La población ajustada, por fin

Ya hay un documento sobre la mesa. Con unos días de retraso (dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había prometido al diputado de Compromís Joan Baldoví que el “esqueleto” del modelo estaría listo en noviembre), el Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas un borrador para la nueva financiación autonómica. Donde más se ansiaba ese documento era en la Comunidad Valenciana, la peor financiada con el actual sistema, caducado en 2014. Desde entonces, el Gobierno del PP no se atrevió a abrir el proceso de reforma y se limitó a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico para paliar mediante créditos que incrementan su “deuda histórica” el déficit de recursos en las autonomías más perjudicadas. Al Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez le ha costado, pero al final ha dado un paso adelante, y es de justicia reconocerlo.

Ahora, los gobiernos autonómicos se pondrán a hacer cálculos sobre la población ajustada, porque el criterio demográfico se ha situado en el centro de la nueva propuesta, como reclamaban las comunidades de régimen común más perjudicadas por el modelo caducado, que son las del arco mediterráneo, de Catalunya a Andalucía. Dotar de recursos equitativos los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y políticas sociales) es el objetivo. Y corregir esa asignación de fondos mediante ajustes relacionados con la superficie, la dispersión, la insularidad y la despoblación, además de establecer los costes fijos de las zonas más despobladas, será la materia en la que se centrarán el debate y la negociación.

El cambio de criterio que implica colocar la población como núcleo del cálculo ha sido muy bien recibido en la Comunidad Valencia, que ha venido reivindicando esa maniobra desde que el parlamento autonómico asumió una propuesta elaborada por un comité de expertos creado al efecto. No es de extrañar que el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, el socialista Vicent Soler, haya expresado una cauta satisfacción. “Es la variable más representativa de las necesidades de gasto”, ha señalado sobre el criterio de población tras recibir el documento de 240 páginas enviado por el Gobierno. De todas maneras, Soler ha añadido que convocará a los expertos en financiación autonómica y a la comisión mixta Consell-Corts Valencianes para deliberar con los grupos parlamentarios y estudiar a fondo los complejos tecnicismos de la propuesta.

Se abre, pues, una etapa nueva en la que se ha de encontrar la forma de atajar unas desigualdades que el sistema ha perpetuado al mantener en sus sucesivas reformas el statu quo o, dicho de otra forma, los desequilibrios derivados de la desigual dotación económica originaria de las competencias asumidas por unas comunidades autónomas y otras. Eso implicará aportar un mayor volumen de dinero al sistema autonómico en detrimento de la Administración general del Estado para evitar que ninguna autonomía retroceda en términos reales. Pero arrastrar por más tiempo un sistema marcado por una falta de equidad tan patente que ha abierto una brecha de más de 700 euros por habitante entre la comunidad mejor y la peor financiada sería, no solo injusto, sino una fuente creciente de descontento. La más reciente expresión de ese descontento se produjo el pasado 20 de noviembre, en manifestaciones convocadas en Valencia, Alicante y Castellón por todos los agentes sociales y todas las fuerzas parlamentarias, excepto la extrema derecha, en las que miles de valencianos reclamaron un trato justo.

Es cierto que un nuevo sistema de financiación exige un doble pacto: territorial, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de partidos, en el Congreso de los Diputados. Esa doble necesidad de acuerdo cuestiona seriamente la dinámica de bloques y la extrema polarización que marca la escena política en nuestros días, con la dificultad añadida del encaje de una Catalunya que rechaza la negociación multilateral. Implica, en todo caso, ponerse a trabajar en busca de soluciones concretas a problemas reales de gobernanza. Y ante cualquier tentación de boicot haría bien la derecha en recordar que no solo es el gobierno del Pacto del Botánico el que está más que interesado en el cambio, sino también los ejecutivos con presidentes del PP en Murcia y Andalucía. Por si les sirve de algo, escribió Edmund Burke que “toda clase de gobierno está basada sobre compromisos y pactos”.