Una tasa turística para València que contribuya a mejorar la vida de sus vecinos

La temporada veraniega y el aumento del número de visitantes han puesto sobre la mesa el debate sobre los efectos posivivos y negativos, económicos y sociales, que tiene el turismo y, colateralmente, el sector servicios. Esta discusión no es exclusiva de la ciudad de València, sino que en otras capitales del arco mediterráneo como Barcelona, Venecia o Dubrovnik los vecinos también vienen mostrando su malestar con un modelo turístico que, en definitiva, consideran insostenible y que ha llegado a su límite. Hace pocos meses el propio Ayuntamiento de València celebraba haber recibido en el año 2016 la cifra de 2 millones de turistas y 4,5 millones de pernoctaciones (cifra que no incluye las pernoctaciones en apartamentos turísticos irregulares); y daba unas perspectivas para 2017 de alcanzar casi 5 millones de pernoctaciones superando, así, los registros de la America’s Cup de 2007.

De estos datos se ha de concluir necesariamente que, por una parte, el sector turístico (que, no olvidemos, constituye a nivel autonómico más del 13% del PIB) se encuentra plenamente recuperado y, además, esta aumentando su rentabilidad a pasos agigantados. Así lo señalan todos los indicadores económicos: ya sea el elevado número de hoteles y apartamentos turísticos que se están construyendo y abriendo (al menos hay 35 licencias tramitándose en el Ayuntamiento de València) o ya sea por los propios informes y reports económicos del sector (como el Análisis del Sector Hotelero Español de la consultora Magma HC de febrero de 2017 que señalaba que en València el ingreso por habitación aumentó un 15,2% frente al 2,1% de la media europea), todos los datos indican la recuperación y rentabilidad del sector.

Y, por otra, este aumento del número de visitantes -que parece no tener fin- plantea una serie de conflictos y cuestiones a resolver para que València no “muera de éxito” turístico y pierda el equilibrio entre el derecho a la ciudad y habitabilidad de sus vecinos y el derecho al disfrute y la visita de los turistas, con sus efectos económicos y sociales positivos.

El sector, si quiere dar respuesta a este aumento de la demanda y a esas casi 5 millones de pernoctaciones que se esperan para 2017, parece evidente que va a necesitar de más servicios turísticos y más plazas de alojamiento: servicios y plazas, se ha de insistir, que son totalmente rentables económicamente. Y este aumento paulatino y permanente del número de turistas y del número de serivicos que se les ofrecen, indudablemente, tiene efectos en la calidad de vida de los vecinos tanto por las molestias que puede causar una saturación de visitantes en barrios residenciales como por el presumible aumento del precio de la vivienda que conlleva el destinar más inmuebles al alquiler turístico en vez de al convencional (ya hay estudios que señalan que puede ser hasta un 50% más rentable, como el informe de la Unión Hotelera de Valencia del pasado marzo).

Vistos los datos y el contexto, la cuestión que ahora se plantean vecinos y gobiernos autonómico y local de nuestra ciudad y otras a las que afecta el mismo problema es, por una parte, si existe un límite de turistas que València puede recibir; y, por otra, hasta qué punto los beneficios “económicos” del turismo repercuten en sus vecinos y son mayores que los efectos negativos “sociales” que implica. Es decir ¿el turismo, digamos, mejora “de verdad” la calidad de vida de los vecinos? ¿Conlleva mayores –y mejores- oportunidades laborales? ¿Implica una mayor recaudación del municipio que derive en una mejora de las infraestructuras y servicios a sus ciudadanos?

Paralelamente a la aparición de este debate, a finales de julio de este año los medios se hicieron eco de la propuesta del comité de expertos para la reforma de la financiación local del Ministerio de Hacienda (que precisamente estudia la urgencia y necesidad de los municipios en mejorar su financiación) de establecer una tasa turística que cada ayuntamiento podría o no implementar voluntariamente, en tanto los municipios son perfectamente autónomos para incorporar este tipo de tasas con independencia de que sea una materia de competencia autonómica.

