1977 o 1993

La crisis desatada por la Covid-19 ha puesto fin a cualquier plan que se hubiera ideado para la legislatura por el primer Gobierno de coalición de la democracia. La cláusula “rebus sic stantibus” no opera simplemente en el mundo del derecho, sino que lo hace también en el de la política. Lo que se pacta en unas circunstancias no puede mantenerse cuando las circunstancias son completamente diferentes. Entre el 10 de noviembre de 2019, cuando los ciudadanos acudimos a las urnas, y el 9 de abril de 2020, en que ha tenido lugar la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, han pasado cinco meses, pero parece que hubiéramos cambiado de siglo, que estuviéramos en otro mundo que todavía no sabemos como va a ser. En cien días han pasado cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a ver. Y aquí estamos.

Curiosamente, para diseñar una estrategia con la que hacer frente a ese futuro que no sabemos cómo va a ser, tanto el presidente del Gobierno como los líderes de los dos principales partidos de la oposición, PP y Vox, han puesto la vista en el pasado. El presidente del Gobierno, aunque la idea no fue originariamente suya, pretende encontrar una respuesta a la crisis de la Covid-19 similar a la que se puso en marcha tras las elecciones del 15 de junio de 1977 con los Pactos de la Moncloa, que fueron la puerta de entrada al proceso constituyente de 1978.

La situación actual no es menos dramática que la que España atravesaba en aquel momento y, en consecuencia, el concurso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria más los agentes sociales, que entonces posibilitó la aprobación de  la Constitución, debe posibilitar también hoy superar la crisis y afrontar la reconstrucción de nuestro sistema productivo que va a quedar seriamente dañado por la pandemia. Una situación excepcional requiere una respuesta excepcional. Los Pactos de la Moncloa fue la respuesta de 1977. Unos nuevos Pactos deben ser la respuesta de 2020.

Santiago Abascal de manera abierta y Pablo Casado de manera subrepticia han puesto la mirada en otro momento de nuestra reciente historia política. Lo que el país necesita no son unos nuevos Pactos de la Moncloa, sino que el Gobierno deje de estar presidido por Pedro Sánchez. La intervención de Santiago Abascal esta mañana en el Congreso de los Diputados conectaba con las intervenciones de José María Aznar en la legislatura de 1993 a 1996, en la que solía finalizar sus discursos con el latiguillo “váyase, señor González”. España puede tener muchos problemas, pero todos se resumen en uno: el presidente de su Gobierno. Una vez que se resuelva dicho problema, se podrá encontrar respuesta a todos lo demás. Sin resolver ese problema, no se puede encontrar respuesta a ninguno y nos encaminamos directamente al precipicio. Así era entre 1993 y 1996. Así lo es hoy.

La intervención de Pablo Casado no ha sido la misma, pero es igual, como decían Martes y Trece. La letra de su intervención era distinta, pero la música era la misma. Pedro Sánchez más Pablo Iglesias son el problema. Su sustitución es el presupuesto de cualquier solución. No se atrevió a decirlo con estas palabras y Santiago Abascal aprovechó la ocasión para “madrugarlo”. Ha ocurrido lo que viene ocurriendo desde hace unos años: que el PP, antes también Ciudadanos, le han ido allanando el camino a Vox para que ocupe un lugar central en el sistema político español. En esta legislatura que empieza el “váyase, señorSánchez” va a convertirse en el eje de la estrategia de la derecha española. Pablo Casado es el que la ha hecho posible, pero Santiago Abascal es el que la ha formulado. 

En el fondo, tanto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como Pablo Casado y Santiago Abascal saben que la magnitud del problema al que hay que hacer frente va a exigir un acuerdo de país. Ni las izquierdas ni las derechas españolas sin un acuerdo entre ellas y sin el concurso de los partidos nacionalistas y de los agentes sociales, van a poder dar respuesta a la crisis en la que acabamos de entrar. Si las derechas hubieran conseguido formar gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre, sería ese gobierno el que estaría planteando la necesidad de llegar a un gran acuerdo nacional para hacer frente a la crisis. Lo que no aceptan de ninguna de las maneras es que ese acuerdo de país se alcance con un presidente de Gobierno socialista y menos con un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

De ahí la variante de que se constituya un Gobierno de “concentración nacional” no presidido por Pedro Sánchez. Si hay que arrimar el hombro, se hace, pero con otro presidente del Gobierno. Se trataría de abrir una suerte de paréntesis político, durante cuya vigencia habría un gobierno no presidido por ninguno de los secretarios generales de los partidos de izquierda o de los presidentes de los partidos de derecha, volviéndose a la competición tradicional una vez que el paréntesis hubiera quedado cerrado.

La posibilidad de que esta opción se abra camino es prácticamente inexistente con la composición actual del Congreso de los Diputados, de la misma manera que también es prácticamente nula la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda ser destituido mediante una moción de censura. 

Qué estrategia es capaz de abrirse camino lo vamos a ir viendo a lo largo de la legislatura, dure lo que dure. Con la presencia de Vox en el Congreso con el número de diputados que tiene, el PP carece de margen de maniobra para llegar a ningún tipo de acuerdo con el PSOE, en el supuesto de que estuviera dispuesto a hacerlo. La ingobernabilidad del país mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno va a ser la política de la derecha española en esta legislatura con la finalidad de que sea de corta duración.

Entramos en una senda de alto riesgo. El sistema político español está seriamente deteriorado, como la experiencia constitucional desde 2015 viene poniendo de manifiesto. Se han celebrado cuatro elecciones generales en cuatro años, hay mayorías de investidura, pero no de gobierno, las Cortes Generales no aprueban leyes, que son sustituidas por Decretos-leyes, no se aprueban Presupuestos Generales del Estado, no se renuevan órganos constitucionales para los que se exige mayoría cualificada como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo y este año toca un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tenemos aparcado el problema del rey emérito y la crisis de la Constitución territorial en Catalunya. Hacer frente a la crisis con un sistema político tan deteriorado en medio de una guerra abierta por parte de los partidos de la derecha contra el Gobierno, puede acabar conduciéndonos a donde nadie debería querer ir.

Veremos