numeroso pueda denunciar libremente, no se puede (o no se quiere) ser consciente de la magnitud del problema, solo se ve (o se quiere ver) la punta del iceberg y las medidas de prevención y sanción que se adopten siempre serán insuficientes. Y no pueden excusarse en el desconocimiento de la desprotección que padecen las víctimas en situación administrativa irregular.

Al Ministerio del Interior han llegado continuos requerimientos del Defensor exponiendo denuncias y razones contundentes para modificar el marco legal (ley de Extranjería) que para Marlaska justifica que las FCSE sancionen a quienes buscan su amparo. Los mismos argumentos han escuchado reiteradas veces los representantes de Interior en el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y en el Parlamento por parte de los partidos políticos progresistas.

La delegada no sólo conoce esta realidad porque le hemos informado las asociaciones sino que se ha comprometido a acabar con estas prácticas policiales. El 16 de septiembre de 2020, la Fundación CEPAIM, CEAR PV, Movimiento Contra la Intolerancia, la Fundación Secretariado Gitano, MPDL y València Acull le expusimos casos documentados de identificaciones por perfil étnico y de sanciones por estancia irregular a víctimas de delitos. Asumió que estas situaciones se podían estar produciendo, dijo que lo trasladaría a las cúpulas de las FCSE en la Comunitat y nos informaría de las medidas adoptadas para que no se repitan. Poco después, la policía de Paterna humilló y sancionó a las madres migrantes y continuamos a la espera de que Calero cumpla su compromiso.

Mientras tanto 50.000 personas en la Comunitat y cientos de miles en todo el Estado siguen indefensas, sin posibilidad de ejercer sus derechos porque temen acudir a quienes deberían velar por su seguridad, y sus potenciales agresores se sienten envalentonados, dispuestos a repetir sus acciones, porque la impunidad les ampara.