En nuestro entorno, la tasa turística de pernoctación existe en prácticamente todos los países europeos donde el turismo es un sector económico destacado (bajo el nombre de Tassa di soggiorno en Italia o Bettensteuer en Alemania, por citar solo dos ejemplos); en España se aplica en Catalunya desde 2012 y Les Illes Balears desde 2016 (impuesto autonómico con parte de la recaudación que va a parar a los municipios); y se está debatiendo su aprobación en otras regiones y ciudades como Madrid, Sevilla o San Sebastián con, al igual que València, la oposición total de hoteleros y empresas turísticas en base a –según dicen- la no recuperación del sector tras la crisis y su escasa rentabilidad.

La tasa turística es un impuesto que puede ser aprobado por un gobierno estatal para todo el país (Francia o República Checa), por el gobierno autonómico para cualquier pernoctación en esa región (Catalunya o Les Illes Balears) o por el local exclusivamente para ese municipio (Florencia, Gante o Lisboa); que generalmente grava a todo tipo de alojamientos sea en hotel, albergue, camping o apartamento turístico; de cuantía fija (Lisboa o Praga), fija y diferente por calidad del alojamiento (Bruselas o Roma) o proporcional al coste (Berlín, Viena o Ámsterdam, con un 5% del coste de la pernoctación); y cuya recaudación es finalista para objetivos medioambientales (ecotasa de Les Illes Baleares) o promoción turística (Catalunya).

En en los últimos años, a nivel autonómico la Agència Valeciana de Turisme ha rechazado su implementación por ser una medida que no cuenta con la aprobación del sector y las empresas hoteleras y turísticas; y a nivel local la teniente de alcalde de València Sandra Gómez primero, y el alcalde Joan Ribó después vienen manifestando desde agosto de 2017 su voluntad de establecer una tasa turística de pernoctación que grave, al menos, a los apartamentos turísticos.

La reapertura del debate sobre la implementación de una tasa turística y la voluntad, esta vez sí, del equipo de gobierno municipal en aprobarla, suponen una oportunidad excelente para dar un importante paso en esa dirección de lograr un equilibrio entre vecinos y visitantes; y para que, además, las fuerzas progresistas puedan mostrar claramente su compromiso social. Teniendo en cuenta que la tasa turística suele ser un impuesto finalista ¿por qué no aprobar una tasa turística cuya recaudación se destine íntegramente a servicios sociales o similares del municipio? ¿Qué mejor forma de que los beneficios que el turismo produce en València repercutan directamente en la vida de sus vecinos? ¿Cómo pueden instituciones públicas, sociedad civil y sector turístico prevenir y paliar los efectos negativos que por molestias y especulación inmobiliaria está teniendo el turismo en ciudades como Barcelona y que puede, en pocos años, “explotar” en València?

Una posible propuesta sobre la tasa turística, basada en la experiencia y lo que están haciendo otras ciudades de nuestro entorno, puede ser una tasa que:

1- Para todo tipo de alojamientos y que se pague por cualquier pernoctación. Ya sea en un hotel, albergue, camping u apartamento turístico: también para cualquiera que duerma en un “AirBnb”, aunque se alquile solo una habitación y no el piso entero. Una tasa turística solo para pernoctaciones en apartamentos y no en hoteles puede plantear dudas en cuanto a su legalidad y ser una barrera a la competencia no justificada;

2- Flexible y proporcional al coste de la pernoctación cumpliendo, así, con el principio tributario de capacidad económica. De forma que la cuota de la tasa es más alta o más reducida en función de lo que el visitante paga por el alojamiento (ligando el impuesto al precio pagado, con independencia de la calidad o temporada), siendo necesario realizar estudios para determinar el porcentaje a cobrar;

3- Como impuesto finalista destinado a financiar servicios sociales de la ciudad, ayudas al alquiler de jóvenes o colectivos vulnerables y similares. De forma que una pequeña parte de los beneficios del turismo repercutan directamente y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Conviene no olvidar, por una parte, el enorme potencial recaudatorio de la tasa turística, donde simplemente con el cobro de un euro por pernoctación y teniendo en cuenta las casi cinco millones que se espera alcanzar en 2017 el Ayuntamiento de València ingresaría otros tantos millones de euros. Y, por otra, su sencillez operativa, donde cada alojamiento turístico estaría obligado a cobrarlo al visitante e ingresarlo en las arcas públicas, con independencia de ser hotel, apartamento turístico o hasta touroperador.

