La justicia considera que los siete becarios del gabinete de prensa de la Diputación de Valencia eran trabajadores

El juzgado de lo social número 8 de València ha condenado a la Diputación de Valencia considera que los siete becarios del gabinete de prensa eran trabajadores de la Corporación provincial. La magistrada condena a la Corporación a “a estar y pasar por tal declaración”, es decir, a considerar la relación laboral con los entonces becarios.

La magistrada estima la demanda de oficio presentada por la Tesorería de la Seguridad Social después de que la Inspección de Trabajo regularizara la situación de los siete becarios por una denuncia del sindicato Comisiones Obreras y considera “se ha producido un supuesto de relaci ón laboral encubierta, en donde se han venido a desempeñar actividades propias de técnicos de comunicación”. La magistrada argumenta que “la clave para distinguir entre beca y contrato de trabajo sea que la finalidad perseguida en la concesión de becas no estriba en beneficiarse de la actividad del becario, sino en la ayuda que se presta en su formación”. Y añade: “El rasgo diferencial de la beca como percepción es su finalidad primaria de facilitar el estudio y la formación del becario y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo o estudio, obteniendo de ellos una utilidad en beneficio propio”.

En julio de 2019 la Inspección de Trabajo dio de alta a los empleados que se encontraban con un contrato en prácticas trabajando para los distintos grupos de la Diputación, del PSOE y Compromís. Según el informe, se daba una “relación laboral encubierta” más que evidente, al no haber aparecido programa formativo alguno. Las personas becadas expusieron durante la visita de la inspección sus accesos a la intranet de la corporación provincial, los correos electrónicos corporativos y sus extensiones telefónicas. De hecho, varias figuraban en el organigrama de la web oficial como personal asociado al gabinete de prensa o de comunicación. Un caso similar se dio en el gabinete de Comunicación de la Generalitat Valenciana, que también fue denunciado ante la Inspección y culminó con la suspensión de las becas de Presidencia.

En las bases de la convocatoria, según recoge el informe de la inspección y señala el sindicato, se apuntaba como requisito para optar a la beca haber superado ciertas titulaciones (licenciatura o grado y máster en Comunicación y Protocolo) y una parte de la puntuación dependía de una entrevista personal, así como de la acreditación de capacidades laborales. Una de las responsables de la Diputación alegó a la inspectora que durante la legislatura se han creado cuatro plazas de técnico de comunicación, pero que no habían podido ser cubiertas todavía por ser “un proceso plagado de complicaciones”. De hecho, recalca la jueza, “no es hasta la fecha del juicio, en la que se dan por primera vez el nombre de dos tutores, pero incluso, uno de los supuestos tutores, Ivan Pérez, manifestó de forma espontánea que actuaba como ”encargado o tutor, o como se le quiera llamar“, añadiendo, que nunca había elaborado un plan de formación porque la comunicación es eminentemente práctica, y que tampoco ha realizado evaluaciones, luego en todo caso, no actuaba como tutor”.

La jueza aprecia que los falsos becarios “realizaban un trabajo propio del gabinete de prensa, lo que no era actividad de formación, pues no hicieron ninguna práctica formativa, ni fueron evaluados, y han estado sometidos a un horario, con un salario y con vacaciones, sin que la prueba practicada por la Diputación haya desvirtuado el contenido del acta de la inspección”. La relación laboral “ha venido a cubrir una actividad ordinaria en la necesidad de mano de obra, que por cierto tiene reflejados en su RPT con puesto de trabajo no cubiertos y vacantes y a tales efectos conviene tener presente que ”Es laboral la actividad que, de no desarrollarse por el becario (persona en formación) tendría que realizarse por personal laboral propio o ajeno“, indica la magistrada.

La Seguridad Social reclamó un importe de 105.700 euros por las cuotas pendientes de estas siete personas. Según explicaron en su día fuentes de la Corporación Provincial, que niegan la relación laboral, cuatro de estas personas reclamaron la equiparación a la categoría funcionarial A1, concretamente al puesto de técnico de comunicación, con una retribución mensual superior a los 2.000 euros. Como becarios, percibían una remuneración de 1.000 euros mensuales.