Protección de Datos archiva por segunda vez una denuncia del PP sobre el robo de 4 millones en la EMT de València

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado el procedimiento sancionador contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València iniciado tras una denuncia del PP por una supuesta brecha de seguridad durante el fraude contra EMT ocurrido en 2019.

En junio de 2020, la AEPD ya rechazó la denuncia presentada por los populares contra la EMT por este asunto al determinar que, como siempre ha defendido EMT, no se produjo ninguna violación en la protección de datos durante la estafa, sino que esta fue posible por la actuación de la exdirectora de Administración.

Posteriormente, la AEPD volvió a reabrir por sorpresa este expediente ya archivado, una decisión que EMT recurrió, alegando también indefensión por haberse reabierto un expediente ya archivado sin notificación previa.

En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Agencia reconoce que la empres pública “no recibió el traslado del recurso de reposición interpuesto, privándosele de la posibilidad de formular alegaciones, y habida cuenta que tal dato es esencial en orden a la defensa del interesado, procede anular las actuaciones practicadas y reponerlas al momento en que se produjo el defecto procedimental”.

No obstante, añade el documento, “teniendo en cuenta que la presunta infracción estaría prescrita desde los dos años de su presunta comisión, procede archivar el presente procedimiento”.

Tras la resolución de la AEPD, el presidente de EMT, Giuseppe Grezzi, ha afirmado que este nuevo archivo “se suma a la larga lista de denuncias archivadas al PP” y ha añadido que “el PP sigue haciendo el ridículo con su campaña de denuncias falsas para desviar la atención e intentar tapar sus casos de corrupción y su falta de proyecto de ciudad para València”.

El archivo de la AEPD manifiesta además de nuevo que no se produjo ninguna brecha de seguridad durante el fraude. Actualmente, el juzgado de instrucción número 18 sigue investigando estos hechos, en los que la exdirectiva está personada como investigada y Caixabank como posible responsable civil por ejecutar las transferencias a un país con el que nunca había operado EMT y saltándose los protocolos establecidos.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia confirmó el despido disciplinario de la exdirectora por haber incumplido su deber de confidencialidad y custodia de la empresa al facilitar datos confidenciales a los presuntos estafadores, lo que fue considerado como una “grave negligencia de la actora en el cumplimiento de sus obligaciones laborales”.