El Consell pide a las Corts más tiempo para responder a las preguntas parlamentarias por “sobrecarga” del personal tras recortarlo

Trabajar es un verbo complicado si no tiene sujeto. Es lo que comienza a suceder en la Administración pública valenciana cuatro meses después del cambio de Gobierno autonómico, que se ha topado con algunas dificultades a la hora de llevar a cabo sus tareas por la falta de personal.

La Generalitat Valenciana de PP y Vox, que presume de haber recortado personal asesor, pide ahora a las Corts Valencianes una prórroga en los plazos para las respuestas parlamentarias a la oposición. La razón, según consta en los escritos, es la “sobrecarga de trabajo” en las unidades administrativas de las consellerias, que no pueden recopilar la documentación reclamada en tiempo y forma, y por “la complejidad” de la documentación solicitada.

Las solicitudes de la prórroga de 20 días, previstas en el reglamento de las Corts Valencianes, llegan apenas un día después de que el Consell aprobara una reducción en los asesores. La portavoz del Ejecutivo, Ruth Merino, comunicó el pasado 3 de octubre que se recortaría a la mitad el personal eventual de las conselleries, pasando de los 116 del último mandato a 61 personas para este. El recorte se realiza bajo el argumento de que los asesores son “grasa” de la Administración y buena parte de ellos es prescindible, suponiendo un ahorro de apenas 3,3 millones de euros al año. La petición de más tiempo las Corts se realizó el día 4 del mismo mes.

Los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís han pedido documentación sobre las reversiones hospitalarias y los informes que las justifican, el inicio del curso escolar y las incidencias registradas en el sistema informático, los responsables de formación educativa y licitaciones de la Conselleria de Territorio. Educación, Sanidad, Hacienda y Territorio son los departamentos a los que van dirigidas las preguntas y que alegan la sobrecarga de trabajo. El PP fue especialmente beligerante en su etapa en la oposición con las peticiones de documentación y las preguntas escritas a los consellers del Gobierno del Pacto del Botánico, llegando a acudir a los tribunales por falta de información.