El PP vota en contra de las reivindicaciones de su acuerdo social
El acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana impulsado por la Generalitat -es decir, desde el poder político- resultó en un acto partidista y autocomplaciente. Para la oposición, además, es un brindis al sol: El PP nunca ha apoyado las principales reinvindicaciones del documento.
Una financiación acorde a nuestro peso y necesidades
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, parece olvidar que el PP en el congreso -incluidos los representantes de los electores valencianos- votó en contra de una propuesta del PSOE para la mejora de la financiación de la Comunidad Valencian en junio de 2012.
El Gobierno acaba de anunciar que no cambiará el modelo de financiación hasta, al menos, el final de 2014. De poco han servido los lamentos, en voz más bien baja, en Madrid. Además, la “secular discriminación” valenciana también incluye a la financiación pactada en 2002 por Eduardo Zaplana y José María Aznar, pésima para esta comunidad.
Corredor Mediterráneo
El grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados también votó en contra en noviembre de las enmiendas presentadas por el grupo socialista para aumentar la inversión en el corredor mediterráneo, la infraestructura que permitiría transportar de manera rápida y eficiente las mercancias valencianas a Europa. Esta reivindicación es clave en el documento impulsado por el Consell.
Inversiones del estado
El PP valenciano ha vuelto a lamentar amargamente los presupuestos generales del estado para la Comunidad Valenciana en 2014, que recibirá inversiones por un 8.15 por ciento menos que en 2013. Fabra, el año pasado, anunció enmiendas para mejorar el primer borrador de presupuestos y cosechó un fracaso sonoro: no obtuvo ni un duro más. Ni siquiera los diputados valencianos del PP le apoyaron.
Apoyo sectores productivos
El acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana pide “un apoyo unánime a nuestra industria y a nuestros sectores productivos”. Nada que objetar, pero lo bien cierto es que la Generalitat está al borde de la quiebra y debe alrededor de 5000 millones de euros a sus proveedores, que, claro, son empresas. ¿No será mejor pagar las deudas que pedir “apoyo unánime”?