En tal sentido, ciudades como París o San Francisco (donde nació la plataforma digital) han firmado convenios con proveedores de apartamentos turísticos como AirBnb por los que es la propia plataforma la que en el mismo moento y factura en la que el visitante paga el precio del alojamiento y la comisión de la plataforma, paga el importe de la tasa turística para, a continuación, transferirlo al municipio. La colaboración entre administraciones públicas y plataformas de alojamiento es inevitable, positiva, y cuanto antes llegue mejor, siendo un ejemplo la ciudad de Nueva Orleans, donde AirBnb ha aceptado permitir únicamente alojamientos que tengan licencia y ceder sus datos al gobierno local. Esta colaboración entre plataformas y gobiernos locales permite, a su vez, la supervisión, control y cierre del total de apartamentos turísticos irregulares y se completa también con la cesión de datos en al ámbito fiscal y laboral en tanto un apartamento turístico no puede basar su rentabilidad en incumplir la normativa, evadir obligaciones fiscales o no respetar los derechos laborales.

No obstante, en una economía de libre mercado como la actual donde cuando aumenta la demanda de un bien sube su precio, y teniendo en cuenta el constante aumento de la demanda/necesidad de alojamientos turísticos y su rentabilidad, como mínimo, mayor que el alquiler convencional, no parece que la aprobación de una tasa turística y el cierre de apartamentos irregulares sea suficiente para frenar el que, a mi entender (y a falta de análisis y datos de profundidad que confirmen o no esta “intuición”), puede ser el gran efecto colateral y problema derivado del turismo que nos repercuta especialmente a los jóvenes y colectivos vulnerables (en tanto no-propietarios): la subida del precio de la vivienda y las dificultades de su acceso.

Máxime teniendo en cuenta que, a diferencia de la búrbuja del ladrillo de 2007, parte de la actual reactivación del sector inmobiliario no se basa en “dinero crediticio” derivado de la facilidad de acceso al crédito (los bancos concedían hipotecas por el 100 o 120% del valor de tasación con mucha facilidad) pues actualmente la ley y la banca muy raramente conceden una hipoteca por más del 80% del valor de compraventa y siempre necesitando de aval y otras garantías. La actual reactivación parece basarse, más bien, en “dinero real” y en la alta rentabilidad como bien de inversión en que se ha convertido la vivienda turística. Estas dinámicas, que ya son más que visibles en ciudades como Madrid o Barcelona, sugieren la necesidad a las administraciones públicas valencianas de rediseñar e implementar una política de vivienda que sea capaz de dar respuestas a los problemas de acceso y habitabilidad que, muy posiblemente, van a crecer en los próximos años en València.

Basta recordar, en este sentido, que el Govern del Botanic autonómico (de igual signo político al Govern de La Nau de la ciutat) aprobó hace apenas 6 meses la Ley 2/2017 de Función Social de la Vivienda , que establece como fundamental el derecho a “disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada”, siendo obligación de “el Consell, las entidades locales y demás instituciones públicas” garantizar la satisfacción de ese derecho. ¿Qué políticas públicas van a diseñar e implementar esas instituciones gubernamentales en los próximos años para hacer frente a los potenciales problemas de acceso a la vivienda derivados de la alta rentabilidad de los alquileres turísticos frente a los alquileres convencionales?

Una tasa turística cuya recaudación permita ayudar a jóvenes y colectivos vulnerables a acceder a la vivienda puede ser una primera respuesta, aparte de otras posibles medidas como la limitación cuantitativa o por distritos del número de apartamentos turísticos (¿qué va a pasar con los inmuebles que ya tengan licencia de apartamento turístico?), límites a la subida del precio del alquiler o construcción de más vivienda pública.

Conviene no olvidar que el éxito de València como destino turístico no es casual ni se debe solo a la calidad de sus establecimientos hoteleros ni servicios turísticos, sino al atractivo de una ciudad que han construido sus ciudadanos y gobernantes durante décadas. Parece justo que, además de mantener el equilibrio entre el “derecho al disfrute” de los visitantes y el “derecho a la ciudad” de los vecinos, la actividad turística contribuya a mejorar su calidad de vida.