El Gobierno valenciano vuelve a construir vivienda protegida para alquiler social después de una década sin ampliar el parque público

El Gobierno valenciano quiere aprovechar una parte de los fondos europeos para ampliar el parque público de alquiler y presionar a la baja los precios después de una década sin obra nueva en vivienda pública. El conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado este lunes el 'Plan 2.400' para construir vivienda de protección social, con especial interés en los colectivos vulnerables, como jóvenes, víctimas de violencia machista y familias con pocos recursos, uno de los pilares de la “vía valenciana” para garantizar la función social de la vivienda frente a los intereses especulativos.

La ampliación del parque público con alquileres asumibles es “garantía de protección de la mayoría social”, para que “ningún ciudadano pague un peaje abusivo por una vivienda digna”, ha indicado Dalmau en la presentación en el Palau de la Generalitat. El plan prevé una inversión de 293 millones de euros para construir 2.457 viviendas en cinco años, de las que el 50% serán viviendas del parque público de obra nueva y las restantes de cooperativas de vivienda, una modalidad que el Ejecutivo ha comenzado a impulsar en la última legislatura. La Generalitat invertirá 213 millones de euros a cargo de los fondos europeos y los agentes privados la cifra restante, con concursos de suelo en los que podrán participar las cooperativas de vivienda, para edificar sobre 14 solares de su propiedad inmuebles en alquiler asequible con “propuestas innovadoras” para crear “espacios inclusivos y resilientes en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible”, como reclama la Unión Europea. Además de ampliar la oferta, el objetivo es movilizar el suelo disponible para acabar con los solares que parchean el territorio autonómico; el plan movilizará 112.000 metros cuadrados de suelo, repartidos en 53 solares y prevé un impacto económico de 880 millones de euros en los próximos años.

En el acto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha abogado por “soluciones estructurales” a los problemas de vivienda, como el encarecimiento de los pisos o la concentración de la población en las grandes ciudades frente al vaciado de los municipios de interior, además de facilitar la reconversión del sector de la construcción y orientar la gestión urbanística hacia los criterios de sostenibilidad. “Se trata de garantizar ese derecho fundamental de los ciudadanos”, ha insistido. Las viviendas se construirán en las tres capitales de provincia y en Sant Joan d'Alacant, Elche, El Campello, Oliva, Torrent, Borriana, Gandia, Almassora, Alcoi, Benaguasil, Manises, Silla, Torrevieja, Albaida y Alzira. En total, 1.155 viviendas en la provincia de Alicante; 1.110 en la de Valencia y 192 en la de Castellón.

El proyecto, según ha indicado Dalmau, constará de cuatro ejes: promoción desde la Generalitat de vivienda pública; concurso de solares públicos cedidos en derecho de superficie a promotoras privadas para crear vivienda protegida de alquiler asequible -con derecho a superficie por 75 años prorrogables-; concurso de solares públicos para la promoción y gestión de viviendas en régimen de cesión de uso para cooperativas de vivienda -con cesión por 90 años para evitar el uso especulativo-, y proyectos piloto de vivienda sostenible e innovación en la edificación.

El Ejecutivo autonómico ha ido ampliando la oferta de vivienda pública mediante la compra y rehabilitación y, en el último año, haciendo uso del derecho de tanteo y retracto, que da a la Administración pública carácter preferente en las operaciones inmobiliarias. En 2020 la Generalitat adquirió 320 viviendas, de las que 235 fueron por tanteo y retracto, y prepara para verano el decreto de movilización de vivienda vacía de grandes tenedores, con el que pretende sacar al mercado cerca de 20.000 viviendas en la Comunitat Valenciana.