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El Ayuntamiento de València mantiene 10 meses después a 550 familias sin ayudas al alquiler por falta de fondos

Un momento de la manifestación por la vivienda celebrada este sábado en València.

Carlos Navarro Castelló

València —
12 de octubre de 2026 23:01 h

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Con la crisis de la vivienda en su punto álgido y tras subir los alquileres hasta un 43% en València desde mayo de 2023, un total de 550 familias siguen esperando desde el pasado mes de enero las ayudas del Ayuntamiento comprometidas para hacer frente al arrendamiento. Todas ellas cumplían los requisitos pero se quedaron fuera al agotarse el crédito.

En concreto, consistorio adjudicó a principios del presente año, a través de la Comisión de Valoración de la Delegación de Vivienda, las mencionadas ayudas al alquiler, de las que se beneficiaron un total de 1.565 personas solicitantes. “Se trata de unas ayudas por importe de más de 3,17 millones de euros, lo que supone un aumento del 33% respecto a las ayudas de 2022”, detalló en su momento el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

Durante el pleno celebrado el 27 de enero, el grupo municipal Compromís presentó una moción con una batería de propuestas para mejorar la atención a los beneficiarios de las ayudas al alquiler que había convocado el Gobierno municipal.

Compromís denunció que se había mantenido una dotación inferior a la convocada en 2024 y que habían quedado 550 solicitantes, más del doble de los que fueron excluidos en 2024, cuando quedaron fuera 262. El concejal valencianista, Ferran Puchades, denunció que “en un momento en que València lidera los precios de incremento de los precios del alquiler, que la oferta de vivienda en ese régimen se ha reducido un 30% y la situación de emergencia habitacional que viven decenas de miles de valencianos, el Ayuntamiento ha reducido la dotación presupuestaria y ha hecho una convocatoria bianual que genera un efecto excluyente de quienes este año no cumplen los requisitos pero sí pueden hacerlo el año que viene y no tendrán acceso a pedirla”.

Durante el pleno, el Gobierno municipal aprobó una moción alternativa que resultó aprobada con el siguiente contenido: “Continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarias a las personas solicitantes que, cumplimiento todos los requisitos de la Convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler 2025-2026, han quedado excluidas por agotamiento de crédito y no han sido beneficiarias del Programa de ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al ejercicio 2025, concedidas por Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad”.

En el pleno celebrado en abril de 2026, el regidor Puchades formuló una pregunta in voce al regidor de Urbanismo, la cual fue contestada por escrito en los siguientes términos: “Cómo le contesté en su turno, le confirmo que se ha iniciado por parte del Servicio de Vivienda, estando actualmente en tramitación”.

La realidad, según denuncia Compromís, es que “prácticamente ha transcurrido el curso presupuestario, se han movido centenares de millones de euros en modificaciones presupuestarias y no han movido un dedo para cumplir su prometida”.

A preguntas de elDiario.es, fuentes municipales han explicado que los servicios municipales están comprobando que los 550 solicitantes no han sido adjudicatarios de ayudas de la Generalitat Valenciana, al ser incompatibles, y que paralelamente se han solicitado informes a Servicios Sociales si procede para analizar cada caso. Al mismo tiempo han asegurado que la previsión es que se puedan hacer efectivos los pagos antes de final de año.

Con todo, Puchades ha insistido en que “València lidera la triste competición en España siendo la ciudad donde más se ha incrementado el precio del alquiler, donde la media del precio mensual supera los 1.700 euros, donde cada vez hay menos oferta, se niegan a aprobar la declaración como zona tensionada y poner límites al alquiler y encima no son capaces ni de ejecutar su propio acuerdo ampliando la dotación presupuestaria para que ninguna familia que cumpliera los requisitos se quedara fuera”.

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