El Gobierno valenciano calcula en 30.000 las viviendas para hacer frente a las necesidades de la población

La Comunitat Valenciana necesitaría cerca de 30.000 viviendas para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Un estudio de la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana pone cifras a las necesidades habitacionales de los cinco millones de personas que viven en el territorio autonómico y estima que cerca del 80% reside en zonas de difícil acceso a la vivienda.

El departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau considera que existen “necesidades de vivienda urgente” en 242 municipios; cerca de la mitad de la Comunitat Valenciana, y, aunque las carencias se concentran en las áreas con mayor población como las grandes urbes y las capitales de provincia, pone especial énfasis en las necesidades de vivienda en zonas de interior y en la dificultad de acceso de los jóvenes a su primer hogar.

Las conclusiones se extraen del estudio de las denominadas Áreas de Necesidades de Vivienda (Anha, por sus siglas en valenciano), una de las previsiones del decreto que amplía el derecho de tanteo y retracto en la administración autonómica, que incluye la creación de un catálogo de necesidades de vivienda. La orden de las Anha establece que se delimitan “con arreglo a un índice de referencia calculado a partir de la relación que existe entre la demanda y la oferta de vivienda pública en cada uno de los municipios en los que hay disponibilidad de vivienda y/o demandantes ponderado por la concurrencia en el municipio de determinadas circunstancias sociales o físicas”. El fin de la creación de las áreas es crear un índice que cuantifique la necesidad no satisfecha de vivienda pública por hogar y municipio para orientar las políticas públicas, tanto las que buscan garantizar el acceso a un derecho constitucional, como las que buscan paliar la despoblación. La inclusión del municipio en el índice le dará prioridad para poder adquirir vivienda pública mediante compra, haciendo uso del derecho de tanteo y retracto.

Según Dalmau, las cifras, que considera alarmantes, son un imperativo para “revertir las privatizaciones hechas en el parque público de vivienda por los gobiernos que han precedido al Gobierno del Pacto del Botánico, y la consecuente privación del derecho a la vivienda de las valencianos y valencianas”. El vicepresidente segundo cree que se debe “desvincular el factor económico para dejar paso a un derecho social. Si no lo hacemos ahora, la balanza seguirá desequilibrándose en detrimento de las personas más vulnerables”, ha indicado.

Para la creación de los índices se dividirán las viviendas disponibles entre los demandantes por municipio y se tendrá en cuenta el número de hogares totales en cada término municipal. Como variables se introducen si existe un mercado de alquiler tensionado -precio de alquiler alto- y la vulnerabilidad de ciertos espacios, además de aspectos como el riesgo de inundaciones o de sismos por municipios, como sucederá en la Vega Baja por las consecuencias de las pasadas tormentas. “La orden que define las Áreas con Necesidad de Vivienda es una de las más avanzadas del Estado, ya que incorpora criterios que van más allá de lo estrictamente social”, expresa el vicepresidente segundo del Consell.

La construcción, compra y rehabilitación de vivienda pública es uno de los ejes del Pacte del Botànic II y de la estrategia de recuperación de la Generalitat Valenciana. El Ejecutivo autonómico plantea construir 2.400 viviendas con fondos europeos, prepara un plan de rehabilitación de barrios y entornos urbanos con los municipios y los fondos Next Generation EU y ultima un decreto para movilizar la vivienda vacía de grandes tenedores, que acaparan cerca de 20.000 viviendas.