Ximo Puig pide ahora que la ampliación del puerto de Valencia respete el Pacto Verde Europeo

El PSPV promueve una resolución en las Corts Valencianes en defensa de la ampliación norte del Puerto de Valencia. El expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado socialista, Ximo Puig, que ha esquivado durante dos legislaturas el debate ambiental sobre la ampliación de la infraestructura, paralizada en los tribunales, considera ahora que la obra debe cumplir los criterios medioambientales europeos. La ampliación depende de una declaración de impacto ambiental caducada desde 2007 y sobre la que el Gobierno tendrá que pronunciarse.

Los socialistas valencianos quieren que el Parlamento autonómico manifieste su respaldo a la ampliación, que debe contemplar los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo. La resolución, que insiste en la neutralidad de emisiones y la lucha contra el cambio climático, no menciona la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental para la obra. La propuesta contempla que “deberá prestarse especial atención a la evolución norte y sur del litoral y aplicar todas las medidas compensatorias presentes y futuras, incluidas en el proyecto y exigidas en los procedimientos de autorización”. Puig, quien ha defendido la iniciativa en la sede de los socialistas, ha insistido en que “todas las actuaciones, presentes y futuras, en el Puerto de València deben cumplir de forma estricta los ODS y el Pacto Verde Europeo. Es una exigencia ineludible”.

La declaración de los socialistas insiste en el impacto económico del puerto en la ciudad y el conjunto de la comunidad autónoma, al que dedica más de una decena de referencias, como justificación de la obra. En el marco de los objetivos verdes, contemplan medidas de electrificación del puerto, digitalización y automatización de los procesos, uso del hidrógeno verde y prioridad del tráfico ferroviario.

El dirigente socialista reclama no hacer un uso partidista de la infraestructura, que el PP ha puesto en el foco al considerar que hay un pacto secreto con los dirigentes independentistas y el PSOE para que el puerto valenciano no prospere. Dirigentes populares han realizado afirmaciones en esta línea durante las últimas semanas, como la portavoz del Consell, Ruth Merino, que reconoció que las afirmaciones no se sustentaban en nada más que en suposiciones. Es Compromís quien establece como condición para la investidura de Pedro Sánchez que se revise el impacto de la obra, en el marco de la coalición con Sumar, sin pretensión de reforzar otros puertos.

Respecto a las citadas declaraciones, Puig ha instado a los partidos políticos en “afrontar los retos del puerto de València en un entorno de diálogo, consenso y futuro compartido” y ha señalado que “la utilización partidista y demagógica de este tipo de operaciones supone un grave perjuicio para la imagen y reputación de una infraestructura que debe competir a escala global”. También ha señalado que “la competencia del puerto de València no es el puerto de Barcelona”, sino que “está vinculada a puertos del norte de África más que a otra cuestión”. En este sentido, ha insistido en que “nadie pone entre sus peticiones esta cuestión”.

Durante la misma jornada, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha urgido al Gobierno a aprobar la ampliación, criticando el bloqueo. En la toma de posesión de la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, el jefe del Consell ha subrayado que “lo más urgente” e importante es la ampliación norte del puerto, que “ya no admite más demoras” y “está taponando el desarrollo de nuestra economía y de inversiones privadas que están deseando venir”. “Tan drama es que no haya inversión pública en la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España, como que sea el mismo gobierno el que tapone la inversión privada, porque las dos cosas generan frustración, pero sobre todo generan falta de oportunidades”, ha comentado.

El presidente, que celebra que Generalitat y puerto “vayan de la mano”, considera que “estamos ante un momento crítico” y “de gran encrucijada que, con solvencia técnica, fuera de prejuicios y fuera de falsas polémicas, tenemos que abordar”, ha sostenido, antes de apuntar que si el Gobierno central hubiese estado a favor del proyecto lo habría autorizado.