La oposición de Sanidad y los ginecólogos frena la enmienda para considerar violencia contra las mujeres la violencia obstétrica

Las protestas de los especialistas que intervienen en el parto contra la enmienda que propone incorporar la violencia obstétrica como forma de violencia contra las mujeres han provocado que los partidos que la suscriben planteen su reformulación. Dos dimisiones en las unidades de violencia machista de los hospitales La Fe y el Doctor Peset han incrementado el malestar en la Conselleria de Sanidad frente a un texto que, consideran, criminaliza a los ginecólogos y obstetras.

Los partidos del Pacto del Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, registraron el pasado jueves una enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos para modificar la ley de violencia contra las mujeres e incorporar la violencia obstétrica -la que se da durante el embarazo o el parto-, una equiparación que ha causado indignación entre los profesionales y en la conselleria. La responsable de la comisión de violencia de género del Hospital La Fe ha presentado este lunes su dimisión como presidenta del órgano y carga contra la propuesta, que tendrá que ser debatida en las Corts Valencianes en diciembre. Su homóloga en el hospital Doctor Peset ha hecho lo propio y desde las unidades de ginecología se han difundido escritos de protesta contra la norma, que califican de “injusta”. Sanidad ha trasladado el malestar al grupo parlamentario socialista, donde buena parte de los diputados comparten el sentir de los médicos y abogan por reformular la norma.

Tanto Compromís como Unides Podem recuerdan que la violencia obstétrica está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se abren a repensar el texto. Los socialistas creen que el conflicto está en el encaje legal: “Estamos de acuerdo en que este tipo de violencia existe y en que hay que frenarla, pero hay unos protocolos en los hospitales y una gran tarea de matronas, ginecólogos y enfermeras para que no se produzca”, recalcaba el portavoz del PSPV, Manolo Mata.

En paralelo, el pleno de las Corts Valencianes de este miércoles debatirá una Proposición no de Ley presentada por Compromís sobre la reforma de la Ley estatal del Aborto en la que, entre otras cuestiones, insta al Ministerio de Igualdad a reconocer la violencia obstétrica como violencia contra las mujeres y establecer mecanismos para combatirla. Los tres grupos que suscriben el acuerdo de Gobierno votarán a favor para que sea el Ejecutivo quién aclare los resquicios legales, mientras trabajan para generar una norma de consenso. El debate de este miércoles servirá para determinar las posiciones de las tres formaciones progresistas, unidas en la lucha contra la violencia machista, pero con fórmulas discrepantes para erradicarla en sus distintas versiones. Las enmiendas a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos pueden reformularse hasta el próximo 2 de diciembre. Superado ese periodo, las que no se hayan transaccionado llegarán 'vivas' al pleno del 21 de diciembre, donde se votará el proyecto de ley para 2022.

El conflicto entre profesionales y parlamentarios sobre la enmienda se encuentra en la definición de violencia. La propuesta de reforma de la ley remite a la definición de la Organización Mundial de la Salud que, como organismo internacional, recoge prácticas que se dan en multitud de lugares del globo. La OMS indica que “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos” y realiza una llamada contra “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto”, reconociendo que no hay una definición unánime sobre qué prácticas constituyen esta violencia y el vacío existente en los estudios a nivel global. La OMS subraya que es un derecho de las mujeres embarazas -como de cualquier paciente- “solicitar, recibir y transmitir información, no sufrir discriminación y obtener el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva”.

Es en la parte del cumplimiento del deber de consentimiento informado para las intervenciones en la que más hincapié hacen las activistas que protestan contra esta violencia en España. Los profesionales creen que la ambigüedad del término pueden llevar a que las mujeres que se sientan agredidas durante el parto, aún con las prácticas médicas protocolarias, presenten una denuncia por violencia machista. El colectivo profesional reclama que sea la Conselleria de Sanidad la encargada de revisar los protocolos y establecer mejoras en la tención médico-paciente, consensuado con quienes deben prestarla.