Violencia machista: qué falló para que una mujer que pidió ayuda fuera asesinada en Sagunto por su expareja nueve días después de denunciarle

“Hemos fallado”, aseguraba la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación al asesinato el pasado 9 de mayo de Soledad (60 años) a manos de su expareja en Sagunto e insistía: “Hemos llegado tarde. Este caso nos tiene que poner en alerta”. En esta misma línea se pronunciaba la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, que advertía que se deben revisar los protocolos, “darles una vuelta”, para que las mujeres que denuncian casos de violencia machista “se sientan seguras”. Soledad no ha sido la última víctima mortal de la violencia machista en España en 2021. Sí que fue la primera valenciana asesinada por su pareja o expareja y en el conjunto del territorio nacional ya son trece las mujeres que han muerto en estas circunstancias. Esta misma semana cuatro mujeres y el hijo de una de ellas han sido asesinados. En el caso de Soledad, a pesar de haber reclamado todos los recursos de protección a su alcance, el agresor acabó con su vida.

¿Pero, en qué falló el sistema? Soledad, separada desde el pasado mes de marzo, presentó una denuncia ante la comandancia de la Guardia Civil de Sagunto el viernes 30 de abril. Fue incluida en VioGen (el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género), catalogada como 'riesgo bajo'; el lunes 3 de mayo se celebró un juicio rápido en el que se dictó una orden de alejamiento de 300 metros a su expareja; el martes 4 de mayo, ella acudía de nuevo ante la Guardia Civil, en este caso al cuartel de Estivella, donde se encuentra el camping en el que residía por temporadas, para presentar una nueva denuncia por amenazas de muerte indirectas; el viernes 7 de mayo acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sagunto a pedir ayuda. Y dos días después fue asesinada en su casa, en el Puerto de Sagunto, a manos de su expareja, que posteriormente se suicidó lanzándose al vacío.

Cristina, amiga y vecina de la víctima en el camping de Estivella, es la persona que la animó a denunciar y la acompañó en algunos de esos trámites. “No había ni insultos ni agresión, solo acoso. Nunca la había tocado, pero nosotros (sus vecinos y amigos del camping) notamos que pasaba algo raro, por lo que intentamos acompañarla el máximo tiempo posible para que no estuviera sola, porque la estaba agobiando”, cuenta y explica cómo echaron a Virgilio (entonces ya expareja de Soledad) de las duchas de las instalaciones. “Incluso le llegó a decir al responsable del camping que la iba a matar, por lo que presentó una segunda denuncia por amenazas indirectas en el cuartel de la Guardia Civil de Estivella el día después de la celebración del juicio rápido. El 17 de junio era la fecha prevista para el juicio penal”.

Teniendo en cuenta el desenlace de los acontecimientos, Cristina reconoce que se arrepiente de haber animado a Soledad a denunciar, “lo único que conseguimos es acelerar los hechos”, al tiempo que critica cómo ha funcionado el sistema: “Pensábamos que la iban a ayudar, que la iban a proteger, y lo único que hicieron es decirle que cambiara la cerradura, concederle un móvil de ubicación que no le llegó y dictar una orden de alejamiento de 300 metros, que se ha demostrado que no es más que un papel que sirve para poco si no se lleva un control”. Por eso, lo que pide es que se revisen los protocolos para que algo así no vuelva a pasar: “Se la consideró de bajo riesgo sin conocer ni a la víctima ni al agresor, y a los pocos días estaba muerta. No tuvo protección, tan sólo una llamada de la Policía el martes por la mañana”, asegura. Y se pregunta: “¿Quién y cómo evalúa el riesgo?”. Cristina, que asegura sentirse “muy impactada”, apunta para el caso de que se encuentre en una situación parecida: “No animaré a denunciar, sino a que se proteja”. Y añade: “Nunca pensé que iba a pasar esto. Si no, hubiéramos cuidado mejor de ella, impidiendo que estuviera sola en ningún momento. Me confié cuando Sole estaba desprotegida. Ella tenía miedo, y nadie la ayudó, tengo la sensación de que nadie la tomó en serio”.

Incorrecta evaluación

“Sin conocer todos los datos, el problema parece que fue una incorrecta evaluación del riesgo”, señala Beatriz Belando, codirectora del máster en Derecho y violencia de género de la Universtitat de València, que añade: “Al parecer no hubo violencia física ni parte de lesiones, y cuando la violencia es psicológica, es más complicado evaluar el riesgo”. “Es más fácil volcar los datos en el sistema con un parte de lesiones, porque cuando hablamos de violencia psicológica entran en juego elementos mucho más subjetivos”, sostiene Belando, para quien es evidente que es necesaria mucha más formación: “Esa es la clave, porque el problema es el sistema cuando hablamos de cuestiones subjetivas como la violencia psicológica, y cada vez el maltratador utiliza más la violencia psicológica y el acoso para forzar la voluntad de la víctima, de forma que logra la sumisión y el control de la mujer aunque no haya violencia física”. En su opinión, los protocolos no están bien adaptados: “Tenemos que revisarlos para afinarlos y que puedan abordar la violencia psicológica, que cada vez es más común y muy difícil de probar, por lo que hay otros elementos que se pueden y se deben tener en cuenta para valorar mejor el riesgo”. Belando explica que hace tiempo que se viene reclamando una revisión de los protocolos, al tiempo que alerta de que tal vez también falló la coordinación: “El sistema era muy bueno, pero la realidad muta”. “Lo sucedido en este caso debemos entenderlo como un grito que hay que escuchar”, sentencia la experta.

