Mucho cuidado con las 'fakes', en especial las penitenciarias

No fue una información falsa. La denuncia existió. Lo que no se produjo fue el delito. El joven que denunció una agresión inexistente de carácter homófobo en Madrid mintió y después se retractó. Lo hizo por motivos personales, pero las consecuencias fueron públicas. En el irrespirable clima de enfrentamiento político que hay en España, su simulación, no una fake news sino una fake en el sentido más específico, sirvió de instrumento para que la derecha cargara con la virulencia habitual contra la izquierda a cuenta de los delitos de odio. Como si ese tipo de delitos pasaran a estar todos bajo sospecha de falsificación (¿también el linchamiento que acabó con la vida de Samuel en A Coruña?) por el hecho de que alguien hizo un uso fraudulento del derecho a denunciar para esconder una infidelidad sexual a su pareja.

Y sin embargo el caso no debería pasar solo como una anécdota. No porque sea síntoma, como pretenden los ultras, de una falsificación generalizada de las agresiones al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, un preocupante fenómeno de violencia grupal que es perverso negar, sino porque evidencia algunas disfunciones en el mecanismo de generación de la opinión pública. Y esas disfunciones atañen en primer lugar a los medios de comunicación, aunque no únicamente a ellos. Ya que convergen en la repercusión mediática de esta fake tres problemas: el de la tematización, tan antiguo como el periodismo mismo, que empuja a encajar las noticias en un patrón preconcebido; el de la inmediatez brutal de las redes sociales, y el de la polarización extrema y carente de escrúpulos.

Despojado de la presión de esas tres influencias, el suceso de partida invitaba a la precaución. Que ocho encapuchados atacaran a un joven a plena luz del día en Malasaña y le grabaran en el culo la palabra 'maricón' no es que fuera inverosímil, pero conformaba un relato que, como sucedió, era necesario verificar policialmente. Y periodísticamente resultaba aconsejable tomárselo con prudencia. Por eso no sería bueno pasar página de lo ocurrido sin pararse a sacar alguna mínima conclusión, también política y social. Por ejemplo, que el atolondramiento nos destruirá. Y eso vale para periodistas, activistas, políticos y ministros.

Ha escrito El Roto en una de sus viñetas en El País, con su amargura habitual: “Gracias a la rapidez de las comunicaciones tenemos informaciones falsas en tiempo real”. Aunque se entiende lo que quiere decir, no es exacto que en este caso se haya producido información falsa alguna porque la falsedad venía de origen, de la simulación de un delito que no existió. Lo que no debería servir de excusa para reconocer que algo se ha hecho mal desde el ámbito de la información, aunque solo sea no haber dudado.

Y es muy importante proteger la disposición del periodismo a dudar y verificar porque, no solo las fakes, sino las fake news, forman parte tanto del universo mediático global como del ámbito informativo más inmediato. Pongamos como estremecedor ejemplo actual unas falsedades montadas con alevosía y premeditación desde las cloacas del sistema penitenciario español. 

En la cárcel de Villena se produjo a mediados de agosto un incidente que habría quedado entre las paredes de la prisión si no fuera porque una “asociación profesional de trabajadores penitenciarios” denominada TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar) emitió un comunicado en el que informaba de “graves altercados” en el centro penitenciario Alicante II y de “violentos ataques contra los trabajadores por parte de algunos de los internos más conflictivos y peligrosos del departamento de aislamiento”. 

Con la explícita intención de reclamar la destitución del director de la cárcel, el comunicado describía tres incidentes violentos ocurridos en menos de 24 horas. Uno de esos incidentes era explicado así: “En esta ocasión un interno magrebí de unos 30 años, que ha protagonizado numerosos altercados y agresiones a otros internos y a funcionarios, aprovecha que se queda junto a los funcionarios en un rastrillo a la espera de la apertura del siguiente y le escupe en la cara a uno de los funcionarios, después ya con el rastrillo abierto, se va a su celda, coge una escoba con la que ataca a los funcionarios, a quienes muele a palos, patadas y puñetazos. Como resultado, acaban tres funcionarios en el hospital con lesiones diversas en ojo, frente, pómulos y antebrazos al intentar protegerse de los golpes”.

Nada que ver con la realidad. El interno señalado, que padece una enfermedad mental, como revelaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, fue quien recibió una paliza a manos de los tres funcionarios. Hasta 55 porrazos le propinaron, como muestra el vídeo. Unas imágenes que custodiaba la subdirectora de seguridad de la cárcel, a quien robaron el teléfono móvil para hacerlas desaparecer y que fue agredida a la puerta de su casa por unos encapuchados que la amenazaron para que no declarara contra los funcionarios implicados en el procedimiento abierto por el incidente: “¡Tú calladita!”.

La subdirectora de seguridad cumplió con su deber, prestó declaración y las imágenes son una prueba en manos del juez que instruye el caso. Al mismo tiempo, se ha abierto otra investigación por parte de la Guardia Civil para identificar y detener a quienes atacaron a la funcionaria, en apoyo de la cual se celebraron concentraciones a las puertas de varias cárceles españolas. 

Aquí sí que hubo encapuchados y acciones violentas protagonizadas por un grupo organizado. Aquí no hubo simulación de delito sino una denuncia falsa como una catedral, dado que se atribuyó al interno concretamente unos hechos que no había cometido. Aquí sí que hubo fake news, en un comunicado remitido a los medios de comunicación. Y si las acciones engañosas en nombre de un supuesto colectivo profesional no tienen por qué desacreditar las legítimas demandas de los funcionarios de prisiones que reclaman más medios, el episodio contamina bastante las denuncias de violencia carcelaria, pone el foco sobre el déficit de recursos para atender a ese 40% de población reclusa con problemas de salud mental y encoge el alma sobre la manipulación de ciertos presos por parte de un sistema del que supuran actos mafiosos como los descritos, envueltos en el discurso de la extrema derecha y perpetrados por matones convencidos de su impunidad.