“Me amenazan a diario y me han ofrecido 1.800 euros para que deje mi casa”: una mujer denuncia el acoso de un fondo buitre en València

“Me han llegado a llamar cinco veces un mismo día para decirme que me vaya de mi casa o que mandarán a una empresa que me sacará a rastras de los pelos y me han ofrecido hasta 1.800 euros, pero no me pienso ir, esta es mi casa”.

María Fernández ha dicho basta a la situación que viene viviendo los últimos dos años y de la mano de  la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València presentará este jueves una denuncia contra el fondo de inversión Promontoria Coliseum en virtud del decreto valenciano contra el acoso inmobiliario.

La mujer pidió una hipoteca hace 22 años para comprarse su actual vivienda ubicada en el barrio de la Fontsanta de València hasta que su hijo, quien pagaba las cuotas, perdió el trabajo y dejó de pagar. Entonces llegó a un acuerdo con el Banco de Sabadell por el cual el banco se quedaba con la vivienda, liquidaba toda la deuda, pero seguía viviendo en ella en virtud de un contrato de alquiler social, primero de tres años y después renovado de año en año, por el cual ha abonado 103 euros al mes.

Sin embargo, la vivienda como tantas otras de esta entidad financiera y de otras, pasó a manos del mencionado fondo, momento en el que llegaron los problemas, puesto que desde el primer momento se negó a renovar el contrato de alquiler a pesar de que María siguió pagando varios meses.

“Me dijeron que dejara de pagar porque no iba a servir para nada ya que el contrato no se iba a renovar porque dicen que quieren poner en venta la vivienda, cuando otras dos viviendas de mi mismo edificio están vacías. De hecho, el dinero que aboné los meses que no se renovó el contrato no me lo han devuelto. No quiero vivir de gorra, y entiendo que el alquiler es bajo, podría pagar un poco más dentro de mis posibilidades, pero no me voy a mover de mi casa porque vivo con mi hijo, con sus tres hijos, con otra hija y los fines de semana viene mi otra hija también con sus hijos y no tenemos dónde ir, menos al precio que están los alquileres; la administración tampoco me ha ofrecido una alternativa de momento”, explica.

El fondo de inversión denunció a María y se dictó orden de lanzamiento para el pasado 29 de junio, aunque de momento ha quedado aplazado por la ayuda jurídica de la PAH.

El suyo es el sexto caso de acoso inmobiliario que llega al Gobierno valenciano en virtud del nuevo decreto contra el acoso inmobiliario impulsado por la Conselleria de Vivienda del exvicepresidente Héctor Illueca, que entró en vigor el pasado 28 de febrero tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Este decreto sanciona con hasta un millón de euros el acoso inmobiliario que ejercen los fondos buitre cuando compran un edificio para lograr que los inquilinos acaben por abandonar la vivienda.

La PAH pide al PP que se limiten los alquileres

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defendieron este martes que el nuevo Consell aplique la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y mantenga los decretos de tanteo y retracto, el de movilización de viviendas vacías y el que crea la Unidad de Ayuda ante el Desahucio y penaliza el acoso inmobiliario. Igualmente, han reivindicado que València y su área metropolitana sean declaras 'zonas tensionadas' en aplicación de la Ley de Vivienda.

Así lo manifestaron en una rueda de prensa en València los activistas de la PAH Ismael Sanz, José Luis González y Paco Martínez, que hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que en las elecciones generales del 23 de julio vote a “opciones progresistas” que “defiendan el derecho a la vivienda”.

Ambos defendieron que “de ninguna forma se tire atrás la Ley de Función Social de la Vivienda, como Vox lleva en el programa”, y subrayaron que “no hay ningún gobierno que tenga razones” para retirar el decreto de tanteo y retracto, el de movilización de viviendas vacías y deshabitadas y el decreto 3/2023 que creó la Unidad de Ayuda ante el Desahucio.

Los integrantes de la PAH explicaron que un día después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de València, con María José Catalá (PP) como nueva alcaldesa, la plataforma solicitó una reunión con ella y que mantendrán un encuentro este miércoles con el concejal Juan Giner, que tiene delegadas las competencias de Urbanismo y Vivienda.

Los activistas, que valoraron positivamente que vaya a mantenerse esta reunión, expondrán que se deben declarar zonas tensionadas en València y su área metropolitana, donde “no se encuentran ya viviendas por debajo de los 650 euros” de alquiler mensual. De este modo, reclamarán al PP que “no haya política de partido contra partido” o de “hacer esto porque lo han hecho otros partidos”.

Respecto al anuncio de Catalá de dar de baja del padrón a quienes hayan okupado una vivienda, aseguraron que “el Ayuntamiento no tiene competencias más que en aquellos casos tasados por la Ley del Padrón”, y no en “cuestiones de propiedad del arrendamiento urbano o de naturaleza jurídica privada”, que es obligatorio que todas las personas que residen en un lugar estén empadronadas.

La PAH, que está distribuyendo folletos en todos los barrios para pedir a las personas que “voten por la vivienda”, animó a la participación en las elecciones y en la manifestación convocada por diferentes movimientos sociales este jueves 20 de julio a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, con el lema 'Ni un paso atrás' y 'Por nuestros derechos'.

En clave estatal, exigieron “a cualquier partido que gobierne” que se mantenga y “mejore” la Ley de Vivienda. Han lamentado que aunque se reedite un gobierno progresista en el 23J, la ley no se aplicaría en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha.

Asimismo, reclamaron ampliar el llamado 'escudo social' más allá de diciembre de 2023; la obligación de que los grandes tenedores ofrezcan alquiler asequible antes de iniciar un proceso de desahucio sobre personas vulnerables y que las administraciones ofrezcan un realojo en casos de pequeños propietarios; limitar las subidas de los alquileres a un máximo del 30% de los ingresos, y un plan de choque de ampliación del parque público de vivienda, que incluya, entre otras medidas, la cesión de las viviendas de la Sareb y la incorporación de viviendas de la banca rescatada por valor del rescate impagado por las entidades bancarias.