La situación financiera de la Generalitat Valenciana: casi el 90% de la deuda es con el Estado

La situación financiera de la Generalitat Valenciana es, desde hace tiempo, un juego extremo de equilibrio. Lo extraordinario se ha vuelto ordinario, lo eventual ha pasado a ser corriente. Desde hace años, la comunidad que menos financiación recibe per cápita, un hecho que se suscribe año tras año, sufraga parte de sus servicios públicos a través de mecanismos habilitados por el Estado para hacer frente a una crisis -como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)- o en base a la deuda pública. Ello implica que, para que un ciudadano tenga unos servicios acordes a la media estatal, no basta con la aportación ordinaria del Estado, sino que la Administración pública se hipoteca.

Esta situación, que permite a la Conselleria de Hacienda, gestora de los recursos públicos autonómicos, mantener el equilibrio en las cuentas y sufragar diariamente el gasto en educación, sanidad o servicios sociales, para hacerlo equiparable al de otros ciudadanos en otros territorios, implica un efecto perjudicial a largo plazo: cada año el esfuerzo que la Generalitat hace para devolver esa deuda es mayor, agravado por el pago de intereses. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda valenciana asciende a 54.260 millones de euros, que suponen el 48% de su PIB a precio de mercado.

Los informes de distintos organismos, los números internos del Consell, y las evaluaciones técnicas que se han planteado en la reforma del sistema de financiación, caducado desde 2014, coindicen en que la Comunitat Valenciana es la que menos ingresos por habitante recibe con el actual sistema. Y cada vez más organismos vinculan esta falta de financiación con el crecimiento de la deuda, que se ha convertido en un problema estructural. Así lo hacen el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) o la Sindicatura de Comptes, dos instituciones referentes en la política económica del Gobierno valenciano. El primero cifra en el 70% la deuda que se achaca a la infrafinanciación, unos 38.000 millones de euros; la segunda, lo eleva a 42.000 millones desde 2002, introduciendo en este cómputo la falta de financiación general a todas las comunidades autónomas. Además, sus responsables subrayan que el incremento del volumen no se debe a un aumento del gasto público, sino a la suma de una financiación per cápita insuficiente, la falta de recursos previstos en el sistema ordinario de financiación y los intereses que genera la propia deuda.

En la serie histórica del Banco de España se aprecia cómo la deuda valenciana comienza a agrandarse considerablemente en la última década. En 2009, cuando se aprueba el sistema de financiación vigente, la deuda valenciana es de 16.113 millones de euros. Es también el inicio de la crisis económica que daría paso a una etapa de recortes en el sector público. En 2014, cuando debería haberse revisado el sistema de financiación de las comunidades de régimen común, la deuda valenciana era ya superior a los 37.400 millones de euros, y sigue creciendo hasta llegar a los 54.200 millones de euros actuales.

En la elaboración de los últimos presupuestos autonómicos, el departamento que dirige Arcadi España apuntó otro dato relevante: casi el 90% de la deuda valenciana es con el Estado. En concreto, 45.645 millones de euros. En una entrevista reciente, el conseller de Hacienda explicaba: “No tendría sentido cambiar el modelo de financiación si no abordamos el problema de la deuda. Esa mochila que ha ido creciendo y que nos ha permitido incrementar el gasto en políticas públicas y en servicios fundamentales, en un contexto de subida de tipos de interés, nos afecta”. Y añadía: Es una pescadilla que se muerde la cola. Estamos viviendo unos años en los que las comunidades autónomas percibimos ingresos de mecanismos excepcionales; hemos hecho normal lo excepcional, como el FLA, que es un mecanismo extraordinario (...) Queremos empezar a normalizar las vías de financiación de la Generalitat Valenciana“.

La falta de un mecanismo estable de financiación que cubra las necesidades de servicios públicos de los ciudadanos provoca que cada año la elaboración presupuestaria dependa de un nuevo mecanismo extraordinario, un ex machina que resuelva el problema. Los Fondos Europeos, la partida extraordinaria por el Covid o la actitud del Gobierno central en las transferencias corrientes o las inversiones territoriales han permitido ir tomando oxígeno en unas cuentas asfixiadas desde hace años. Por ello, los dirigentes autonómicos valencianos emplazan al Gobierno central y al principal partido de la oposición a poner sobre la mesa un nuevo modelo de reparto de recursos y a condonar la llamada deuda histórica, aquella generada de la falta de recursos ordinarios, como si se enmendara un error de planificación de base.

Este viernes, miles de personas, entre ellas partidos, patronal, sindicatos y el Gobierno de la Generalitat Valenciana, han salido a la calle en Alicante para reclamar la reforma de un sistema que consideran injusto y perjudicial.