La psicóloga y experta en violencia de género Coto Talens lamenta que un caso como este disuada a muchas mujeres de iniciar el itinerario de la denuncia. “La violencia del sistema machaca a la víctima, que debe soportar la carga de la prueba y el miedo a no ser creída, con lo que pasa por momentos de extrema debilidad y muchas se disuaden de denunciar y solo se lanzan cuando llega la gota que colma el vaso, porque sienten el riesgo o no pueden más”. A juicio de Talens, la sociedad “no está preparada”, por lo que se debe trabajar más en el espacio previo a la denuncia para que la víctima “se sienta más fuerte a la hora de tomar una decisión”, así como también reclama que los recursos estén coordinados -personal judicial, profesionales sanitarios, trabajadores sociales, policía...- “para que funcionen”. “Es necesaria una estrategia de las complicidades entre todos los servicios implicados en la respuesta”, insiste la psicóloga, que hace un llamamiento a que todos se sienten y debatan y dialoguen, “falta reflexión”. Así, lamenta que la víctima, cada vez que acude a un juzgado, un centro de salud, una comisaría o unas dependencias municipales, “se siente escrutada, cuando necesita que la crean”.

Mayte Lafuente, presidenta de la asociación Amigas Supervivientes de la violencia de género en Sagunto, también considera que hay que revisar los protocolos, ver qué ha fallado y resolver los problemas detectados: “Soledad hizo todo lo que la sociedad le dijo que tenía que hacer, pero falló la protección”. “Se ha demostrado que la evaluación no es fiable, como hemos visto, porque cuando hay una orden de alejamiento es porque existe un riesgo, por lo que se debe acompañar de medidas reales y efectivas, ya que la orden de alejamiento no es más que un papel”, afirma Lafuente, para quien las pulseras, “además de que faltan, tampoco son la mejor solución, ya que el maltratador sigue ejerciendo el control sobre la mujer”. Por ello, insiste en que es al agresor a quien habría que tener controlado de forma efectiva: “No soy experta en seguridad ni mucho menos, pero no creo que sea tan difícil si hemos sido capaces de enviar cohetes a Marte. Lo que creo que hay que tener claro es que no es la mujer la que tiene que estar bajo el foco”.

Lafuente también lamentaba que, a raíz de este caso, han sido varias las mujeres con exparejas con órdenes de alejamiento que se han puesto en contacto con ellas para transmitirles su miedo: “Si ya es difícil romper el silencio y dar el paso de poner una denuncia, cuando ves casos como este sientes una total indefensión”. No obstante, se muestra contundente al sentenciar: “Hay que denunciar, porque hay personas que las vamos a apoyar y ayudar, por eso les digo que reúnan todo ese valor que tienen para vivir y dormir cada día con un maltratador para romper su silencio y denunciar, porque siempre vale la pena dar ese paso”. “Aunque al principio se pase miedo, cuando transcurre un tiempo vuelves a vivir de nuevo”, sostiene.

Que no vuelva a pasar

“Solemos pensar que la violencia de género es algo lejano que les pasa a otras personas, pero la sufren cientos de mujeres, también nuestras familiares, nuestras amigas y conocidas”. Así se expresaba el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, en redes sociales en referencia al asesinato de Soledad, del que apenas unas horas antes había informado a través de su cuenta de Twitter.

En declaraciones a elDiario.es, Moreno apuntaba que se está investigando qué es lo que sucedió: “Estamos hablando de la evaluación del riesgo y hay quien no entiende que esto pudiera llegar a pasar, por eso estamos analizando todo lo sucedido para ver qué ha podido fallar y si los técnicos tenían que haber detectado esta situación de riesgo”. “Hay que revisar por qué ha pasado, porque hay un algoritmo que da una primera respuesta, pero que puede ser modificado con la aportación de los técnicos, y puede que hubiera aspectos que podían haber hecho saltar las alarmas, pero que no se tienen en cuenta”, sostiene el alcalde de Sagunto, que insiste en que si la víctima sí que siguió todo el itinerario y puso todo de su parte para denunciar que se sentía amenazada, “habrá que estudiar si falló el protocolo o no se supo detectar el peligro o es necesaria una segunda persona en ese proceso de evaluación”. “La muerte de Soledad es irreparable, pero tenemos que trabajar todos para que esto no vuelva a pasar”, concluye Moreno.

Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto advierten que lo que fallan “no son los protocolos, son las personas que los interpretan” y reclaman una mejor formación en todos los profesionales que forman parte del proceso: “Todos los que trabajamos en violencia de género debemos tener formación especializada”. “Sin la formación adecuada, es imposible comprender las señales, hacer las preguntas adecuadas”, apuntan, al tiempo que lamentan que el foco “siempre se pone sobre la víctima” y advierten que el tratamiento que recibe la víctima no es el mismo dependiendo de donde resida: “No es lo mismo vivir en València, donde hay muchos recursos y muchos profesionales formados en violencia de género, que en una zona rural o en un pueblo pequeño donde, tal vez, esa formación específica no existe”. Lo que está claro es que, como reconocen el resto de profesionales, cuando hay un parte de lesiones, “los mecanismos de alerta se disparan”. Si no, todo es más complejo y subjetivo.