Valencia y Murcia reclaman un fondo de compensación por la infrafinanciación autonómica y el gasto de la pandemia

La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia suman esfuerzos para presionar al Gobierno en la reforma del sistema de financiación, que perjudica especialmente a ambas autonomías ubicándolas a la cola en recursos por habitante. Los responsables de Hacienda de ambas comunidades, las peor financiadas del Estado, han cerrado un acuerdo que reclama al Gobierno central que aumente los recursos para todas las autonomías y resuelva las diferencias cronificadas.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su homólogo murciano, Luis Alberto Marín, han suscrito una declaración por la que instan al ministerio de Maria Jesús Montero, a “la aprobación a la mayor brevedad posible de un nuevo sistema de financiación que garantice la suficiencia al conjunto de las autonomías, la equidad entre comunidades, que aborde el problema de la deuda histórica y que sea diseñado con mayor transparencia y sencillez” así como la creación de un fondo transitorio hasta que se lleve a cabo la reforma del mismo. El acuerdo se establece en los mismos términos que el suscrito un dos meses atrás entre el presidente valenciano, Ximo Puig, y el dirigente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla.

La reunión se ha celebrado en paralelo a un encuentro en Santiago de Compostela de la llamada 'España vaciada', con representantes de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria; y a una semana de que se cumpla el plazo prometido por Montero para presentar un documento de trabajo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Las comunidades mediterráneas (Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana), las peor financiadas del Estado, incrementan sus contactos mientras las de la España despoblada hacen lo propio para defender sus intereses. El modelo mediterráneo reclama que el Gobierno aporte más recursos a todas las comunidades para garantizar sus competencias, reconocidas constitucionalmente, y presiona para que tenga un peso mayor en el reparto de recursos la población ajustada en cada autonomía, mientras que el modelo interior pide compensar la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, que encarecen sus sistemas sanitario, educativo y de protección social. Cataluña, Navarra y el País Vasco juegan en otra liga, mientras que los archipiélagos reclaman medidas que reconozcan la insularidad.

En el acuerdo entre las comunidades valenciana y murciana, los consejeros de Hacienda reclaman al Gobierno el fondo de compensación por el incremento de gasto derivado de la pandemia y un fondo transitorio que equipare los recursos entre territorios hasta que entre en vigor el nuevo modelo. Autonomías como la valenciana han incluído una partida en sus presupuestos que incluye el Fondo Covid, que finalmente ha incluido Junts Per Catalunya en su negociación con el Ejecutivo central. “La pandemia no ha concluido y se ha consolidado un importante gasto social que urge mantener para seguir atendiendo las necesidades sanitarias y socio-sanitarias derivadas de la Covid. No tenemos los recursos suficientes con las aportaciones actuales del sistema de financiación”, cuestión que se agrava en las comunidades infrafinanciadas, ha expuesto Soler, que recalca que los fondos anteriores, en 2020 y en este ejercicio, han supuesto un hecho “sin precedentes en nuestra historia ya que, gracias a la inyección de recursos, todas las autonomías hemos podido afrontar con garantías la emergencia sanitaria”.

“Si no disponemos de los recursos necesarios no podemos mejorar la atención primaria, reducir las ratios en las aulas de nuestros niños y niñas, ni mejorar los servicios sociales de nuestros mayores. (...)  Si no podemos financiar nuestros servicios públicos fundamentales, no tendremos opción de impulsar las políticas industriales, de fomento de la ocupación o de impulso de la inversión, tan necesarias en estos momentos para afrontar la reconstrucción”, ha insistido el conseller valenciano.

Los titulares de Hacienda, del PSPV y el PP, coinciden en que la reforma requiere de un consenso entre autonomías y la mayoría del Congreso de los Diputados. En esta línea, Marín ha insistido en que “el debate sobre la financiación tiene que abordarse desde una perspectiva amplia e integradora. No es una cuestión de colores o signos políticos, sino de poder contar con un modelo de financiación que garantice la viabilidad del Estado del Bienestar en todas las comunidades autónomas y que nos permita impulsar las inversiones y medidas necesarias para superar esta crisis y volver a la senda del crecimiento”.