La desfachatez del Consejo General del Poder Judicial

El lector es probable que recuerde que en varias ocasiones he subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “órgano de Gobierno” y no un “órgano judicial”. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero él mismo no forma parte de dicho Poder. Se trata, por tanto, de un órgano de “naturaleza política” y, en cuanto tal, su renovación está vinculada a la evolución del principio de legitimidad democrática que se expresa a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales. 

La renovación del CGPJ no coincide con la renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, pero sí guarda una vinculación muy estrecha con la renovación de estos órganos que constituyen las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado se renuevan cada cuatro años. El CGPJ cada cinco. Justamente por eso, por su naturaleza política, no es admisible la “prórroga” del mandato de los miembros integrantes del CGPJ, de la misma manera que no lo es la del Congreso de los Diputados o el Senado. La prórroga va contra la “naturaleza” de los órganos de naturaleza política. La prórroga los “desnaturaliza”, es decir, los convierte en órganos “deformes”, incompatibles con el lugar que ocupan en el edificio constitucional.  

Esto es lo que está ocurriendo con el CGPJ. La prórroga del actual CGPJ es una prórroga “contra natura”, que lo convierte en un Rigoletto constitucional, que choca frontalmente con el lugar que el constituyente le asignó en nuestra fórmula de gobierno. 

Esto no lo pueden no saber los actuales miembros del CGPJ. Y si no lo supieran, estarían prevaricando de manera continuada por “ignorancia inexcusable”. Como esto no es razonable que sea así, la conclusión más plausible es que la interpretación que están haciendo de su función, admitiendo una prórroga plurianual, solamente puede ser explicada  como resultado de una extraordinaria desfachatez, es decir, de un extraordinario “descaro o desvergüenza” (Diccionario de la RAE).

Este descaro o desvergüenza ha alcanzado su máxima expresión en el informe que acaba de emitir la mayoría del CGPJ, constituida por 15 miembros, sobre el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Los 6 miembros que han firmado el voto particular se lo vienen a decir a sus compañeros de manera inequívoca. La mayoría no está cumpliendo con la función que corresponde al CGPJ en cuanto órgano constitucional en el proceso de elaboración de un proyecto de ley, sino que están ejerciendo de una manera desviada dicha función, contribuyendo con ello no al perfeccionamiento del texto del proyecto, sino a participar en un debate político encanallado, como el que se está produciendo de forma generalizada como consecuencia de la polarización política,  que por ello mismo debería estar fuera de lo que debe ser el contenido de su informe sobre un proyecto de ley. El CGPJ, dice la minoría en su voto particular, no está para hacer lo que ha hecho la mayoría. No está para tomar partido por una determinada opción política, sino para emitir un informe exclusivamente técnico. 

Como el lector sin duda sabe, el informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante y, en consecuencia, el Gobierno no tiene por qué hacer suya la opinión de la mayoría. Pero ese carácter no vinculante no debería ser interpretado por los miembros del CGPJ que lo han aprobado por mayoría como una coartada para entrar en el debate político. 

En mi opinión, creo que ha llegado el momento para que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular adopten la decisión de dimitir. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”. No se puede continuar formando parte de un órgano que actúa de la forma en que el CGPJ lo hace, desnaturalizando la voluntad del constituyente. El voto particular debería haber venido acompañado del anuncio de la dimisión de la condición de miembro del CGPJ. Hasta aquí hemos llegado.