Un juez desoye a la Conselleria de Vivienda y desahucia a una familia con dos menores que ocupó un piso en València

“Mi mujer y mis hijos se han ido a casa de mis suegros, pero solo pueden quedarse allí un par de días porque con ellos hay 13 en la vivienda y no cabe nadie más, y yo ya veré lo que hago porque estoy en blanco, si no tengo más remedio dormiré en la calle”. Así hablaba Epifanio Santiago, de 39 años, que fue desahuciado este martes a primera hora junto a su mujer y a sus hijos de dos y cuatro años del piso propiedad del BBVA que ocuparon hace aproximadamente un año en la calle de San Juan de Dios 29, en el barrio de la Malva-rosa de València.

“Lo que han vivido los chiquillos ha sido una pesadilla, mi hijo mayor me preguntaba que por qué nos echaban de casa y no sabía qué decirle, simplemente me ha salido que nos teníamos que ir a casa de los abuelos”, comenta a elDiario.es. Epi, como le llaman sus allegados, reconoce que ocupó el piso porque no tenía más alternitava ya que la familia carece de ingresos. Además, lamenta: “Pese a que el Ayuntamiento nos está tramitando el cobro de la renta garantizada, el banco se ha negado a negociar un alquiler social, no ha tenido ningún miramiento”.

Sobre su situación laboral, comenta que en estos momentos está de baja ya que se rompió el tobillo, pero asegura que está dispuesto a trabajar en lo que sea cuando la lesión se lo permita: “He hecho de todo en esta vida, he trabajado en el campo, pintando, en mudanzas, no tengo problema porque sé hacer un poco de todo”.

Según ha informado el Sindicat de Barri del Cabanyal, un amplio dispositivo de la Policía Nacional acordonó la zona del desahucio desde la madrugada de este martes para evitar la presencia de los activistas, que aún así entonaron diversos cánticos de protesta junto al cordón policial: “Por ejercer nuestro derecho a manifestarnos han identificado a 10 personas y a otras cinco les han multado por la ley mordaza, según las denuncias, por concentración no comunicada, lo que puede acarrear sanciones de entre 600 y 3.000 euros”.

Por su parte, la Conselleria de Vivienda, que dirige el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, informa de que desde la unidad antidesahucio, en el momento en el que se tiene constancia de la situación de la familia se pone en marcha el protocolo de actuaciones: “Recabamos información de la unidad familiar y nos ponemos en contacto con el sindicato que estaba acompañándolos. Además, contactamos con servicios sociales del Ayuntamiento y con sus servicio de mediación de dasahucios”.

Además, asegura que dieron “toda la asistencia jurídica que el caso requería, incluyendo el asesoramiento para plantear un recurso al Comité Europeo de Derechos Sociales”. Afirma que “el juzgado, a pesar de tener un informe de vulnerabilidad y una petición de suspensión, decidió que no suspendía una vez más el lanzamiento, puesto que ya había sido suspendido tres veces y a su criterio no cabía un más”.

Por su parte, fuentes municipales informan de que los servicios sociales están preparando un procedimiento de urgencia para lograr que de forma extraordinaria se les pueda asignar una vivienda social pública de la Generalitat Valenciana. Además, aseguran que se está tramitando con la mayor urgencia el cobro de la renta garantizada y como último recurso siempre hay disponibilidad de plazas en los albergues.

La dirección general de Vivienda añade que está en contacto con el Ayuntamiento de València para obtener la declaración de urgencia y poder iniciar el procedimiento de adjudicación urgente para que la familia deje la provisionalidad de estar en casa de familiares y amigos en el menor tiempo posible y que en breve puedan disponer de una vivienda pública que está pre-reservada para ellos.