Trucos de magia y paraísos fiscales

La presidenta del banco Santander, Ana Patricia Botín, fue elegida este año por la revista Fortune como la mujer más poderosa e influyente del mundo en el ámbito de los negocios. Desgraciadamente, el banco que ella dirige tiene el deshonor de ser la empresa del IBEX 35 con mayores filiales en paraísos fiscales.

Según el informe “Quien parte y reparte” de Oxfam publicado el pasado octubre de 2019, de las 805 filiales de las empresas del IBEX 35 radicadas en paraísos fiscales en 2018, el Banco Santander es con diferencia el que más filiales tiene (207), a gran distancia de las siguientes en el ranking, ACS (102) y Repsol (70). Bien podría aprender la presidenta del Banco Santander de la competencia, ya que el banco BBVA, a pesar de mantener todavía 42 filiales, ha realizado un esfuerzo importante en este sentido, reduciendo un 33% su presencia en estos territorios. Cabe destacar también el esfuerzo de Repsol y Arcelor Mittal, que han reducido la presencia en un 14%.

El destino preferido del IBEX 35 es Delaware (EEUU) con 352 filiales, seguido de Holanda (119), Irlanda (75) y Luxemburgo (56).

Si bien las filiales en paraísos fiscales tienen su lógica cuando se lleva a cabo una actividad económica en estos territorios, muchas empresas crean verdaderos entramados empresariales con el único objetivo de evitar pagar impuestos. Diferentes prácticas utilizadas como la deslocalización de activos intangibles, distorsionar de forma abusiva los precios de transferencia o los préstamos intragrupo, son prácticas legales que pueden ocasionar un impacto tributario (y, por tanto, social) muy perjudicial. Algunos los llaman trucos de magia y otros fraudes legales.

El estudio mencionado anteriormente, calcula que 13.000 millones de euros de beneficios empresariales son desviados hacia paraísos fiscales (principalmente Holanda, Luxemburgo e Irlanda), ocasionando una pérdida tributaria en España de 3.250 millones de euros, el 13% de la recaudación del impuesto de sociedades. Menudo coladero… El estudio también destaca la brecha de 2018 entre el incremento de la recaudación fiscal del Impuesto de Sociedades (7,3%) y el incremento en el resultado positivo reportado (12,9%). Esto no es una cosa puntual de 2018 sino una tendencia consolidada, pues a pesar de aumentar los beneficios de las empresas, cada vez tributan menos por ellos.

En los últimos años se está debatiendo mucho sobre la necesidad de reformular el Impuesto de Sociedades. En 2018 se recaudaron 24.838 millones de euros frente a los 44.823 millones que llegaron a ingresarse en 2007, y eso a pesar de que en 2018 se sobrepasó el nivel de beneficios alcanzado justo antes de la crisis. Los datos publicados por la Agencia Tributaria son impactantes: Las grandes empresas habrían tributado en 2017 al 7,7% (tipo efectivo sobre los beneficios mundiales) y las entidades financieras al 2,68%, frente a las pequeñas y medianas empresas, que lo hicieron al 18,37% y 14,07% respectivamente.

Es cierto que existe debate en cuanto a los datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la recaudación del impuesto de sociedades. Por un lado, la propia Agencia Tributaria y el Gobierno destacan la recaudación sobre el resultado contable positivo (simplificando, sobre los beneficios mundiales). Por el otro, la CEOE insiste en que se debe tener en cuenta la recaudación sobre la base imponible (que recoge deducciones y descuenta beneficios obtenidos en el extranjero, créditos fiscales o bases imponibles negativas), lo que dejaría el tipo efectivo de las grandes empresas en el 19,93%. Precisamente, el problema radica en las dificutades para tener una respuesta clara, pero lo que sí que está claro es que el impuesto de sociedades debe reformarse inmediatamente. ¿Y por qué debe reformarse? Porque la internacionalización, la competitividad fiscal mundial y la ingeniería fiscal entre otros factores, han permitido a las grandes empresas beneficiarse de los fallos en los sistemas impositivos para reducir de forma considerable la parte correspondiente de impuestos a pagar. No resulta comprensible que Netflix, por ejemplo, con más de 2 millones de usuarios pague tan sólo 3.146 € en impuestos, el equivalente al IRPF de una persona trabajadora que gana 24.000 € al año. Es una verdadera vergüenza. En el caso de las empresas tecnológicas no podemos hablar de trucos de magia sino de pura magia negra.

Estas prácticas son totalmente injustas para el resto de empresas que pagan su parte correspondiente de impuestos y no pueden competir en las mismas condiciones que aquellas que los reducen de forma agresiva. Además, la reducción de la recaudación repercute negativamente en los ingresos del estado y, por tanto, en la financiación de los servicios públicos como el sistema sanitario o educativo, la justicia o las inversiones en infraestructura. Todo ello, incide directamente en la sociedad aumentando los desequilibrios y la desigualdad social.

Se requiere una reforma inmediata para que las grandes empresas tributen donde generen la actividad económica, regulando deducciones y beneficios fiscales para que paguen su parte correspondiente, sin lugar a dudas. A su vez, todas las empresas deben operar ejerciendo un liderazgo de responsabilidad social que disminuya las desigualdades como ya hacen algunas de las grandes empresas. No debemos olvidar que aquellas sociedades que reparten de forma justa la riqueza y protegen la equidad, no sólo permiten que la economía funcione mejor, sino que favorecen el bienestar social y la convivencia. La justicia fiscal es un derecho del que no podemos prescindir por más tiempo.