Mazón y la deuda

“Una aberración”. Así se apresuró a calificar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, la eventual condonación de una parte de la deuda acumulada por Catalunya debido al déficit del sistema de financiación autonómica. La consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, amenazó con llevar el asunto a los tribunales si saliera adelante.

Planteada en el marco de una obligada reforma del sistema, caducado hace casi una década, que a su vez se enmarca en un posible, y recomendable, “pacto territorial” para allanar la investidura de Pedro Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno, la quita o condonación de deuda, sin embargo, no es una reclamación “independentista”. El flamante presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha apoyado estos últimos años, en los que estaba en la oposición al Gobierno valenciano del Pacto del Botánico, que presidía Ximo Puig, varias manifestaciones unitarias que exigían la reforma urgente del sistema y la condonación de la deuda producida debido al injusto funcionamiento de un modelo que ha situado la valenciana como la peor financiada de todas las comunidades autónomas.

Desde el desenvuelto centralismo madrileño que Ayuso sostiene, disparar contra Catalunya sin llegar a sopesar nada más parece ya un comportamiento tan habitual como compulsivo. Pero, en realidad, a la que más conviene y la que más razones tiene para que se aplique una condonación de la deuda amontonada en préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es la comunidad autónoma también situada a orillas del Mediterráneo que desde hace poco preside otro dirigente del PP. Cerca de 40.000 millones de los más de 55.000 millones, que convierten la valenciana en la Administración autonómica más endeudada de España en relación al PIB (43,7%), corresponden al FLA, es decir, que se adeudan a la Administración central. Y son, en su práctica totalidad, según estudios de organismos públicos y académicos, consecuencia de una prolongada infrafinanciación que habría deteriorado de forma insostenible los servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar (educación, sanidad y políticas sociales) sin la aportación de esos créditos suplementarios.

La propuesta de Junts y Esquerra Republicana no es, por tanto, una excentricidad, aunque ambas formaciones pretendan acotarla dentro de su mitificada “bilateralidad”. De hecho, el PSC plantea una quita con “un coeficiente de condonación” abierto a otras comunidades de régimen común que están infrafinanciadas. Se trata de una maniobra fundamental para hacer viables la arcas públicas valencianas que, por ejemplo, también sería bien recibida en Murcia. En Andalucía, por otra parte, conocen perfectamente el significado de la “deuda histórica”, cuya reclamación hasta que fue finalmente evaluada en 1.200 millones de euros, formó parte del desarrollo de su Estatuto de Autonomía. Es interesante recordar que aquella reclamación andaluza describía la deuda histórica como la compensación por la asunción de competencias precariamente financiadas.

“Esto no es una rabieta de cuatro valencianos que se han levantado ahora”, reaccionó Mazón en un primer momento al ser preguntado por la posibilidad de desprenderse de deuda.Y planteó la “excepcionalidad” del caso valenciano. Sin embargo, evitó pronunciarse claramente sobre la condonación y se limitó a decir que “tiene que haber un concepto de compensación”, para alinearse completamente a continuación con el discurso habitual de su partido y rechazar “los pactos en el cuarto oscuro del separatismo”. Su consellera de Hacienda, Ruth Merino, exportavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes y hoy en el PP, difuminó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell todavía más la postura del nuevo Gobierno valenciano al asegurar que el departamento que ahora dirige no tiene una propuesta de condonación de la deuda ni la ha tenido nunca. Algo absolutamente falso, ya que un anterior conseller, el socialista Vicent Soler, además de reiterarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, envió a la ministra María Jesús Montero una carta en la que reclamaba bien explícitamente la quita de la deuda generada por la infrafinanciación, que la Sindicatura de Comptes había evaluado en unos 42.000 millones. “Resulta obligatorio y plenamente justificado proceder a la compensación de la deuda autonómica derivada de la infrafinanciación, a través de un cambio de la titularidad de la misma (de las comunidades afectadas por esta a la Administración General del Estado) o a través de cualquier otro mecanismo objetivo y transparente”, exigía Soler en aquella carta de mayo de 2022. Y era lógico porque la condonación, además, ha formado parte de las reivindicaciones exhibidas en las manifestaciones unitarias de los últimos años en las que todas las fuerzas parlamentarias valencianas, excepto Vox, han reclamado reiteradamente al Gobierno “un trato justo” en esta materia.

Con la madrileña Ayuso tensando el radicalismo ideológico del PP; un líder como Alberto Núñez Feijóo que aglutinó en su momento, cuando era presidente de Galicia, al grupo de comunidades con propuestas sobre la financiación autonómica que enfatizan las medidas para compensar la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población frente a otro grupo, el de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Baleares, que reclama un cálculo fundado en el criterio poblacional, y un socio de Gobierno como la extrema derecha de Vox, que quiere acabar con las autonomías, si no define con claridad su posición, Mazón puede quedar muy pronto convertido en un presidente a beneficio de inventario.