Raquel Tamarit, consellera de Educación y Cultura: “La derecha no quiere que el grueso de niños tengan los privilegios que tienen sus hijos”

Raquel Tamarit, Consellera de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana.

Laura Martínez


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Raquel Tamarit, (Sueca, 1978) es desde hace dos meses consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. La exalcaldesa de Sueca, de Compromís, y exsecretaria autonómica de Cultura, sucede a Vicent Marzà en una de las conselleries con más peso en la gestión diaria. Su departamento es uno de los que más golpes parlamentarios recibe por el decreto de plurilingüismo, el currículo escolar o las políticas educativas, que la derecha tilda de “adoctrinamiento”.

Tamarit, profesora de formación, llega al cargo a dos meses de acabar el curso escolar, en medio de una reforma educativa estatal, y con el foco puesto en mejorar la salud física y emocional de los alumnos, con un plan para detectar y reducir las conductas suicidas entre los niños y adolescentes. Un día antes de realizar la entrevista, aprobaba la expansión del Pla Edificant, con otros 700 millones de euros para realizar mejoras en 264 centros educativos.

Lleva casi dos meses como consellera. ¿Cómo ha sido el aterrizaje?

Ha sido un aterrizaje forzoso. Pero a estas alturas de la legislatura, no podía ser de otra forma. Cuento con la experiencia de tres años en la conselleria como secretaria autonómica de Cultura y Deporte, así que conocía los temas que llevaban mis compañeros. Vengo del mundo de la Educación, es mi entorno natural, pero me ha tocado llegar en un periodo de cambios, que me ha hecho ponerme al día. La verdad es que estoy muy contenta. Cambia mucho la cosa de heredar lo que heredó Vicent Marzà a lo que he heredado yo: una conselleria que funciona con políticas muy potentes en educación, cultura y deporte. Tengo muchas cosas empezadas que tengo que rematar y son mérito de Marzà.

¿Qué queda por completar en el último año?

En diez meses creo que no da tiempo a hacer grandes políticas, que ya están en marcha. Está hecho el Pla Edificant, la gratuidad de las escuelas infantiles hasta los dos años, el banco de libros de texto... Pero hay muchas políticas que hacen falta. Creo que es tiempo de gestos, de la política de las pequeñas cosas. Después de dos años de pandemia el profesorado está agotado y estamos buscando cómo simplificar su trabajo burocrático. El profesor tiene que ser profesor, no burócrata. Tras reuniones con sindicatos, vamos a ver cómo reducir la carga de trabajo documental, que sea una herramienta.

También hay dos cuestiones fundamentales para mejorar el día a día de los alumnos. Hemos detectado un aumento de las conductas autolíticas en las aulas. A pesar de haber hecho protocolos de detección, formar al profesorado y aumentar los orientadores, no podemos dejar de lado que las cifras han aumentado. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de adolescentes que, cuando empezaban a volar, se les han cortan las alas. La educación contribuye a la socialización, y encontrarse así, de golpe, con un cierre en casa, ha comportado muchas cosas en los adolescentes, que están en una edad tradicionalmente complicada. Ya son muy capaces de percibir qué pasa a su alrededor, la situación familiar, y a pesar de las políticas de acompañamiento, hay familias que lo han pasado muy mal.

Apuntó esa intención en su toma de posesión. ¿En qué se concreta?

Hemos pensado en hacer unos talleres de prevención que lo aborden desde una perspectiva positiva. Trabajar con los alumnos, con un equipo de psicólogos, en hacerles ver lo importantes que son para el grupo y para lo sociedad. A partir de ahí, trabajaremos con las unidades de orientación y con el profesorado, con herramientas para que detecten si hay una conducta autolesiva. Es un plan potente, que se tiene que licitar, y empezará este curso en 2º y 4º de la ESO, en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

También trabajamos el acompañamiento en salud emocional y salud en general. En los centros se pone de manifiesto, y así lo transmiten los centros y algunas entidades, que hay alumnos que la única comida que hacen de calidad es en el centro escolar. Incluso algunos alumnos llegan en ayuno. Desde la dirección general de Innovación Educativa trabajan en un proyecto piloto de ofrecer el desayuno en los centros con alumnado más vulnerable, que pueda ser extensible a otros centros.

¿Estos proyectos se hacen con la Conselleria de Sanidad?

Con Sanidad trabajamos en la llamada receta deportiva, un proyecto con fondos europeos que van a formación de personal para garantizar la actividad física en los menores. Trabajamos en compañía de Sanidad, pero este proyecto es nuestro, aunque viene de las conversaciones que tenemos entre departamentos. Es lo que toca. Esa mirada de compartimentos estancos hemos de superarla y trabajar codo a codo. Siempre hemos tenido una perspectiva de conjunto: el adolescente, el alumno, es el centro de la política. Y si hay un sitio en el que están todos los niños es en el colegio.

Es más fácil que el colegio detecte las vulnerabilidades...

