La 'consulta lingüística' de Conselleria, “tramposa, engañosa e ilegal”
El próximo viernes 19 de diciembre, la conselleria de Educación tiene previsto realizar su controvertida 'consulta lingüística' a los padres de los alumnos matriculados en centros públicos de segundo ciclo de Infantil y Primaria. El objetivo, explican, que definan cuáles son sus preferencias acerca del programa plurilingüe. Se trata de una consulta que no será vinculantes, sino orientativa, ya que será la administración autonómica la que decida la lengua base del centro.
La encuesta se realizará de forma telemática (https://opina.edu.gva.es) y quienes deseen participar deben solicitar a la dirección del centro en el que estudian sus hijos las claves para el acceso al sistema. Además, los colegios deberán poner a disposición de las familias ordenadores con conexión a internet ese 19 de diciembre en el horario general de apertura del centro.
Llamamiento a la no participación
El rechazo ha sido masivo a la consulta “trampa”, según aseguran, de Conselleria. Colectivos como FAPA-Valencia (Federación de Asociaciones de Madres y Padres), la Confederació d'Ampas Gonzalo Anaya, Escola Valenciana y sindicatos como CCOO o Stepv han hecho público su rechazo a esta encuesta y han pedido a los padres que no participen, ya que han asegurado que se trata de “una nueva burla” ya que no cuenta con todas las garantías para su correcto desarrollo, como explicaba la presidenta de FAPA-Valencia, Eva Grimaltos.
En este sentido, ha recordado que las familias ya expresan su preferencia lingüística en el momento de matricular por primera vez a sus hijos, “el resto de consultas son una pérdida de tiempo, ya que no son vinculantes y no podemos decidir nada”. En este sentido, recordaba que se les ha recortado la participación en los consejos escolares, “no entendemos como se limita nuestra participación y ahora tienen tanto interés en una votación que no es vinculante”.
Grimaltos insta a Conselleria a que pregunte a la comunidad educativa “sobre los recortes, la falta de profesorado, los centros por construir... eso es lo que realmente interesa a las familias”. Además, insistía en que la regulación del plurilingüismo por parte de conselleria “viene de lejos” (2012), cuando de las propuestas realizadas por 33 entidades e instituciones conselleria “no incorporó ninguna”.
Pregunta “tramposa, engañosa e ilegal”
Desde Escola Valenciana, además de solicitar la suspensión de la consulta, mostraban sus dudas acerca de la posibilidad de que la conselleria estuviera infringiendo la Ley de Protección de Datos al solicitar datos personales para un fichero no autorizado por la Agencia Española de Protección de Datos.
De igual forma, desde esta entidad denunciaba que al preguntar acerca de si los padres prefieren valencià-anglés o castellano-inglés “no se sabe si están refiriéndose a programas educativos inexistentes o a preferencias lingüísticas en general. Lo que quieren las familias es valenciano, castellano e inglés, sin excluir ninguna lengua. La pregunta es tramposa, engañosa e ilegal”.
Así las cosas, desde Escola Valenciana insisten en que los padres no participen en la consulta porque “no es vinculante, crea confusión -las familias no pueden elegir entre las opciones que se les plantean- y no se ha informado”.
Rechazo sindical
Los sindicatos también rechazan la “falsa” consulta de Conselleria, reiterando los mismos argumentos. Además, consideran que contribuirá a “reavivar” el conflicto lingüístico y creará tensiones entre familias y con los centro educativos; critican que el Consell se “desentiende” de su obligación de cumplir la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià en cuanto a los objetivos de fomentar la lengua minoritaria; aseguran que la consulta es “totalmente innecesaria y no vinculante”; y explican que estamos ante una nueva “premisa falsa que intenta vender a las familias el control sobre la educación de sus hijos pero que sólo pretende conflictivizar la lengua en la Educación”.
“Libertad de las familias”
Por el contrario, desde el PP y desde el Gobierno valenciano defienden la consulta como una “apuesta por la libertad de las familias” para que los padres opinen sobre la lengua base del programa lingüístico de sus hijos, de modo que “podrán emitir por primera vez sus preferencias sobre el idioma en el que estudian sus hijos, aumentando la capacidad de decisión de las familias”.
