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El servicio Jesuita a Migrantes denuncia que el CIE de Valencia no reconociera a tres menores entre los internos

Una de las concentraciones frente a la puerta azul de Zapadores.

Laura Martínez

Valencia —

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El informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes reclama por décimo año consecutivo el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y aprovecha su vaciado como consecuencia de la COVID-19 para reivindicar que el país puede funcionar sin estos centros. La organización religiosa ha presentado este lunes por videoconferencia su informe, con los datos de 2019, en el que sus grupos de voluntarios han visitado cuatro de estos centros: Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras-Tarifa.

En 2019 el equipo de visitas del SJM en la capital valenciana se entrevistó con 164 internos en 371 entradas al CIE, todos ellos hombres, la mayoría de origen argelino y marroquí. Como sucede en el resto de centros del país, la mayoría de internos son jóvenes: sólo el 5% supera los 44 años de edad. En el caso valenciano no hubo ninguna mujer interna “Todos los internos visitados eran varones: de hecho, el módulo de mujeres fue utilizado más bien para internar a aquellos cuya orden de expulsión estaba relacionada con la previa comisión de un delito”, detalla el informe.

El informe destaca “con preocupación” que de 4 jóvenes que declaraban ser menores de edad, con 16 y 17 años, solo uno fue reconocido, puesto en libertad y trasladado a un centro de protección de menores. El documento denuncia la especial vulnerabilidad de 23 personas en el CIE de Valencia por salud mental, física u orientación sexual. La entidad se manifiesta preocupada por la salud mental de 8 internos “que no recibieron asistencia médica adecuada”, la falta de salud corporal de otras cuatro personas, la situación de los 4 internos que habían solicitado protección internacional, de los 4 que alegaban ser menores de edad (uno solo reconocido) y de los 3 pertenecientes al colectivo LGTBI.

Las visitas de los voluntarios dieron pie a otras actuaciones, entre las que la organización destaca 113 casos se trataba de información sobre el servicio de orientación jurídica en extranjería (SOJE) -36 de ellos fueron puestos en contacto con abogados y otros 14 que requirieron de servicios de interpretación-, se puso a 22 en comunicación con familiares en España u otros Estados miembros UE (20 en los países de origen) y se derivó a 3 personas a entidades LGTBI.

El servicio jesuita destaca tres casos con gravedad: “Uno de los solicitantes de protección, argelino, tenía su expediente en Alemania y llevaba más de un año sin renovar su documentación. Otro, ucraniano, tenía su expediente en los Países Bajos y pesaba contra él una orden de expulsión de Noruega y prohibición de entrada. Uno de los solicitantes tenía además la condición de LGTBI. Cabe destacar el caso de un interno argelino con una pierna amputada y un brazo sin movilidad por un accidente. Internado por entrada ilegal, no recibió la asistencia médica adecuada en el CIE”, denuncia. Además, recuerda el caso del joven marroquí que se suicidó en el centro de la calle Zapadores, que desencadenó una actuación sin precedentes del juez relativa a las medidas de aislamiento, situación en la que se produjo la autólisis. A raíz de a muerte del joven, el juez limitó considerablemente las condiciones de aislamiento, obligando al centro a informar a la familia y estableciendo “controles periódicos sobre la evolución y situación física y emocional del interno hasta su salida del CIE de Valencia, y enviarlos tanto al director del centro como al juzgado de control para que puedan adoptar las medidas adecuadas”.

En 2019, según los datos de la organización, fueron internadas 6.473 personas, de las que 3.871, el 60%, fueron repatriadas, 2.513 puestas en libertad y 89 salieron de los centros por otras circunstancias (como traslados o fallecimiento). Solo un 10% vieron admitida a trámite su petición de asilo. Respecto al año anterior, se redujeron ligeramente tanto los ingresos como las 'devoluciones': 7.855 y 4.582, respectivamente. En 2019 solicitaron protección internacional en estos centros 2.164 personas (el 33,43 % del total de las internadas).

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