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La Comunitat Valenciana tendrá una agencia pública para producir, comercializar y distribuir energía renovable

Imagen de archivo de una instalación de paneles solares

Laura Martínez

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Los grupos parlamentarios que suscriben el Acuerdo del Botánico han pactado este jueves desarrollar su primer punto. PSPV, Compromís y Unides Podem han acordado una serie de medidas de impulso a la transición energética como contrapartida para aprobar el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de Ucrania. El decreto, en vigor desde abril, incluye una batería de modificaciones legislativas que hacían dudar a los socios parlamentarios y que finalmente no se modificarán, atendiendo a la urgencia que supone hacer frente a la crisis energética.

El pacto alcanzado a última hora implica sentar las bases legislativas para impulsar la transición energética, a través de las leyes de Cambio Climático, Economía Circular y la ley de Acompañamiento a los presupuestos y remarca que los proyectos deben pasar una serie de filtros de impacto ambiental, reforzando la protección de los espacios de la Red Natura 2000. El acuerdo incluye desarrollar la Agencia Valenciana de Energía como entidad para la producción, distribución y comercialización de electricidad procedente de fuentes renovables, un compromiso rubricado en 2019 como parte del acuerdo de Gobierno y que, hasta la fecha, continúa donde está: adscrita al IVACE. El primer punto del acuerdo de legislatura define el ente como “herramienta para el impulso de la producción y distribución de energía renovable para las administraciones, los hogares y el tejido empresarial, como paso previo a la creación de un organismo con capacidad para la generación energética”.

La cuestión de la distribución y comercialización de energía, donde existen discrepancias, mantiene el proyecto de desarrollar la agencia paralizado. En enero del pasado año, Unides Podem llevó al pleno una proposición no de ley para crear una comercializadora pública, que no salió adelante porque solo contó con el apoyo de Compromís. Los socialistas se abstuvieron argumentando que “las experiencias públicas de comercialización no son efectivas”, como el caso de Barcelona Energía, que, en palabras del entonces portavoz, Manolo Mata, ha sido un “fracaso” porque “vende la luz más cara que las otras comercializadoras”. Mata, que defendió apostar por otras medidas sociales para reducir la factura, apuntó que “para comercializar, la Generalitat tendría que tener un aval para comprar energía eléctrica, mucho circulante para la gestión y compra, medios técnicos y humanos para atender a los clientes, gestionar los impagos, facturación, gastos contractuales, de publicidad, de riesgo empresarial”.

Soberanía energética y autonomía municipal

El texto que han rubricado los tres partidos este jueves marca que la Generalitat debe fomentar las cooperativas energéticas, las instalaciones de autoconsumo y la preferencia de instalaciones en suelo urbano y urbanizado, para evitar un boom especulativo de plantas solares. La matriz del texto apunta al “establecimiento de una prelación de los suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parque eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola y patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio”.

Del mismo modo, aboga por reforzar la participación ciudadana y de los órganos municipales en la aprobación de proyectos. Así, indica el acuerdo, se establecerán mecanismos que permitan a los municipios “participar en la planificación y ordenación de la implantación de energías renovables en su término. Todo proceso de instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 Mw en suelo no urbanizable exigirán un trámite de participación pública, de acuerdo con aquello que establece el Texto Refundido de la LOTUP. Su resultado será valorado por el órgano sustantivo respecto al grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga”.

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