El racismo en la puerta de casa

Cuando la Organización Mundial de la Salud tipificó el coronavirus con epicentro en Wuhan (China) como pandemia, la comunidad china hizo una campaña en la que recordaba: “No somos un virus”. El estado de alarma y el confinamiento trajeron consigo cientos de despidos de trabajadoras domésticas, muchas de ellas migrantes, que, regulares o no, no tenían derecho a indemnización. Con la prohibición de la venta no sedentaria, de los mercadillos, mucha población gitana quedó sin ingresos. En los servicios de delivery se subalquilan las cuentas en las aplicaciones a personas migrantes que asumían el riesgo de trabajar en plena pandemia con escasa protección.

Decenas de colectivos reclamaron la regularización de las 600.000 personas que se encuentran en un limbo legal en España para poder acceder a la sanidad sin temor a ser expulsados y poder solicitar ayudas de emergencia por la pandemia. El cierre del campo dejó a migrantes sin posibilidad de sustento económico. Muchos de ellos viven en infraviviendas o asentamientos. Se quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital. En los últimos años se han sucedido protestas y ataques contra centros de menores no acompañados en distintas localidades, como la paliza a dos jóvenes magrebíes en Dénia. La ultraderecha carga contra los migrantes acusándoles falsamente de agresiones sexuales grupales o atacando a los 'menas', un término que coloca a menores en unas siglas que los deshumanizan. 

El grado de xenofobia en un país es difícil de medir y cuantificar. Existen estudios sobre el nivel de tolerancia de una sociedad, que suelen ser a través de preguntas voluntarias, más cercanas a un estudio psicológico que sociológico. Sin embargo, sí pueden constatarse prácticas institucionales o diferencias estructurales que suponen una discriminación, como el grado de pobreza. La encuesta de condiciones de vida que elabora el INE sitúa el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social en el 23,1% para los españoles, el 47,7% para los extranjeros de la Unión Europea y del 56,0% para las personas extracomunitarias.

Cáritas Valencia explicó el pasado martes en su informe anual que el 61% de los atendidos son personas migrantes: “Nos preocupa la situación de las personas extranjeras ya que la condición de la situación administrativa irregular es uno de los factores claves de exclusión -especialmente en población extracomunitaria-”, señalaba su responsable.

Es complejo tener datos de malas prácticas o prácticas irregulares en un trabajo no regulado; es misión imposible que una persona que no es considerada ciudadana -mal llamada 'sin papeles'- pueda denunciar determinadas prácticas en una comisaría. Las personas que sufren violencia institucional o discriminación laboral suelen tener miedo de denunciar, apunta Paco Simón, coordinador de Igualdad de Trato en Valencia Acoge. Una opinión que respaldan Isabel Cruz y Mar López, responsables de Migraciones y de la federación de Servicios de UGT, respectivamente. 

“Otra forma de racismo es el infrarregistro” expresa Simón, que añade que ·es difícil probar el vínculo laboral“ en casos sin contrato y muchas personas tienen miedo a perder su trabajo o a que se abra un expediente de expulsión si reclaman sus derechos. Las representantes sindicales explican que cuando se tiene conocimiento de casos de abusos laborales ”es muy complicado de demostrar, porque su veracidad siempre está en duda“, como sucede con otros colectivos.

“Hasta que no tienes NIE no te sientes con capacidad de reclamar. Tienes que llegar a unos mínimos de cotización para renovar los permisos. Hay mujeres que tienen hijos a cargo y no tienen otras fuentes de ingresos, temen que sus hijos se quedarán sin estudiar” si toman alguna medida, explica Dolores Jacinto, perteneciente a la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Este colectivo pelea por la inclusión de este trabajo en el Estatuto de los Trabajadores y la adaptación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que España suscribió la pasada década. La mayoría de sus compañeras profesionales son migrantes, muchas de ellas en situación irregular, que denuncian que la ley de Extranjería las aboca a la economía sumergida durante tres años hasta poder formalizar un contrato. Calculan que, de 600.000 trabajadoras -9 de cada 10 son mujeres- el 30% trabajan en B. 

