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Rentas varias

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Las comunidades autónomas de nuestro país cuentan desde hace unos años con unas rentas mínimas para la atención de las necesidades de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Las nomenclaturas y cuantías de las mismas son diferentes en cada una de ellas, en el caso de la Comunidad Valenciana es la renta valenciana de inclusión social. La finalidad de las mismas es la inserción social y para ello se condiciona a itinerarios formativos o laborales, cuya gestión y seguimiento corresponde a los servicios sociales municipales. Los ayuntamientos disponen también de diferentes presupuestos para programas de ayudas económicas de emergencia.

En seis años, las prestaciones sociales destinadas a inclusión han pasado de 20 millones de euros presupuestados a 230 millones anuales, siendo esta cantidad la correspondiente a la última ampliación de crédito autorizada por el Consell en nuestra Comunidad.

Ante esta situación de crecimiento constante, se podría cuestionar: ¿Por qué se asignan recursos para la subsistencia y no para la suficiencia? o ¿si responden a la satisfacción de las necesidades más básicas de la persona?

Desde el pasado mes de junio, se incorpora el ingreso mínimo vital, aprobado por el Gobierno de España, dada la situación de caída de empleo provocada por la pandemia de la COVID. Por otra parte, en estos días se están llevando a cabo unas negociaciones entre el Gobierno y sindicatos para aprobar una ayuda para personas en desempleo.

Todo ello implica necesariamente unos recorridos e itinerarios administrativos constantes para poder optar a la diversificación de ayudas, subvenciones, prestaciones…perdiendo un tiempo y energía innecesaria que se podría invertir en recorridos personales creativos, relacionales, innovadores que procuraran un mayor beneficio y aporte conjunto a la sociedad. Es preciso dejar de pensar en paradigmas de prestaciones económicas para solucionar y dar respuesta a necesidades sociales.

Es este un modelo que ha demostrado su fracaso (así lo muestran las cifras sobre pobreza y exclusión, ver por ejemplo el último informe AROPE (2019) de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que cifra en más de 12 millones las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un 26,1% de la población de nuestro país) al pretender solucionar problemas estructurales con dinámicas individuales y competencialmente por diferentes gestores institucionales.

A nivel de políticas públicas, hacer las cosas mejor implicaría co-gestionar recursos coordinadamente para rentabilizar mejor los resultados, focalizando la atención en la persona, ya que definitivamente son públicos y no pertenecen a ideología política alguna.

¿No fue Aristóteles quien dijo que, si se querían ver cambios, no se podía seguir haciendo lo mismo? Según esto, parece que hay intereses específicos en que la redistribución real de riqueza no se acabe dando.

Con ello, se siguen generando ayudas y prestaciones que mantienen un sistema asistencialista y que perpetúan situaciones de exclusión social. Las preguntas que se podrían plantear serían: ¿si con estos recursos se empodera a las personas y se les hace resilientes para provocar y asumir cambios positivos en sus vidas o si por el contrario se les genera una dependencia institucional, debilitándolos y haciéndolos cada vez más vulnerables a las continuas crisis socioeconómicas que a nivel local y global acontecen cíclicamente? 

¿Se podría pensar que no interesa una ciudadanía proactiva, sino dormida? ¿Que espera y no busca? ¿que se preocupa y no se ocupa?, ¿que se disuelve en su soledad y no se une a su comunidad? Más es mejorar, menos empeorar. 

Según Thomas Piketty, en su libro Capital e ideología, la desigualdad está promovida por razones ideológicas y políticas mucho más que económicas o tecnológicas. Considera el autor que una de las causas para llegar a esta conclusión es que el crecimiento económico de renta y riqueza se concentra en una parte minoritaria de la población. 

Es necesario recordar que fue Keynes quien propuso, en defensa del capitalismo, la necesidad de introducir importantes correcciones al disfrute privado de la propiedad mediante impuestos justos y progresivos que financiaran políticas sociales, como forma de redistribución económica y de contención social y política.

Hablando de fiscalidad, sería interesante responder a la pregunta de cuántas veces más debería ganar un salario máximo en relación al salario mínimo interprofesional de forma que se acortaran las distancias que generan una importante brecha de desigualdad económica.

La necesidad de implantar una renta básica que redistribuya la riqueza y garantice las posibilidades de vivir una vida digna, de forma autónoma e independiente, se hace cada vez más necesaria en países democráticos y de progreso que buscan avanzar en mayores cuotas de justicia e igualdad social, ya que garantiza los derechos constitucionales, “per se”. El Estado se considera corresponsable de esa garantía sin pedir por ello que contribuya de alguna manera proactiva en la sociedad ni penalizándolo por no hacerlo, empequeñeciendo de esta forma a la persona beneficiaria, con el efecto de impedir las propias iniciativas laborales.

Se podría en esa circunstancia, pensar en la posibilidad de que, al disponer de forma justa y redistributiva de una cantidad suficiente para llevar una vida digna, las personas elegirían mantenerse activas innovando y arriesgando más en nuevos empleos, empresas o uniéndose para gestionar bienes comunes en cooperativas donde desde una participación de base democrática y autogestionaria se prestaran servicios a las comunidades que fortalecieran sus tejidos empresariales y sociales. En esta situación, no sería tan importante el crecimiento económico, ya que se focalizaría hacia una extensión redistributiva en una dirección más horizontal y transversal en la que estarían implícitos y explícitos valores como la igualdad, la dignidad, la justicia social y la participación democrática.

Los nuevos horizontes de progreso social y económico tras la crisis de la COVID se deben orientar hacia políticas transformadoras a nivel, social, económico, formativo, de igualdad… que generen esos cambios tan necesarios, que se deben impulsar para satisfacer las nuevas necesidades sociales.

Tal como hemos visto en esta etapa de pandemia, se debe dar valor real a todas aquellas actividades y servicios que se ocupan de la atención a las personas, ofreciendo calidad y dignidad a cambio de recuperación de unos empleos y puestos de trabajo que han sido infravalorados debido, entre otras causas, a su ocupación mayoritaria por mujeres.

Nuevas esperanzas permiten visualizar en lugares tan dispares y distantes geográficamente como Finlandia, Ontario (Canadá), Stockton (California), Barcelona, Kenia, Escocia, Utrecht (Holanda), Reino Unido, Italia e India que ya han puesto en marcha o preparan programas piloto de renta básica.

El avance social necesita de toda la sociedad en su conjunto, no se puede mantener la división entre ricos y pobres, quienes dan y quienes reciben. La mirada ha de ser transformadora, siendo conscientes de que podemos aportar y sumar cooperando para el bien común.

  • María Pilar Rueda Requena es presidenta de la Asociación Valenciana Economía del Bien común (AVEBC).
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Publicado el
28 de agosto de 2020 - 11:34 h

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