Purga de una abogada, rebaja de la acusación y rechazo a recurrir: así protege el alcalde de Orihuela del PP a sus predecesores acusados en Brugal

La pieza separada del caso Brugal que investigaba el amaño del concurso de basuras de Orihuela y que saltó por los aires tras anular la Audiencia Provincial de Alicante las escuchas, que no por exonerar a los acusados de las presuntas trapisondas, ha tenido una batalla legal subterránea. La acusación particular, ejercida por el ayuntamiento afectado por el mayor caso de corrupción que ha azotado la comarca, ha sido manoseada por los políticos del PP con el apoyo de Ciudadanos que han gobernado tras el cambio de Gobierno en 2015.

Así, mientras Verdes, PSPV y liberales gobernaron la ciudad -entre 2011 y 2015- la acusación particular que debía defender los intereses del municipio en una causa que arrancó en 2006 fue dura y decidida. Junto a la Fiscalía Anticorrupción se encargó de desmontar un caso que acabó con el juicio a dos exalcalde del PP de Orihuela, José Manuel Medina y Mónica Lorente. Tanto, que la primera petición de penas -similares a las del ministerio público- fue muy alta para los políticos populares y los empresarios que habrían colaborado en la causa.

Pero en mayo de 2015 el PP recuperó la alcaldía de Orihuela a través de Emilio Bascuñana y un pacto con Ciudadanos y con ello el poder para influir en la dirección letrada de la acusación particular. El 20 de septiembre de 2016, el propio Bascuñana prescindió de la abogada que había participado en la instrucción y había llevado el caso desde su inicio y optó por un letrado que había trabajado antes para el PP.

Su contrato se firmó sin concurso público y un día antes de que el ayuntamiento adjudicara, esta vez sí en concurrencia competitiva, otro contrato para asistencia letrada penal al consistorio, como denunció en su día Cambiemos Orihuela.

Desde ese momento, la acusación particular levantó el pie del acelerador y en el escrito de conclusiones tras el juicio que se celebró en 2019 matizó ante el tribunal la responsabilidad del exalcalde José Manuel Medina. Reclamó penas menores y puso en cuestión del delito de asociación para delinquir.

La propia sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante llamó la atención a la acusación particular porque existe “una variación fáctica” del escrito inicial de acusación, algo que le sucedió también a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras la sentencia absolutoria a los 34 acusados, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Orihuela ha puesto la guinda a su cambio de actuación. Este pasado 16 de junio, el alcalde Emilio Bascuñana ha aprobado en una junta de Gobierno extraordinaria no presentar recurso de casación al Tribunal Supremo para saber su opinión sobre la validez de las escuchas, que ha sido el argumento principal de la Audiencia Provincial de Alicante para cerrar la causa.