Acusación de falta de legitimidad hasta el final

Desde 1993 el PP, que entonces era como decir toda la derecha española, no ha aceptado la “legitimidad” de su derrota en las urnas. En la noche electoral de 1993, Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón denunciaron en televisión, cuando todavía se estaban contando los votos, el fraude que se estaba perpetrando con la finalidad de atribuir la victoria al PSOE dirigido por Felipe González. Muchos de los lectores, que no serían ni siquiera adolescentes en ese 1993, no tendrán recuerdo del incidente. Los que tengan más edad seguro que no lo han olvidado.

Ante la evidencia empírica que arrojaría el escrutinio general por la Administración Electoral y la ausencia de recursos, el PP tendría que acabar aceptando el resultado. Pero dicha aceptación no fue genuina. Vendría acompañada de una operación de asalto al poder en la que confluirían periodistas, jueces, banqueros, agentes de los servicios secretos... Como reconocería algunos años después uno de los protagonistas destacados del llamado “sindicato del crimen”, Luis María Anson, para sacar a Felipe González de La Moncloa se tuvo que llegar hasta el límite de poner en riesgo la propia estabilidad del Estado. Pero se llegó.

El PP no ha abandonado esa tesis de la falta de legitimidad de los gobiernos con presidente socialista desde entonces. A José Luis Rodríguez Zapatero se le reprochó que solo fue presidente en 2004 por la manipulación del atentado del 11M. El PP no dudó un segundo en atribuirle una falta de “legitimidad de origen” por haber llegado al poder de la forma en que lo hizo. Y no lo reconoció como presidente legítimo ni siquiera tras la revalidación del mandato en las elecciones de 2008.

Más radical todavía ha sido la denuncia de falta de legitimidad de Pedro Sánchez. Por haber llegado al poder a través de una moción de censura y no de haber ganado unas elecciones y por continuar en la presidencia tras ganar unas elecciones en 2019 por formar gobierno con quien había dicho expresamente que nunca lo formaría, además de por incorporar a la mayoría de investidura a buena parte del nacionalismo catalán y vasco. De ahí el intento de boicotear la sesión de investidura proyectando incluso la sombra de un segundo tamayazo. De ahí también el intento de hacer reventar la legislatura recién iniciada durante la tramitación de las prórrogas del estado de alarma. Y de ahí la utilización de la crisis en Ceuta impulsada por Marruecos contra el Gobierno de la Nación, que es lo mismo que decir contra el Estado español.

Cuando es la “legitimidad” del Gobierno lo que se pone en cuestión, no existen límites para la oposición. ¿Por qué tendría que haberlos? ¿Por qué tiene Pablo Casado que autolimitarse en su enfrentamiento con Pedro Sánchez en las sesiones de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿No supondría esa autolimitación un reconocimiento, aunque fuera implícito, de la legitimidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno?

Me temo que así vamos a estar todo lo que quede de legislatura con el consiguiente deterioro institucional. La derecha española ha alcanzado ya un punto de no retorno. PP y Vox puede que se enfrenten entre ellos e incluso que lo hagan con cierta virulencia, pero dicho enfrentamiento no cambiará en lo más mínimo la oposición de ambos al Gobierno. PP y Vox no pueden llegar a las siguientes elecciones generales sin mantener el cuestionamiento de la “legitimidad” de Pedro Sánchez. Esta es la premisa indispensable para poder dirigirse al electorado de derecha, tanto el del PP como el de Vox más los que fueron de Ciudadanos. Justamente por eso, en esto último los partidos de la derecha española están condenados a entenderse. De dicho entendimiento depende la “credibilidad” de cada uno frente a su propio electorado así como ante el electorado del rival.

Isabel Díaz Ayuso ha encontrado la forma de hacerlo con éxito en Madrid. ¿Podrá hacerlo Pablo Casado en las elecciones generales?