La ley contra la despoblación incluirá incentivos para la estabilidad de los empleados públicos en los municipios vaciados

El Gobierno de la Generalitat Valenciana buscará incentivos para que los empleados públicos y privados se instalen en municipios rurales como herramienta para luchar contra despoblación. Sobre este eje se desarrolla el proyecto de la ley antidespoblación, que inicia esta semana su proceso de exposición pública y alegaciones ciudadanas, abierto hasta finalizar julio.

Los municipios de menos de mil habitantes representan el 40% del total en la Comunitat Valenciana, una situación a la que se suma que una cuarta parte del total ha perdido población en las últimas décadas. Sobre este contexto trabaja la exconsellera y ahora secretaria autonómica Elena Cebrián, que ha desarrollado un proyecto legislativo que focaliza el grueso de la acción en el empleo y el desarrollo económico sostenible de los municipios.

El anteproyecto de ley prevé una serie de medidas para incentivar la estabilidad de los empleados públicos en las zonas despobladas y garantizar servicios públicos fundamentales. Con esta acción se pretende evitar el vaciado rural, pero también blindar los derechos de los ciudadanos sin discriminación urbano-rural.

Las medidas que se adoptan podrán consistir, según el texto, en incentivos que promuevan la residencia del personal empleado público en municipios en riesgo de despoblación, la creación de bolsas de trabajo territorializadas, o la facilitación de condiciones de teletrabajo entre el personal empleado público que resida en estos municipios. El texto también prevé permitir la discriminación positiva a las empresas que contribuyan a fijar población o mejorar la calidad de vida de las personas en zonas despobladas. Así, en las convocatorias públicas, se priorizarán proyectos relacionados con la transición digital, la transición energética, la conservación y gestión de los valores naturales y del patrimonio cultural y arquitectónico, la recuperación de oficios y saberes tradicionales, las producciones agrarias de calidad, los servicios personales o el comercio local. También la groindustria artesanal, la gestión forestal sostenible, la creación de nuevos circuitos de abastecimiento y comercialización -especialmente los de proximidad-, y la llamada economía de cuidados, que pone el foco en la atención a las personas y la inclusión.

La norma aboga por intensificar la coordinación y colaboración entre organismos existentes y crea un fondo de cooperación para municipios en riesgo de despoblación. Para las medidas económicas, establece una serie de indicadores que obliguen a tener en cuenta una mirada rural y descentralizadora. En el marco de las competencias del Consell, establece que los proyectos legislativos deberán incorporar un informe de perspectiva rural e impacto territorial -como ya sucede con el impacto económico, ambiental o de género- e incluye que en los presupuestos se incluyan formas de medir el impacto de las políticas en la despoblación.

El proyecto normativo crea una comisión interdepartamental para una estrategia contra la despoblación, elaborada a 10 años vista y con al menos dos revisiones, una cada cuatro años, que debe velar porque las políticas públicas tengan una mirada territorial. En materia social, busca reconocer “el impulso, a menudo invisible, de las mujeres para mantener vivos sus pueblos” y remarca la necesidad de romper las brechas relativas a los recursos contra la violencia de género. Asimismo, la norma aboga por incrementar la participación pública en las decisiones y favorecer la recuperación del tejido social, incluyendo los colectivos vulnerables y las personas migrantes.