La Generalitat Valenciana pone en marcha el registro de grupos de presión, un catálogo para que los ciudadanos conozcan quién influye en las decisiones públicas

El Gobierno valenciano pone en marcha el registro de lobbies, un catálogo administrativo que obliga a las empresas y agentes privados que pretendan influir en las decisiones políticas a hacer públicas sus pretensiones al contactar con la Administración. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este jueves el texto legal que activa el registro, que estará en vigor a partir de este viernes y será de obligado cumplimiento a partir del tercer mes desde su publicación.

La Conselleria de Calidad Democrática y Transparencia aprobó el pasado noviembre el reglamento de grupos de presión, una medida prevista en los acuerdos de legislatura que pretende reducir la opacidad en las negociaciones de agentes económicos y políticos.

El reglamento obliga a las empresas de consultoría y asesoramiento, despachos de abogados, asociaciones comerciales y empresariales, sindicatos, colegios profesionales y organizaciones religiosas o no gubernamentales a detallar su actividad en un documento público en el que expongan cuáles son sus intenciones al contactar con la administración pública, al margen de los procesos de participación ya previstos en la normativa de tramitación de leyes. Así, serán públicos los lugares y fechas de reuniones, los temas tratados, los grupos de interés participantes, el personal de la administración pública que ha asistido y los informes o documentos que se hayan aportado durante el encuentro.

Por ejemplo, si un grupo de empresas de materiales plásticos o carburantes quiere influir sobre la ley de cambio climático o una mercantil de refrescos sobre tasas a bebidas azucaradas, deberá inscribirse en el registro y detallar sus intereses. Estas empresas deberán aportar información como su presupuesto anual o volumen de negocio relativo a la actividad en la que ejercen interés; es decir: cuantificar su peso económico para valorar su capacidad de influencia política.

Las organizaciones tendrán que facilitar información relativa a su composición y representantes, pero la actividad de influencia deberán comunicarla los responsables públicos, salvo que se trate de presiones indirectas. Así, la responsabilidad de transparencia no recae exclusivamente en la parte empresarial, sino que se concibe como deber de los representantes públicos. En el registro, las empresas deberán detallar si han participado con anterioridad en la elaboración de normas, consultas u otras formas de participación.

El informe sobre la huella de los grupos de interés se publicará en el Portal de Transparencia de la Generalitat GVAOberta y formará parte del expediente cuando se remita para la emisión de informes o para la aprobación de anteproyectos de ley o de proyectos de decreto del Consell.