Básicamente eso lo hacen los profesores, que tienen que hacer de todo, y los pediatras. El trabajo coordinado es importantísimo.

En julio tienen que presentar los decretos de aplicación de la reforma educativa, la LOMLOE. ¿Cómo van?

El Real Decreto del Gobierno se aprobó a mediados de abril. Aquí lo hemos pasado por muchos foros. Un compromiso que me dejó claro el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, era que el 15 de junio todos los centros tenían que tener el borrador. Ahora solo falta la validación de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, así que los centros ya tienen una visión clara de por dónde va. La Abogacía no cambia la filosofía de la enseñanza, está en el marco de la Ley. Algo positivo que tiene es el enfoque competencial, facultar al alumnado a enfrentarse a la vida a través de distintas asignaturas y con la incorporación de proyectos interdisciplinares. Pretende que los alumnos y los centros sean protagonistas de su aprendizaje. También hay un cambio sustantivo, que creo que se ha malinterpretado, con decir que desaparecen algunas cosas.

Filosofía, música, los exámenes...

Todo desaparece (bromea). Creo que hay que ir con cuidado, porque esos discursos no hacen bien, como en el caso de los suspensos. Es una cuestión lógica: el equipo que debe evaluar a un niño es el que decide si está para pasar de curso o no, más allá de uno o dos suspensos. Es una ley positiva y ojalá durara mucho tiempo. Es un enfoque que a los docentes nos hacía falta, una evaluación continua que siempre hemos reivindicado. También se dijo que se eliminaban los exámenes, y en la ley anterior tampoco figuraban. Permite al alumnado formarse y al profesorado acompañarlo.

El enfoque anterior no es que tuviera unos resultados magníficos, según los informes.

Pues eso... Si hay un ámbito donde hay legitimidad para innovar es la educación.

También tienen en trámite la regularización del personal interino, un problema de la Administración en su conjunto.

Prevemos que, independientemente de las oposiciones, se estabilicen 9.000 personas. Son personas que llevan más de tres años trabajando en la Administración. Son lugares de trabajo, plazas, que hacen falta en la Administración.

¿Al margen de contratos Covid?

Con los contratos Covid se necesitaba garantizar la educación presencial, que requería desdoblar grupos para hacer los llamados grupos burbuja. Ahí entró el profesorado de refuerzo, esos contratos.

¿Va a ser personal fijo?

Hay muchos que pasarán a fijos. No por ser contrato Covid, sino porque hacen falta. La premisa es dar al alumnado la atención que necesita, con o sin Covid. Comparando con el curso 2019-2020, con el plan de mejora, cualquier centro del sistema educativo sostenido con fondos públicos tendrá la misma atención para su alumnado, en función de las características singulares del centro.

¿Tienen previsión de cuántos profesores se incorporarán?

Los centros de primaria han hecho sus propuestas y las alegaciones; en secundaria también estamos revisando las propuestas de los centros. La concreción la podremos dar en septiembre, que es cuando veremos los equipos educativos que necesitan refuerzo. Allí veremos cuántos, de los 5.000 contratados en la pandemia, son estructurales.

El miércoles presentaron la ampliación del Pla Edificant en 700 millones de euros. El jueves, en la sesión de control, la oposición aseguraba que sólo se ha ejecutado un 20% del presupuesto para ello.

La oposición lo primero que tiene que hacer es aprender a sumar. El otro día el PP daba otra cifra. Para construir centros no solo se utiliza el Capítulo 6 del Presupuesto, que son las inversiones directas de la conselleria, sino que está el Capítulo 7, que es el del Pla Edificant. Quiero dejar una cosa bien clara, porque creo que no se entiende. Si ahora das un paseo por cualquier comarca puedes ver 158 centros que se están construyendo. Ni uno, ni dos: 158. También más de 350 centros que en los que se han hecho actuaciones potentes, 38 obra nueva y el resto grandes reformas. Es un plan que funciona. Me gustaría que el PP hablara con sus alcaldes. En Pilar de la Horadada (PP) el alcalde está contentísimo y ha colaborado hasta afinar el último detalle. Y la prueba de que funciona es que los ayuntamientos nos piden más, por eso lo hemos ampliado. De 700 millones que hemos ampliado, ya hay 460 que están a la espera de que deleguemos. Los ayuntamientos saben que si se delega, el centro tiene garantía de que se hace, tienen esos millones comprometidos hasta 2029. Otra cosa es cómo se ejecute; por ejemplo, este año ha habido problemas con los materiales de construcción, pero si no ejecutan el presupuesto este año, tienen la garantía de tener el dinero hasta 2029. Cada año se evalúa si puede ejecutarse todo o no, pero la garantía está. Si no, los ayuntamientos no confiarían. Salvo el de Alicante, que no sabemos qué pasa. Además, los proyectos se adaptan a las necesidades del centro, se adaptan a su realidad. Por orientación, ventilación, por los proyectos que hay en el centro. Cada ayuntamiento delega, tiene un arquitecto que resuelve en función de sus necesidades. No entiendo que quieran hacer sangre de algo que funciona.

