El Gobierno valenciano aplaude el cambio de criterio en la financiación autonómica y convoca a sus expertos

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, en su despacho. / Jesús Císcar

Al final, el esqueleto apareció al concluir la semana laboral. Rondando las 15 horas del viernes, el Ministerio de Hacienda envió a las comunidades autónomas el documento con la definición del criterio de población ajustada, el elemento que, según el compromiso del Gobierno central, tendrá más peso en el sistema de reparto de recursos.

La propuesta, abierta a las aportaciones de las comunidades autónomas, es la primera piedra en la reforma del modelo de financiación, creado en 2002 y caducado desde 2014, cuya prórroga ha provocado diferencias en el reparto de recursos de más de 700 euros por persona en función del territorio que habite.

Para el Gobierno valenciano la mera reforma es en sí un logro. La autonomía peor financiada del Estado, con un agujero de 1.300 millones anuales en las arcas públicas como consecuencia del modelo vigente, deposita su confianza en la propuesta remitida por Hacienda. En un primer análisis, el conseller del ramo, Vicent Soler, considera una  “victoria colectiva de la sociedad valenciana” que el Gobierno central haya trasladado “por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, una propuesta de criterio de reparto en base a la población ajustada, y especialmente en base a variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos y valencianas".

El esqueleto de la reforma, una propuesta de 240 páginas, incorpora un análisis minucioso y plagado de tecnicismos para calcular las necesidades de financiación de cada territorio. La propuesta de Hacienda ahonda en la descripción de los indicadores que componen la llamada población ajustada, piedra angular del sistema de reparto de recursos. El Gobierno determina que es "la variable más representativa de las necesidades de gasto" y realiza un análisis pormenorizado de los datos estadísticos de las comunidades para proyectar sus necesidades financieras futuras.

Dada la cantidad de tecnicismos, el Ejecutivo autonómico convocará a su gabinete de expertos en financiación autonómica y a la comisión mixta Consell-Corts para deliberar con los grupos parlamentarios sobre las aportaciones al documento.

Soler, contento por el inicio de la reforma, se muestra cauto: “Aunque el criterio de reparto es una de las claves del sistema, no es la totalidad del modelo”. En un comunicado, el responsable autonómico ha señalado que “pese a que es un avance muy significativo, podremos valorar de forma conjunta el impacto real para la Comunitat Valenciana cuando conozcamos el diseño final del sistema”. “Con esta propuesta el ministerio nos ha dado la oportunidad de tener un documento técnico de trabajo sobre el que seguir hablando con todas las autonomías, debatir de forma conjunta la mejor de las propuestas y llegar a un acuerdo que permita que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, se vean beneficiados”, aplaude el responsable de Hacienda respecto al trabajo del departamento de María Jesús Montero.

Hacienda ha analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, que tendrán más peso en el cálculo del reparto. La propuesta incide en la estructura de población de las comunidades autónomas y actualiza los datos demográficos para prever con mayor detalle las necesidades financieras mientras el modelo esté en vigor. Además, incluye medidas correctivas como la superficie, la dispersión, la despoblación y los costes fijos de prestación de los servicios. El documento, recuerda el Ministerio de Hacienda, parte del trabajo de la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación y se debatirá con los gobiernos autonómicos.

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