El Gobierno valenciano ante el último tercio de legislatura
En la última sesión de control parlamentario, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, señaló en el calendario este fin de semana como el momento de reflexión para la última etapa de su gobierno. Con el núcleo duro de Presidencia recién reformado, que arroja algunas pistas sobre la agenda política a corto y medio plazo, el Gobierno Valenciano decidirá en su seminario de invierno las líneas sobre las que versará el último tercio de la legislatura.
El Gobierno de coalición de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida celebra semestralmente retiros en los que autoevalúa sus acciones y se fija objetivos e indicadores a abordar a medio plazo. Los seminarios son una forma de mantener vinculación entre los miembros del Consell, pero también de desarrollar los puntos establecidos en el Acuerdo del Botánico, el pacto suscrito entre las cuatro formaciones para gobernar. Esta sesión, celebrada en Altea, deberá marcar sus líneas políticas al margen de la pandemia.
La emergencia sanitaria y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia alteraron la agenda de prioridades del Ejecutivo autonómico desde el segundo año de legislatura, copando las acciones y medidas urgentes. Dos años después, con una campaña de vacunación que ha conseguido las cifras más altas entre las regiones europeas y los datos de empleo apuntando a la recuperación económica, la agenda de las medidas estructurales corre el riesgo de verse casi desnuda.
El Ejecutivo autonómico ha hecho notar sus esfuerzos en Sanidad, Educación y Movilidad, con las reformas de centros de salud y hospitales, el refuerzo de los contratos covid -también en las aulas y en servicios sociales-, el plan Edificant, la línea 10 de metro en Valencia y el título de transporte integrado, así como en en el escudo de protección social, con la renta valenciana de inclusión y las prestaciones sociales unificadas, pero en los cajones de las conselleries aún quedan numerosos proyectos. Ni la ley de áreas metropolitanas, ni la financiación de las universidades públicas, ni la construcción de vivienda pública en núcleos con necesidades residenciales parecen tener visos de aparecer esta legislatura.
En otras acciones, el trabajo se desarrolla de una forma más lenta, atascado entre la burocracia o lapidado por la emergencia social. La Conselleria de Vivienda trabaja en cuestiones con menos visibilidad, como la adquisición de inmuebles mediante el tanteo y retracto, las ayudas al alquiler a jóvenes y familias vulnerables y la regeneración de núcleos urbanos, pendiente de financiación europea. Transición Ecológica impulsa varios proyectos normativos, ayudas para la instalación de energías renovables en edificios públicos y hogares y un plan de regeneración de l'Albufera, también pendiente de los fondos europeos. La ley de Economia Circular y la de Cambio Climático, dos de los proyectos estrella del departamento de Mireia Mollá, se encuentran en trámite parlamentario.
En el campo de la Economia Sostenible, el cambio de modelo productivo se ha topado con baches como la falta de financiación, que se espera compensar con fondos europeos y centra sus acciones en las ayudas a empresas e institutos tecnológicos. En Calidad Democrática y Transparencia, el departamento de Rosa Pérez Garijo ha financiado numerosas exhumaciones de fosas de víctimas del franquismo y acaba de aprobar el reglamento de grupos de interés, una guía de los lobbies que pretendan influir en las decisiones públicas. Esta conselleria tiene pendiente la ley de Gobierno Abierto y pretende impulsar una norma sobre paz y derechos humanos, según anunció la consellera el pasado julio.
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