Dolores cuenta que hay mujeres a las que sus empleadoras amenazan con llamar a la policía, que se abusa de las condiciones de las internas, se confunde cuidados a mayores con trabajos de limpieza, se extienden las jornadas a 14 horas y en algunos casos se obliga a llevar un uniforme “como distintivo de clase”, que suele ser extragrande e incómodo para el trabajo. 

El campo es otro de los sectores donde se registran abusos más graves. Según la responsable de Industria de UGT en el País Valencià, gran parte del fraude se comete en empresas de prestación de servicios -las que subcontratan a trabajadores para campañas agrícolas- que declaran cotizaciones muy por debajo de las horas de trabajo realizadas. La discriminación varía por sectores y nacionalidades; por ejemplo, en el caso de la campaña de la naranja, más controlada, el fraude habitual es en la cotización, mientras que en las zonas de huerta la mano de obra no tiene contrato y muchas veces no conoce el idioma, como es el caso de los migrantes de Pakistán.  Además de la barrera lingüística, explica Rosa Benítez, las comunidades suelen moverse mucho, lo que dificulta las denuncias y las inspecciones. “Demostrar la relación laboral es complicado”, dada la temporalidad y la ausencia de documentación, señala la responsable, que considera que “el círculo de precariedad se basa en la desprotección”. En muchas ocasiones, las personas migrantes no conocen las estructuras sindicales y ven a la Policía como un peligro en lugar de una ayuda.

Comisiones Obreras presentó el pasado diciembre un informe sobre el impacto de la población extranjera y migrante en España. Con datos de 2018, señala que el 77% de la población extranjera reside desde hace más de 7 años en España. Y ocupa los peldaños más bajos en la escala laboral. “Salarios más bajos, temporalidad, desigualdad de oportunidades, precariedad y trabajo en sectores y ocupaciones más inestables, caracterizan a la ocupación extranjera”, señaló la representante sindical Lola Santillana.

El estudio refleja que existe una brecha salarial entre la población española y la extranjera, mayor cuando se trata de personas extracomunitarias y mayor aún si son mujeres: en el caso de las personas de origen africano o de países americanos el salario medio es entre un 37% ya 39% inferior. La población extranjera está ocupada mayoritariamente en los sectores más inestables y también en las ocupaciones menos cualificadas, como agricultura, comercio, hostelería y servicio doméstico, con importantes tasas de temporalidad, trabajo a tiempo parcial y rotación en el empleo, destaca el informe.

Esta misma semana se ha presentado el informe anual de CIEs No, la plataforma que lucha por el cierre de estos centros desde hace 10 años, espacios que consideran un agujero negro de los derechos humanos. El informe ha sido presentado cuando se cumple un año de la muerte de Marouane Abouobaida en el centro de la calle de Zapadores, en Valencia, causa bajo investigación judicial. Según el documento, la mitad de personas que pasan por los CIEs tienen menos de 30 años y proceden del Magreb y el África Subsahariana. Durante el pasado año se denunció la expulsión de un interno venezolano con VIH que no tenía garantizado su tratamiento, condiciones deplorables en el centro, se dio una huelga de hambre de 48 horas, se ha denunciado el internamiento de menores y una agresión policial en un coche patrulla. 

La madrugada del 17 de julio de 2018, después días a la deriva y rechazados en distintos puertos del Mediterráneo, el Aquarius desembarcó en España en una operación sin precedentes con 600 personas abordo. Del grupo de migrantes que se quedó en España, 374 solicitaron protección internacional y sólo se han resuelto 66 expedientes, de los que nueve han sido archivados, ocho aceptados y 49 denegados. Los representantes de la asociación Aquarius Supervivientes 2018 explicaron en una rueda de prensa el pasado martes que tras 18 meses con ayuda del Gobierno, ya no están incluidos en el programa de acogida y la tarjeta roja de solicitantes de asilo, que les permite residir y trabajar legalmente en España, les causa problemas para encontrar un empleo. Las empresas y los arrendatarios no conocen la tarjeta y no se fían de la validez legal de documento, negándoles el acceso. Pese a su delicada situación, personas como Félix, nacido en Sierra Leona, trabajan como voluntarios en Cruz Roja Valencia durante la pandemia.

