Los socialistas frenan a través de Vicent Soler el informe favorable del Gobierno valenciano a la tasa turística

La polémica sobre la aplicación de un gravamen que mitigue el impacto del turismo sobre los municipios valencianos se reactiva. La creación de una tasa turística acordada por PSPV, Compromís y Unides Podem el pasado febrero, que cuenta con pocas simpatías en una parte del Gobierno valenciano, sigue suscitando reticencias.

Los socialistas frenan a través de la Conselleria de Hacienda la postura favorable a la tramitación del gravamen, que será de aplicación voluntaria en los municipios pero requiere de una cobertura legal autonómica. El pleno del Consell de este viernes debía haber tratado el asunto, pero Hacienda retiró el informe previo en la reunión preparatoria del jueves. El departamento que dirigía hasta este viernes Vicent Soler retiró del orden del día el informe de la dirección general de Tributos favorable al gravamen.

El documento es necesario para marcar la posición del Consell e iniciar la tramitación del proyecto legislativo, que se debate en el Parlamento autonómico desde la firma del Acuerdo del Botánico y ha sido fuente de desencuentros. Su retraso ya es sintomático de la posición de una rama del Ejecutivo autonómico, que no oculta su desdén respecto al asunto. Según las fuentes consultadas, Hacienda no dio más explicaciones que las estrictamente formales: que la conselleria que planteaba la norma la retiraba.

La propuesta establece la creación de un tributo a los contribuyentes que permanezcan en un alojamiento turístico y destina la recaudación a políticas vinculadas a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible. El informe, al que ha tenido acceso este diario, apunta que el gravamen ya existe en Catalunya y Baleares, en la mitad de los países europeos y recuerda varios apuntes de Hacienda al respecto en la comisión para la reforma tributaria. “La actividad turística, motor fundamental de la economía en la Comunidad Valenciana, requiere de importantes inversiones y actuaciones de promoción, para lo que resultan necesarios nuevos recursos financieros. La implantación de este impuesto puede generarlos, redundando así en el desarrollo del propio sector”, apuntaba el citado informe, que aboga por alinearse con las comunidades autónomas que han legislado en esta materia. El documento remarca la necesidad de adaptar las consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la norma recurrida en Cataluña, teniendo en cuenta la distribución competencial.