Hay otra cuestión polémica, la del uso del valenciano, tanto por el decreto de plurilingüismo como en el requisito lingüístico de los funcionarios. ¿Ha hablado con la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, sobre el tema?

Tengo pendiente hablar con ella, pero estoy segura de que llegaremos a un acuerdo. Ella también lo comentó hace poco. Respecto al plurilingüismo, la obligación de esta conselleria es velar por que todo el alumnado, tenga el bolsillo que tenga, viva donde viva y tenga la realidad sociolingüística que tenga, salga de su centro educativo siendo competente en las dos lenguas oficiales que hay en el País Valenciano y que tenga una mínima competencia funcional en una lengua extranjera. Es un enfoque que va más allá de la enseñanza de una lengua, sino de cómo se hacen las transferencias lingüísticas, que es usándola. Este modelo ha sido puesto como ejemplo de buenas prácticas por la Comisión Europea, poco sospechosa de ser amiga de Marzà. La derecha el problema que tiene es que no quiere que el grueso de niños del País Valenciano tenga los privilegios que tienen sus hijos. ¿Hay alguna crítica a algún colegio que haga inmersión en inglés?¿o en alemán? Resulta que el peligro para el castellano es cuando la lengua que quieres introducir y proteger es el valenciano, que es la lengua de aquí.

Esta conselleria se ha puesto como ejemplo de mestizaje en el Gobierno. Desde la pandemia ha habido una serie de roces dentro del Ejecutivo. ¿Ve posible recuperar la unidad de acción?

Estoy convencida de que es así. Esta conselleria es modelo de que, con voluntad, eso es posible. Este Gobierno ha demostrado que, pese a las diferencias, que son absolutamente legítimas y normales en una coalición, hay una estabilidad que nadie esperaba, incluso en momentos complicados. El mestizaje funcionará y funcionará bien. Mi disposición es que funcione. No entiendo otra política que no sea política útil, que quiere decir llegar a acuerdos. Este Gobierno trabaja para una mayoría social y se merece que seamos capaces de entendernos. Estoy segura de que, independientemente de las diferencias puntuales, todos lo vemos así.

El año pasado se presentó el plan de Cultura para la recuperación. ¿En qué fase está?

Una de las cosas de las que más orgullosa estoy es de cómo ha avanzado ese plan estratégico. Era un plan que venía para el corto plazo y hemos puesto en marcha muchas de las acciones. Necesitamos una recuperación de la ciudadanía y del sector, que lo ha pasado muy mal. Envié un escrito a los ministros Yolanda Díaz y Miquel Iceta hablando de las condiciones laborales del personal de la cultura y ambos han respondido positivamente; de aquí a nada trabajaremos en un análisis para mejorarlas.

El plan se ha hecho con los sectores y las universidades, de forma que la oferta académica es la que el sector demanda. La oficina de internacionalización -otra parte del plan- ya está en marcha, que ha costado muchísimo. Otra demanda era el plan de públicos para la cultura, que estamos trabajando. Me siento muy orgullosa del laboratorio de capilaridad territorial, que hace de interlocutor entre el sector y el territorio, sin perder de vista la autonomía municipal, para coordinarnos todos. Y por último, algo que creo que debemos agradecer mucho al sector de las artes escénicas, es la forma de repensar las ayudas. Implica un cambio de paradigma e incorporar las bienales, que ya podemos poner en marcha. Habrá una para compañías y otra para salas de exhibición.

Otro punto complejo para la conselleria es el museo de Bellas Artes. ¿Van a pedir al Ministerio de Cultura más peso autonómico en la gestión?

Carmen Amoraga, la directora general, está trabajando con el Ministerio. Es muy difícil de gestionar porque es de titularidad estatal pero de gestión autonómica. Creo que la solución para ese museo es avanzar en su autonomía, que se convierta, en cuanto a estructura, en algo como el IVAM o el Instituto Valenciano de Cultura. Creo que el museo se lo merece. Tiene una gestión complicada, hoy por hoy es como si fuera un servicio de la conselleria, como cualquier otro, y se ha de avanzar para ponerlo en su lugar. El trabajo que está haciendo Pablo González Tornel Estamos en el siglo XXI y un museo debe ser abierto a la sociedad. Las actividades que está programando contribuyen a poner el San Pío V donde se merece.

Además del agravio de fondos.

Eso nos da para escribir un libro. Pero sería injusto decir que no se ha avanzado. El Ministerio de Cultura, gracias también a una enmienda de Joan Baldoví, ha aumentado presupuesto. También en el Palau de Les Arts, que ha doblado su partida hasta los dos millones de euros. Sin voluntad del ministerio, no se habría hecho. No es suficiente, y no es un capricho, son dos infraestructuras culturales que están en un nivel top en su programación, y se debe poner en valor.

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