Delitos de odio

Las denuncias y las condenas son la punta del iceberg de la discriminación. No todas las personas que sufren violencia física o abusos laborales se encuentran con posibilidad de denunciar, ni todos los agredidos inician procedimientos judiciales.  Según el Informe del Ministerio de Interior de 2018, entre los denominados delitos de odio la mayor parte son por motivos ideológicos (581 del total de 1.557), pero el segundo grupo lo conforman delitos que tienen que ver con la xenofobia. Exclusivamente como delito de xenofobia se contabilizan 463, a los que se suman 60 por creencias o prácticas religiosas -generalmente ligados al origen de la persona o a la racialización de la misma-. Las amenazas y las lesiones son el tipo delictivo que se da en mayor medida y el 80% de detenidos e investigados por incidentes de “delitos de odio” son de nacionalidad española. La Comunitat Valenciana registró 125 delitos de odio, 48 de ellos por xenofobia, con una tasa del 2,5 por cada 100.000 habitantes. Sobra decir que los informes oficiales sólo recogen los hechos que han sido denunciados.

Según la Memoria de la Fiscalía valenciana de 2018 presentada en las Corts Valencianes, en Castellón se dictó una sentencia condenatoria por un “delito de lesiones con instrumento peligrosos concurriendo la circunstancia agravante de discriminación por razón de raza”; en Alicante, el padre de un menor de etnia gitana denunció a través del Secretariado del Pueblo Gitano a un profesor del colegio al que acusaba de comportamientos racistas respecto de su hijo -pendiente de resolver en la fecha de redacción de la Memoria- y en Valencia, la sección especializada de Fiscalía para la Igualdad y no Discriminación registra mayor actividad. Respecto a las sentencias, en 2018 se dictaron 12 sentencias condenatorias por delito contra los derechos fundamentales. En los Juzgados de Instrucción y de lo Penal 1, se dictó una sentencia por delito de lesiones con agravante de discriminación por motivos racistas, otra por delito de lesiones con la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual y nacionalidad, de conformidad, y otra por delito de amenazas con la agravante de discriminación por motivos de racistas. En 2019, a falta del informe definitivo, se estima que sólo en Valencia se abrieron 40 diligencias por delitos de odio y contra la integridad moral -que agrupa cuestiones étnicas e ideológicas-. La Fiscalía Provincial de Valencia recalca que mantiene reuniones constantes con Grupo de Información de la Policía Nacional, la Policía Judicial, Guardia Civil y Policía Local y que estas muestran un “alto grado de compromiso” con las cuestiones relativas a la discriminación, tanto que la mayoría de procedimientos se abren debido a sus instancias.

La citada Memoria fue la primera en dedicar un capítulo concreto a la trata y la persecución de la explotación sexual. La Fiscal Superior, Teresa Gisbert, la consideró “una agresión a los derechos humanos” y elaboró una radiografía en la que se concluye que las mujeres víctimas de trata suelen ser originarias de Nigeria, Rumanía, Bulgaria Paraguay o Brasil, su nivel socioeconómico y cultural es bajo y llegan a España a través de personas que se ganan su confianza. El perfil coincidía con el explicado por Vivian Nith, superviviente de trata residente en Valencia, que explicó su caso en el especial 'La España de los migrantes' de eldiario.es. 

Alrededor de 600.000 personas en España no tienen derechos. No son consideradas ciudadanas y quedan fuera de toda protección. “No dejar a nadie atrás es un eslogan” sentencia Dolores.